27 de noviembre de 2021
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Imputan cargos a contratistas por presunto detrimento patrimonial de $53 mil millones

4 de diciembre de 2012
4 de diciembre de 2012

En audiencia pública ante el Juzgado 19 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, la fiscal del caso aseguró que los hechos ocurrieron en noviembre de 2008, cuando el Ministerio del Interior y de Justicia adjudicó un contrato por dos años, para el suministro, la instalación, el desarrollo, la puesta en servicio y el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad en las cárceles de Bogotá, Medellín y Puerto Triunfo (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá), y Jamundí (Valle del Cauca).

De acuerdo con la delegada Fiscal, Nassif de Rima como representante legal suplente de la firma de Unión Temporal Cárceles 2008, presentó aparentemente documentos sin el lleno de los requisitos de idoneidad, solidez técnica y financiera con la finalidad de fracasar en el proceso licitatorio en beneficio de otro proponente.

Sostuvo la delegada del ente acusador que “(…) no se presentaron los certificados de idoneidad o de existencia de las sociedades y firmó como suplente, desplazando al titular de la Unión Temporal, quien dijo que nunca dio la autorización de presentar la propuesta”.

Afirmó que el proceso de adjudicación ha causado a la fecha un detrimento patrimonial al Estado colombiano superior a 37 mil millones de pesos, tras un avance de tan solo el 15 por ciento de las obras desde el año 2010. En los establecimientos carcelarios se han detectado cámaras de video, sillas, exclusas obsoletas y cables que han sido apropiados por los internos, añadió.

Así mismo dijo al juez de garantías que hubo reuniones en un hotel de Bogotá, en las que se pactó el pago de mil millones de pesos para Nassif de Rima, quien supuestamente, colaboró con maniobras tendientes a que el contrato quedara en manos de personas cercanas a los hoy procesados.

En la audiencia pública de imputación de cargos, la fiscal presentó grabaciones de llamadas a celular debidamente legalizadas ante un juez de garantías, en las que se menciona dicha licitación.

Por las irregularidades detectadas en el proceso licitatorio, la Superintendencia de Industria y Comercio ya impuso sanción a las empresas que incurrieron en competencia desleal y se espera el fallo de segunda instancia.