Reflexiones de fin de año.
Hemos querido reivindicar el derecho de exponer nuestro pensamiento y opiniones en representación de aquellos que no pueden ser oídos o piensan distinto, propio de una democracia participativa y de un Estado Social de derecho.
Que en las reflexiones de fin de año y los nuevos propósitos para el entrante, entendamos por fin que la paz debe ser el primer anhelo gubernamental y requisito fundamental para que lo poco que queda de la democracia resulte viable y los derechos humanos y sociales tengan una vigencia efectiva.
La pregunta que nos formulamos, es el ¿porqué resulta tan difícil tomar medidas rápidas y eficaces para llegar a acuerdos serios en una dirección que los colombianos parecemos tan ampliamente compartir?
A las partes en pugnacidad, que cedan en sus posiciones dogmáticas, que entiendan que no es posible imponer puntos de vista a través de la violencia y la extorsión o conservar prerrogativas como cuotas de poder y no como un servicio a un gran acuerdo nacional .
Al gobierno nacional recordarle el artículo segundo de la constitución que alude a que las “autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida- subrayo en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.”
A la Rama judicial, que sus reflexiones estén dirigidas a la necesidad imperiosa de procurar una justicia pronta y cumplida, con la imagen de un juez presencial, impersonal y neutro, que además de contar con una suficiencia formativa para su desempeño, ha de requerir que reconozca la importancia de su función jurisdiccional, y la toma de conciencia de su obligación de satisfacer un deber, el deber de la justicia.
De igual manera, la conveniencia por parte de los organismos rectores de revisar las políticas de descongestión que en nada están favoreciendo la eficacia y eficiencia judicial y si por el contrario creando incertidumbre e inseguridad jurídica, por la forma como se vienen produciendo los fallos judiciales, ausentes del estudio y rigorismo jurídico, todo por el afán de cumplir unas metas estadísticas y el sistema de designación de quienes transitoriamente ejercerán tan delicada misión .
Lo planteado viene causando malestar en el campo jurídico procesal, por cuanto se puede estar incurriendo en errores jurisdiccionales a que alude el artículo 66 del la “ley Estatutaria de la Administración de justicia”, definido como el “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Esos errores jurisdiccionales, constituyen una denegación de justicia.
Que se dé una política de estado en materia de salud, pues se le ha tratado como un bien que se compra y se vende en el mercado, olvidándose que la salud es un derecho humano, no un privilegio reservado a las gentes con recursos económicos, y se cumpla con las directrices que sobre la materia ha impartido la Corte Constitucional en recientes fallos sobre seguridad social.
Que el Congreso de la República acepte que debe ser profundamente revisado y ejerza con independencia el control político que le corresponde para recobrar la confianza ciudadana perdida, con un régimen estricto de inhabilidades e incompatibilidades, de conflictos de intereses y ausentismo parlamentario.
Que la sociedad civil, de la que hacemos parte todos, imponga los criterios de transparencia, eficiencia, idoneidad, cuando de escoger sus voceros populares se trate, seleccionando a sus mejores hombres o mujeres, que transmitan credibilidad y confianza pública y aplique la sanción social, a aquellos que defraudaron la voluntad popular y pisotearon la dignidad parlamentaria.
Que este fin de año, sirva para recordar que tanto los gobernantes, como los políticos deben tener la virtud de la eubolia, o prudencia, que consiste en ser discreto de palabra, en ser cauto, reservado y evitar las promesas infundadas e incumplidas.
Que el sistema financiero y bursátil entienda que con sus despropósitos, abuso y codicia, tienen responsabilidad en la incertidumbre de millares de colombianos a punto de perder sus viviendas por la irregular liquidación de intereses, contrariando normas legales y aplicando el anatocismo prohibido en nuestro país y que el gobierno ejerza las funciones de vigilancia y control para que no se repita lo sucedido en “Interbolsa “, que pudo haberse evitado a tiempo.
Que el año venidero llegue lleno de esperanza y se busquen soluciones a la crisis social y económica de un vasto sector de la población la cual no puede desconocerse, y se logre una purga integral de ciertas instituciones y funcionarios contagiados por la corrupción que a gran escala afecta la estructura del estado, como en el sector privado.
Si el ser superior nos renueva la visa terrenal, esta columna reaparecerá en la tercera semana del mes de enero, no sin antes enviar un saludo de navidad a los visitantes de este portal, con los deseos fervientes de unas felices festividades en compañía de sus familias y un 2013 pletórico de salud, trabajo y paz.
Bogotá. Diciembre 18 de 2012.
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