Justicia en el caso de Interbolsa
¿Y por qué decimos que está en deuda el Gobierno? No hay que olvidar las primeras reacciones de las autoridades una vez se conoció que este grupo afrontaba «dificultades».
El primer diagnóstico gubernamental asumió como buena la explicación de Interbolsa, según la cual se trataba de «una situación de iliquidez temporal». Si bien fue un mensaje que tenía como plausible propósito evitar que el pánico lesionara a la bolsa de valores y causara un daño sistémico al sector financiero, también pecó por poco realista.
Porque con el paso de los días se han ido develando un conjunto de maniobras cuya legalidad está en sospecha, no sólo en la comisionista de bolsa del grupo empresarial, sino en su misma holding.
Y ese giro ha sido tan inesperado como inquietante. Hoy la recuperación de los dineros del público ya no depende sólo de la rapidez y eficacia de los procesos de liquidación mercantil, sino también de las tortuosas investigaciones penales que apenas se abren paso, para perseguir el patrimonio de los dueños y administradores de Interbolsa.
Especular es parte de la mecánica del sistema capitalista, y particularmente del bursátil. Se especula, por ejemplo, cuando se le apuesta a la acción de una empresa confiable que democratiza parte de su propiedad, como ocurrió con Ecopetrol. La gente invierte buscando una ganancia lícita producto de la valorización de la empresa y sus activos, confiando en los buenos resultados de gestión.
Y se especula cuando a través de intermediarios debidamente autorizados por la ley se invierte en fondos y monedas extranjeras. Obvio, en ninguno de estos escenarios es defendible el caso de quienes han mantenido sus capitales evadiendo impuestos o que han derivado los mismos del ejercicio de actividades ilegales, como el narcotráfico, por mencionar un solo ejemplo.
Por ello nos parece muy cuestionable que hasta la Procuraduría General de la Nación se haya dejado llevar por la percepción de que las víctimas de Interbolsa se labraron su propio destino, al arriesgar sus patrimonios en una «pirámide de estrato 6».
¿Puede sostenerse eso? Interbolsa era el rey indiscutido de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), un mercado harto regulado y supuestamente sometido a la vigilancia del Estado. Igual puede decirse de la holding del grupo y de sus diversas empresas.
Es decir, quienes invertían en estas firmas no estaban depositando sus dineros en una «natillera» o en una oscura DMG. No. Y esa es parte de la desazón que tienen los damnificados, quienes se sienten huérfanos de un Estado que hubiese cumplido en forma con sus funciones de inspección y vigilancia. Y que además de la pérdida de sus inversiones, incurrirán en gastos y costos jurídicos para intentar recuperar lo que se pueda.
El Gobierno Nacional debería ser más franco al reconocer su responsabilidad en esta crisis. Y los entes de control y la Justicia deberán ser implacables para perseguir y sancionar a los responsables de la misma. Este deseo es un clamor por parte de los damnificados. Pero también es una exigencia de toda la sociedad.
El Colombiano/Editorial
