8 de mayo de 2021
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Fiscalía reabre el proceso contra la multinacional Chiquita Brands

9 de diciembre de 2012
9 de diciembre de 2012

Montealegre agregó que el interés de la Fiscalía es «extender esta investigación a todas las demás empresas bananeras de la época para establecer si otras empresas distintas a Chiquita Brands financiaron» grupos de autodefensas.

Indicó que existen evidencias probatorias entre testimonios y documentos que indican una «eventual participación» entre los empresarios y este grupo armado ilegal.

En las diligencias serán investigados al menos 13 directivos de la compañía, entre colombianos y extranjeros, que en su momento operaba en varios departamentos de Colombia, especialmente, Antioquia.

En marzo pasado, un fiscal de la ciudad colombiana de Medellín decidió cerrar la investigación contra catorce directivos de Chiquita Brands y otras dos bananeras por supuestas aportaciones a grupos paramilitares.

En su momento, la Fiscalía General de Medellín dijo que el instructor del caso concluyó que las empresas implicadas hicieron los pagos no de «manera voluntaria», sino «coaccionadas» por los grupos armados ilegales.

Así las cosas, el fiscal especializado de esa ciudad, Humberto Villamizar, archivó las acusaciones contra las bananeras y prosiguió la causa contra un exparamilitar implicado, dentro de un proceso por concierto para delinquir que llevaba cuatro años.

Además de Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, en la causa estaban vinculadas las comercializadoras Banacol y Banadex, todas ellas con actividades en la conflictiva zona de Urabá, en el noroeste del país.

Ese proceso se derivó de testimonios judiciales ofrecidos por antiguos mandos de la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Salvatore Mancuso, Ever Veloza y el bananero Raúl Emilio Hasbún.

Los tres confesaron que Chiquita Brands, entre otras bananeras y empresas con actividad en Urabá, realizaban aportaciones mensuales a las AUC en la región, que se canalizaban por unas cooperativas de seguridad.

En su caso, la multinacional estadounidense admitió ante las autoridades de su país que había realizado pagos a los paramilitares y llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares. EFE