Aerocafé: con la cruz a cuestas

El término  faraónico tiene un significado de grandioso, colosal, fastuoso,  y de allí la imperiosa necesidad, como querer colectivo, se indague e investigue con absoluta  imparcialidad  las responsabilidades de  todas  las personas naturales  y jurídicas  que han intervenido en la ejecución de esa malograda obra  que la reclama con urgencia la ciudad de  Manizales, que día a día  se ve  aislada del  resto del país, por los  inconvenientes de aeronavegabilidad que presenta reiteradamente el terminal de la Nubia.

Inmensa  la responsabilidad de los entes de control  en los resultados de las investigaciones fiscales y disciplinarias, por cuanto no hay duda alguna que se está frente a un daño patrimonial  al Estado, por las  cuantiosas sumas de dinero del presupuesto nacional, departamental y municipal allí invertido, lesionando el patrimonio público, representado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida de dineros oficiales, por una gestión, al decir de los conoceros  y veedores de la obra,  antieconómica, e ineficaz que en términos generales no corresponde al cumplimiento de los fines de la administración pública.

El llamado  es para  la Contraloría General de la República, para que determine el grado de responsabilidad fiscal de gobernantes,  contratistas, miembros de junta directiva,  gerentes, y todos aquellos que por razón de  sus funciones, tuvieron injerencia en la construcción desde sus inicios y  califique si el  proceder administrativo de  los  mismos se realizó con dolo o culpa, dando origen a un daño patrimonial.

De conformidad con la Constitución Política, y las leyes 610 de 2000, 1474     del 2011,en donde la primera  establece el trámite de competencia de las contralorías, y la segunda “ fortalece los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y efectividad del control de la gestión pública”, todos los procesos de responsabilidad fiscal deben estar orientados con total y absoluta trasparencia, libre de cualquier   injerencia partidista, ya que lo que se persigue es velar por el patrimonio público, y conocer  si  los recursos oficiales se invirtieron de conformidad con los  lineamientos fiscales, en  beneficio del interés general y no del particular.

Que se imponga la moral administrativa y se sancionen  a los responsables  del fracaso de una idea que ilusionó a las gentes de  la región caldense,  porque lo que está en juego es el desarrollo futuro de una región, hoy venida a menos   por circunstancias de  orden político, desgobiernos,  la ausencia de liderazgo regional,  y lo más lamentable la incredulidad de sus gentes  y pérdida de confianza   frente al manejo político administrativo de  una región, otrora considerada como una de las más pujantes del país.

Que las investigaciones no se tornen indefinidas y con el acatamiento al debido proceso,  y las garantías de ley,  la ciudadanía conozca los resultados de las mismas y se actúe con independencia, como organismo técnico y fiscalizador.

Siempre se ha tejido un manto de desconfianza, cuando de investigaciones  fiscales se trata y están  comprometidos personajes de  connotación social, política, e industrial, seguramente por el origen del ente de control, que es de naturaleza política,  y de allí la expresión que hizo carrera en años pretéritos, que aunque fuerte  ilustra de la mejor forma lo paradójico del  sistema  de gestión fiscal y el concepto que  de la misma tenían  las gentes del común .: “ Colombia es el único país que le pide a la zorra que averigüe quién le roba las gallinas  . “ .

Confiamos que este máximo ente de control,  aclare si en verdad se cometieron desafueros  en la  gestión fiscal y contractual, y si los hubo, quiénes  deben responder.

Igual  pronunciamiento se espera de la Procuraduría General de la Nación, en lo de su competencia, porque de ser verdad  que  se atentó contra la trasparencia y moral oficial, esos presuntos responsables deben ser objeto de exclusión definitiva  para el ejercicio de la función pública, fuera de la sanción social.

Ha llegado el momento de emprender  una campaña de defensa de  la moralidad administrativa, y que mejor manera de hacerla que la de conjurar a tiempo  el desdén por lo público, el saqueo del erario, la guerra sucia, los carteles de la contratación, constituyendo una tarea de todos, con esfuerzo mancomunado y constancia  permanente.

A las posiciones de gobierno se debe llegar con vocación de servicio  a favor de la comunidad y no con la de negociante habilidoso para  atracar las arcas del estado, recursos sustraídos para el desarrollo vial, educación, salud, campos deportivos, electrificación, acueductos y tantas  necesidades básicas insatisfechas en  los municipios caldenses.

El silencio de los organismos de control en el caso de Interbolsa

Adenda: Han trascurrido  tres meses y medio del descalabro de “Interbolsa “, y no se conoce resultado alguno de las investigaciones que adelanta la Fiscalía general de la Nación, respecto a  las irregularidades cometidas, muchas de ellas con visos penales.

La dilación y el silencio del ente  investigador, confunde  a la opinión pública y sobre todo a la gente de a pié: pensionados, pequeños  empresarios, comunidades religiosas, amas de casa, centros universitarios,  que acudieron a la firma bursátil, confiados en la trasparencia de la misma,  sin  suponer que estaban entregando los ahorros de  años a timadores profesionales.

Pero si esperamos respuesta  oportuna de  la fiscalía, igual pronunciamiento  deberá darse por parte de la Contraloría  y Procuraduría General de la Nación, sobre los avances  y resultados de sus averiguaciones, sobre las omisiones estatales en la vigilancia y control de la empresa  en liquidación y las relaciones de altos  funcionarios de estado con la  compañía cuestionada.

Es de esperarse, que estos entes de  investigación y de control fiscal, como disciplinario, cumplan con  sus tareas misionales, porque lo que hasta la  fecha  leemos son titulares de prensa  sobre eventos sociales, elegantes   bodas  y reportajes a granel, en donde estos   funcionarios   se han  constituido en el  eje central de las noticias  del mundo social.

Y, sobre este   tema  que sigue conmoviendo la estructura económica del país, nada se  dice.

Bogotá, febrero 19 de 2013

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