27 de julio de 2021
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La edad de retiro forzoso en la rama judicial

11 de febrero de 2013

ferney pazEs inexplicable la controversia  planteada respecto a la edad de retiro forzoso de estos últimos, hasta el punto de acudirse a la vía de tutela, para buscarle el esguince al mandato legal, el cual es claro y no admite interpretación alguna.

El decreto 1660 de 1978  establece y regula el retiro forzoso de los funcionarios  y empleados de la rama judicial, así: articulo 127: “El funcionario o empleado debe retirarse cuando se encuentre en situación de retiro forzoso”. Y, el articulo  128, precisa que la “edad de retiro  forzoso es de sesenta y cinco años “.

No resulta legal, ni constitucional, ni legítimo, que frente a todos los demás servidores públicos a los cuales se les  aplica la edad de retiro forzoso, se siga propiciando un privilegio injustificado en cabeza de algunos funcionarios,  y se invoque  extrañas interpretaciones  para obtener estas ventajas laborales, en contravía de la ontología propia del derecho  a la igualdad.

El retiro forzoso a que alude  el decreto 1660, debe  ser objeto de actualización por vía de interpretación de conformidad con la ley  270 de 1996, “Estatutaria de la administración de justicia”, y en armonía con  las disposiciones de la constitución del 91. De no ser así,   se navegaría en una inseguridad e incertidumbre jurídica.

Dejemos de lado las leguleyadas, siendo serios  en la debida aplicación  y acatamiento de la ley. No olvidar que el ejemplo empieza por casa, utilizando un refrán  de nuestros  abuelos.

ADENDA: Sin terminar el debate anterior,  se coloca otro sobre el tapete y planteado por la columnista  María Isabel Rueda, en su columna dominical de “El tiempo”, referente al periodo del fiscal general de la Nación: si es  individual  o institucional, aspecto jurídico que deberá  dilucidar el Consejo de Estado al fallar demanda  instaurada  ante esa corporación.

Al respecto,  reitero  lo expuesto en  mi columna del 25 de octubre de 2012   titulada, “Estado de derecho o Estado Rodín “ y allí  citaba  el acto legislativo 01 de 2003, que introdujo un párrafo al artículo 125 constitucional, del siguiente  tenor :”Los períodos establecidos en la constitución política o en la ley  para cargos de elección tienen el carácter de institucionales .Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.”

EL artículo  249, de la constitución política establece que “el Fiscal general de la Nación será elegido para un período  de cuatro años “, norma desarrollada por la ley 938 de 2004. “ Por la  cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación “, y en su artículo 9 se alude al periodo, en los siguientes términos:” El Fiscal General de la Nación es elegido para un período institucional de cuatro años.”
Independientemente   de la calificación  que se le pueda dar al señor Fiscal en el ejercicio del cargo, jurídicamente y en derecho, su periodo es institucional  y elegido para  completar lo que le faltaba  a la ex fiscal Viviane Morales.

No debemos olvidar que la correcta interpretación de la ley, es la que fundamenta los niveles de credibilidad ciudadana en la justicia.
Otra  interpretación chocaría con  las normas  constitucionales y legales vigentes.  Estaremos atentos a la decisión del Consejo de Estado.

 

Bogotá, febrero 12 de 2013.

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