28 de noviembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

En visita a la EAAB. Superintendencia de Industria y Comercio se extralimitó en sus funciones

6 de diciembre de 2012
6 de diciembre de 2012

En la inspección que realizó la SIC a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el pasado 21 de noviembre, los funcionarios de la Superintendencia anunciaron que iban a realizar una visita de carácter administrativo, pero terminaron realizando una jurisdiccional.

La Sentencia C-537/10 de la Corte Constitucional en el numeral 2.2.2.5 es muy clara respecto a la Ley 1340 de protección de la competencia: “Por otro lado, en lo que tiene que ver con las competencias atribuidas a la SIC ya se había concluido en el análisis del trámite legislativo, que no se incluyeron potestades jurisdiccionales a ésta entidad para garantizar la libre competencia. Esta primera conclusión se complementa con los artículos de la Ley que se refieren a las competencias administrativas de la SIC, especialmente los artículos 3, 6, 10 en donde específicamente se establece que las actuaciones de la SIC en materia de protección y garantía de la libre competencia es eminentemente administrativa y no jurisdiccional”.

Así las cosas, los funcionarios de la SIC no tenían funciones de carácter jurisdiccional, como para llegar al punto de revisar los correos electrónicos privados de los trabajadores de la EAAB. “Violaron el derecho a la intimidad de algunas personas y crearon un pánico innecesario, cuando de por medio hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordena la inclusión de los recicladores”.

En respuesta a un derecho de petición, la  SIC confirmó que el jueves 22 de noviembre realizó visitas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Superintendencia de Servicios Públicos. “Rechazamos que la SIC se haya ido a inspeccionar el trabajo de las entidades que por Ley son las encargadas de regular y controlar a las Empresas de Servicios Públicos”.

En la reunión con el Alcalde Petro, el Presidente Santos anunció que iba a colaborar, lo que estamos esperando, es que desde el Gobierno Nacional se adopten decisiones de fondo, como un Régimen Transitorio a través de la CRA, que le permita  al Distrito, tener seguridad jurídica para implementar el nuevo esquema de aseo.

Entre todos tenemos que ayudar  a  solucionar el caos en que se ha convertido la puja entre los sectores público y privado por el negocio del aseo en Bogotá, pero pareciera que desde algunos sectores están interesados en “apagar este incendio con gasolina”. Por eso hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que desde ya se investigue el mapa político que hay detrás del negocio de las basuras en Bogotá.