27 de julio de 2021
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Dosis mínima de drogas sintéticas

4 de febrero de 2013

En este inesperado giro en la política estatal antidrogas se trataría la problemática de la dosis personal de este tipo de sustancias en los terrenos de la salud pública y no en el campo de lo penal, en el cual se ubica y castiga a sus consumidores y traficantes, con lo que se permitiría que a los adictos se les tratara como enfermos mentales y no como criminales. Ya en julio de 2012, una ley determinó que la adicción a las drogas es un problema de salud pública y los consumidores deben ser tratados como pacientes a los que hay que atender y resocializar y no como delincuentes a los que hay que simplemente confinarlos en las cárceles.

Igualmente de ser aprobada la propuesta se extendería en Colombia la autorización que desde 1994 legalmente se les otorgó a los portadores de la dosis mínima de marihuana (20 gramos) ó cocaína (un gramo) a aquellos que se les encuentre en su poder ó consuman las drogas sintéticas las cuales, como se recordará, son sustancias compuestas de síntesis químicas hechas en laboratorios en las que se mezclan derivados anfetamínicos ó hierbas que contienen estimulantes y alucinógenos.

Tenemos que sopesar los pros y los contras de este proyecto que ha generado encontradas posiciones y reacciones.

En una esquina hay quienes rechazan de plano la propuesta, entre los que se cuentan el partido conservador y, como era de esperarse, el procurador Alejandro Ordóñez que ha planteado la posibilidad de un costoso e incierto referendo, quienes consideran que esta posibilidad es un salto al vacío ya que afectaría a toda la sociedad sobre todo a la juventud colombiana.

Lo que tampoco parece muy lógica es la justificación que ha expresado la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, en la presentación de esta propuesta que según ella es tomada para no abarrotar más y descongestionar las cárceles colombianas. Bajo esta cuestionable óptica para disminuir el hacinamiento carcelario, en vez de tomarse medidas preventivas y correctivas para combatir los diferentes delitos, lo que hay que hacer es aprobarlos como «enfermedades mentales» y retirarlos del campo de la penalización judicial para que sean tratadas psiquiátricamente en vez de ser juzgadas y penalizadas por los respectivos tribunales.

Quienes consideran que hay que darle viabilidad aprobatoria por parte del congreso a esta iniciativa aduciendo también razones de peso. Esta posición, avalada por la ONU y por la Fiscalía General de la Nación, plantea que la propuesta forma parte de una reformulación de la fracasada estrategia internacional prohibitiva y condenatoria contra las drogas la cual ha tenido un altísimo costo en violencia y muertes en los países productores y narco traficantes. Además se la considera como una propuesta de avanzada que lo que pretende no es legalizar el crimen organizado o los carteles si no tratar a los consumidores dentro de un contexto de salud pública y no jurídico ó penal.

Lo que habría que ver, con fines de que no parezca que se trata de un simple traslado del problema de un ministerio a otro, es si el calamitoso sistema salud de nuestro país está en condiciones de garantizar la atención y efectiva resocialización de esta amplísima cantidad de consumidores de marihuana, cocaína y ahora drogas sintéticas existente en nuestro país.

El Heraldo/Editorial