La mujer: la artesana de la paz y la reconciliación

Steven y su madre, Claudia Tulcán, esposa del suboficial del Ejército José Libio Martínez

Allí convive el narcotráfico, el tráfico de armas, la guerrilla, los paramilitares y de la delincuencia común.

Lo que ha ocurrido en su territorio la ha dado la vuelta al mundo. No solo por el número de actos violentos, sino porque allí nació un suboficial del Ejército José Libio Martínez, quién duró más de 13 años secuestrado a manos del grupo terrorista: las FARC. Detrás de esta historia –que conmueve al más insensible-está Claudia Tulcán, su esposa.

El 21 de diciembre de 1997, una toma a “sangre y fuego” del grupo alzado en armas tomó la base de comunicaciones en Nariño, en el sur de Colombia. 22 militares resultaron asesinados. Otros 18 secuestrados. Entre ellos, el padre de Johan Steven. “Conocí a mi padre a través de la imaginación. Un cáncer de estómago, me arrancó la ilusión de abrazarlo. Mi dolor y mis lágrimas fueron, son y han sido consoladas por mi madre”, dice.

“Cuando mires llover son las lágrimas de tu hijo”, le dijo alguna vez en una carta que guarda en su casa ubicada en San Juan de Pasto, -a su padre ausente físicamente, pero que reposa en su corazón- a las faldas del Volcán Galeras. Testigo de esta escena Claudia. Una mujer, que representa a todas y cada una de las mujeres de su país, que han sufrido y sufren en el anonimato, los rigores del peor delito en el mundo: el secuestro.

“El secuestro es como estar muerto en vida. Lo sufre quién lo padece. Su familia. Yo, en mi condición de su esposa y madre de su hijo”, añade sin contener las lágrimas. Luego de la muerte José Libio, “he comprendido que la paz es un bien esencial de la humanidad, porque construye al hombre. He comprendido que el crecimiento de la humanidad camina paralelamente con la paz. Con la paz nada se pierde todo se gana”, sostiene.

Y es que su historia, no es ajena a más de centenar de mujeres colombianas, que hoy son no solo protagonistas de una tragedia de más de cinco generaciones, sino que a la luz de un nuevo amanecer del 2013, son las artesanas de la paz, en la que se encuentra comprometido el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

En una palabra. Si las mujeres de este país -de 44 millones de habitantes- a quienes les negaron una vida normal. A quienes han tenido que soportar humillaciones, las más difíciles condiciones laborales en calidad de desplazadas en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Ibagué, Mocoa o Valledupar, levantan su voz para perdonar al verdugo proveniente de la selva. Al verdugo que desbordó de actos terroristas pequeñas veredas, caseríos, municipios y ciudades: se alcanzará la paz.

Incluso, mujeres a punto de cumplir su mayoría de edad, en municipios como Caldono, -en el departamento del Cauca o la Hormiga en Putumayo – considerados por la comunidad nacional como lugares con altos índices de violencia, recuerdan que la paz es un bien integral. “El perdón como vehículo de paz, debe animar a los ciudadanos y ciudadanas a construir una Colombia sin violencia. Las mujeres queremos la paz, por eso defendemos la vida”, añaden.

En esa línea, para la presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo Humano Sostenible FIDHS Arelly Caro, complementa sus palabras y puntualiza que “la paz exige justicia social, a partir de un nuevo modelo de desarrollo económico y agrario, sustentado en un desarrollo humano sostenible, donde el protagonista es debe ser la persona”
En sintexis, esta es la semilla que puede poner fin a las masacres, genocidos, bombardeos, minas antipersonales, fuego cruzado, amenazas, extorsiones y secuestros. “Este es el camino en la construcción de una reforma agraria integral. No coyuntural. Una reforma que se debe administrar desde las zonas que padecieron de la violencia y no desde Bogotá”, recalcan un grupo de mujeres en el municipio de Rovira, en el departamento del Tolima, que al igual que la esposa del suboficial José Libio Martinez, les fueron asesinados sus esposos por la acción demencial de la guerrilla; en diferentes épocas de la historia de Colombia.

Lo cierto, es que este grupo poblacional aparte de conocer y sufrir los rigores de la guerra de más de cinco décadas, tiene una posición definida frente al manejo de tierras, fruto de la negoción de las FARC con el Gobierno Santos: “una reforma agraria no es solamente la entrega de tierras en las zonas de guerra, sino la recuperación del campo como parte de un modelo que se proponga desarrollo. No en términos de cifras, indicadores y recursos, sino a escala humana, en el cual el objetivo central sea el bienestar de la gente y la protección del medio ambiente”.