25 de septiembre de 2021
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Distrito pide al Gobierno intervenir con garantías para los indígenas Embera Chamí

12 de enero de 2013
12 de enero de 2013

En un comunicado la Alta Consejería hace la petición formal al Gobierno para que garantice la sostenibilidad de los indígenas retornados y tome las medidas conducentes a evitar un nuevo desplazamiento.

El Comunicado de la Alta Consejería es el siguiente:

«En el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, 533 mujeres y hombres indígenas Embera Chamí, víctimas del conflicto armado, retornaron luego de casi ocho años de permanencia en el Distrito Capital, a los municipios de Mistrató y Pueblo Rico en el departamento de Risaralda el pasado 10 y 12 de diciembre de 2012, dentro de un proceso de Reparación Integral Colectiva, contando con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Pese a los esfuerzos para dicho retorno, fue expresada reiteradamente por parte del Gobierno Distrital, la preocupación por la elaboración de un Plan de Acción concreto, que desde un enfoque de restitución de derechos garantizara la sostenibilidad de su retorno, de acuerdo al Decreto 4633.

En ese sentido hoy, el Gobierno Distrital reitera esta preocupación, ya que la comunidad indígena Embera Chamí, ha manifestado su deseo de devolverse a la ciudad de Bogotá, al no tener asegurada su sostenibilidad social y económica en condiciones de dignidad, lo cual implicaría un grave retroceso en el proceso de garantía de los derechos de las víctimas, así como un grave impacto social y cultural para la comunidad Embera Chamí.

Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Nacional, ampliar sus esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del retorno Embera Chamí, que a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas en cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, debe asumir la responsabilidad en la toma de medidas inmediatas.

El gobierno Distrital se encuentra gestionando alternativas jurídicas para acompañar este proceso de retorno en lo referente a la seguridad alimentaria y reitera su compromiso y voluntad política con las víctimas, en el marco de las competencias legales que le son conferidas».