25 de julio de 2021
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Esfuerzo presupuestal del Estado VS eficiencia judicial

5 de febrero de 2013

ferney pazEn estas condiciones nos tocó ejercer la profesión y realizar el trabajo judicial, que atentaba contra la dignidad del juez y magistrados, e irrespetaba al ciudadano que buscaba acceder al servicio público de la justicia, sin contar con los bajos salarios que estaban establecidos para dichos funcionarios y la ayuda que recibían de los abogados litigantes en el suministro de elementos de trabajo, sin contar que los sueldos en cada vigencia solamente empezaban a cancelarse en el mes de abril del respectivo año.

A partir de la reforma constitucional del 91 cambia el panorama, se mejora la infraestructura física de los despachos, con la construcción de inmuebles diseñados para el ejercicio jurisdiccional, se introducen reformas procedimentales destinadas a abreviar el trámite de los procesos, se amplía la competencia de los notarios en materia de sucesión, se mejoran los salarios de los jueces y magistrados, siendo hoy por hoy, unos de los mejores pagos en la órbita oficial, y se crearon estímulos económicos para todos los servidores judiciales que lograran tener al día sus juzgados en determinadas fechas, hecho este considerado en su momento como pernicioso para el ejercicio de la función pública.

De igual manera se establecieron facilidades para la capacitación y ascenso laboral, mediante la creación legal y constitucional de la carrera judicial, que trae consigo la estabilidad y garantía a futuro del beneficio de la pensión.

La pregunta que el ciudadano común y corriente y litigantes que se formulan, es que si todos estos esfuerzos fiscales y constitucionales han servido para que la justicia como lo manda el precepto legal, sea eficaz, eficiente, pronta y cumplida, y si estos postulados se vienen dando, por poner un ejemplo en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Esta jurisdicción creada mediante la ley 27 de 1904, que le dió competencia al Consejo de Estado, pues antes era meramente consultivo, tiene una gran importancia dentro de la estructura estatal la cual no puede ser discutida.

Cuando en el gobierno del general Reyes, por razones más bien de temperamento político, que por conveniencia para el país, se suprimió el Consejo de Estado, se alzaron voces de airada protesta que originaron momentos de “ofuscación y desdicha para la patria”, según expresiones del profesor Hernando Holguín, indignación que revitalizó la institución y fortaleció su control jurisdiccional.

Se debe reconocer que la autonomía y libertad dentro de la ley, a pesar de ciertos embates oficiales, está suficientemente asegurada, como condición en un Estado Social de Derecho como el nuestro.

Pero surge el interrogante, que algo está sucediendo, para que esa importante jurisdicción no esté funcionando en debida forma y se tenga que soportar la inmensa congestión, muchas veces creadas por decisiones improvisadas por los organismos encargados de la racionalización judicial, como sucedió cuando empezaron a funcionar los juzgados administrativos de todo el país, los cuales nacieron congestionados al ámbito jurídico.

Y qué  no decir de lo que está ocurriendo en la instancia del Consejo de Estado, en donde los procesos son fallados con desbordamiento de términos judiciales, patentizándose la verdadera mora, con sentencias de 7 o más años de haberse admitido el recurso.

Es el momento para hacer un gran llamado a las instituciones que fijan las políticas de racionalización judicial, para que tomen atenta nota de estos fenómenos que se traducen en la incredulidad de la justicia frente al usuario y demuestren ante la comunidad jurídica que sus diseños de evaluación, de rendimiento y desempeño para los funcionarios judiciales han  dado resultado en los programas de descongestión y atraso judicial, y pueda contar el país con un aparato de justicia que opere con la realidad social y que sus sentencias se profieran en tiempos razonables.

Tampoco podemos dejar de comentar la queja generalizada que se escucha por la inseguridad jurídica que se está presentando en lo que se ha denominado políticas de descongestión, la creación de juzgados y salas para dicha tarea, por la calidad de los fallos y grado de competencia de quienes son designados, con contadas excepciones de estudiosos del derecho público.

No debe olvidarse que en el reciente paro judicial, los diferentes estamentos sociales consideraron las reclamaciones de los funcionarios y empleados como justas, en la búsqueda de cerrar la brecha salarial existente con los magistrados de las altas cortes y tribunales superiores.

Los acuerdos llegaron y el país reconoció la necesidad de hacer un esfuerzo presupuestal para dignificar la justicia, rubro estimado en una suma superior a los 5 billones de pesos anuales,  pero los miembros de la rama deben ser conscientes que se deben  dar los resultados de gestión y eficiencia, pensando en el ciudadano, por cuanto la razón de ser de la misma es  dirimir, resolver conflictos, no crearlos.

Que se abra el debate, que los entes que por constitución y ley disponen de facultades para racionalizar la justicia intervengan de manera decidida, que se escuchen a los jueces, a  quienes debe animar la mejor voluntad y propósito de descongestionar sus despachos y se tomen las medidas del caso y evitar que esta  jurisdicción se convierta en la mas morosa en sus decisiones y de difícil acceso por parte de los ciudadanos que demandan justicia por las actuaciones irregulares de los agentes estatales.

Se está a tiempo de evaluar las bondades y efectuar las correcciones del caso si las hubiere e indagar sì con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo, se han logrado avances procedimentales y una dinámica procesal diferente a través del sistema de la oralidad.

Estos eran los temas que debieron  haber sido abordados en la frustrada y fallida reforma a la justicia. A propósito ¿donde están las sanciones para los responsables de este oso legislativo?, reforma inconstitucionalmente abortada por el ejecutivo y Congreso de la República.

Bogotá, Febrero 5 de 2013.

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