Reforma agraria inteligente y avalúos catastrales para gran propiedad propuso Clara López en Foro Agrario

Planteó así mismo la implementación de una reforma agraria inteligente dentro de una política de fortalecimiento de la economía campesina,  durante la presentación de su ponencia en el marco del Foro sobre “Política de desarrollo agrario integral con enfoque territorial” como espacio de participación de la sociedad civil, organizado por la Universidad Nacional de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, a solicitud de la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y las Farc.

La presidenta del Polo dijo que Colombia se adentra al siglo XXI sin haber logrado superar la estructura de la tenencia de la tierra heredada de la colonia y de las relaciones de subordinación que de ella se desprenden, lo cual en buena medida, ha generado una concentración de la propiedad rural y la reproducción permanente de relaciones conflictivas.

La dirigente política hizo un detallado recuento histórico del problema agrario no resuelto en este país, así como esbozó la tipología de los conflictos que se derivan de él.

Explicó que desde “la encomienda a la hacienda y de ésta al latifundio de ganadería extensiva, con sus ingredientes de concentración simultánea de tierras productivas, poder político y reproducción permanente de relaciones sociales conflictivas, la estructura agraria se ha convertido en obstáculo para el desarrollo económico, social y cultural de la Nación y para la misma democracia”.

Dijo que si se hace un repaso de la historia de la violencia en Colombia a partir de mediados del siglo XX, el tema de la tierra “ha sido y sigue siendo la manzana de la discordia de todos nuestros conflictos, por la actitud acendradamente refractaria al cambio de los sectores terratenientes del país”.

“Si bien la base de todos estos conflictos está en la tierra y su concentración en pocas manos, la violencia como mecanismo de tratamiento de los conflictos y su secuela de violación de derechos, desplazamiento, pérdida de vidas, capital social y humano, se deben a la baja y a veces inexistente presencia institucional, tanto pública como privada, en los campos colombianos y a la destrucción consciente y sistemática de los liderazgos e integrantes de organizaciones de los pobladores del campo por parte de los grupos armados ilegales que compiten por el control territorial”, planteó López Obregón en desarrollo de su ponencia.

A ello, hay que añadirle que el Estado colombiano ha contribuido al déficit democrático y de desarrollo social en el campo debido a la asimetría tributaria existente. Citando cifras oficiales, López Obregón mostró cómo el avalúo por hectárea de la gran propiedad rural es siete veces menor al del minifundio  y 3 veces inferior al de la mediana propiedad. “Para compensar esa desigualdad que riñe con el principio de progresividad, equidad y eficiencia económica, se hace necesario establecer avalúos catastrales presuntivos para los predios superiores a 100 hectáreas equivalentes al promedio del avalúo por hectárea del microfundio del respectivo municipio”, sostuvo.  

Al analizar la inserción de Colombia en la globalización neoliberal con la apertura ampliada a los mercados, la presidenta del Polo Democrático dijo que en la coyuntura socioeconómica actual, se adiciona un nuevo ingrediente negativo al esquema productivo del sector rural “que afecta la seguridad alimentaria debido a la adquisición de grandes cantidades de tierra por parte de empresas extranjeras, como consecuencia de la creciente financiación de los mercados internacionales de los productos básicos y de la escasez de tierras en otros continentes para el abastecimiento de alimentos y de producción de agrocombustibles”.

“Esta nueva demanda internacional por tierras –explicó- tiene el agravante de que presiona el aumento en la concentración de la tenencia de la tierra, ya de por sí elevada y creciente.

Finalmente, la presidenta del Polo Democrático esbozó en representación de su partido de oposición, doce propuestas puntuales que hacen parte de una estrategia integral como respuesta a la emergencia social y humanitaria que vive el campo colombiano.

Dicha estrategia plantea el cumplimiento a cabalidad de la Ley de Víctimas y restitución de tierras; el uso óptimo de los suelos según su capacidad agrológica; la implementación de una reforma agraria inteligente dirigida al fortalecimiento de la economía campesina; la estructuración de mecanismos de sustentación de precios y compra de cosechas; el fortalecimiento de las organizaciones sociales sin desmedro de su autonomía; la ampliación y consolidación de los territorios colectivos de poblaciones raizales; el acceso efectivo de la mujer a la propiedad de la tierra; el cumplimiento de las normas laborales en el ámbito rural; el establecimiento de avalúos presuntivos de la tierra para equiparar el avalúo promedio por hectárea de la gran propiedad con el del promedio de los microfundios del respectivo municipio para equipararlos con los de la gran propiedad; renegociar las cláusulas lesivas del desarrollo agrario incorporadas en los TLCs; imponer límites constitucionales a la propiedad de la tierra por parte de extranjeros; y privilegiar la protección del medio ambiente y de la economía campesina sobre la explotación minero-energética.