El millonario ‘carrusel’ de pensiones que enreda a 13 magistrados

Quienes se favorecieron de la citada norma apenas trabajaron pocos días, a lo sumo entre uno y tres meses. Es lo que la Contraloría General de la República, CGR, ha denominado el ‘carrusel’ de las pensiones, por el que imputó cargos de responsabilidad fiscal a cuatro magistrados titulares y nueve auxiliares.

EL HERALDO tuvo acceso al auto de imputación en el que se señala que la magistrada titular payanesa Julia Emma Garzón habría ocasionado un detrimento patrimonial de más de $1.267 millones al nombrar a Zilath Corrales, Cenaida Mejía y Constanza Navia.

Garzón le dijo a la CGR que sus empleadas entraron y salieron del cargo con prontitud, entre otras cosas, por “su alta exigencia en los aspectos laborales, lo que en muchas ocasiones suscitó el estrés del equipo de trabajo”.

La Contraloría, empero, no encontró justificada la explicación y señaló que “no solo fueron designadas personas con estatus reconocido de pensión, sino que, a pesar de aceptar las renuncias de sus más cercanos colaboradores por motivos de salud, (Garzón) procedió a nombrar a otras personas que en igual sentido tuvieron que abandonar el ejercicio del cargo por idénticos motivos en muy poco tiempo”.

MILLONES POR POCOS DÍAS. Garzón nombró el 20 de mayo de 2008 a la sucreña Zilath Corrales, cuñada del exmagistrado Eduardo Campo Soto y quien había sido su antiguo jefe en el CSJ, pero la magistrada auxiliar se retiró el 8 de julio de ese mismo año, es decir ocupó el cargo 50 días (33 hábiles). Este breve paso le permitió a Corrales convertir una pensión de 2 millones 560 mil pesos en una de 11 millones 537 mil, ocasionando un posible detrimento de $578 millones.

Corrales dijo a la CGR que se vio obligada a “renunciar a raíz de que el clima no le era favorable por su artritis reumatoidea, que hizo que sus articulaciones se tornaran rígidas, situación que la llevó a regresar a Sincelejo” y le aclaró refiriéndose a Garzón que “quería seguir trabajando con una persona digna, justa e incapaz de cualquier acto inmoral”.

Pero la CGR no entiende cómo si la enfermedad se la diagnosticaron 10 años atrás, aceptó radicarse en Bogotá.
En el caso de Cenaida Mejía habría causado un posible detrimento de $425 millones al trabajar como magistrada auxiliar del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2007 y del 2 de abril al 21 de mayo de 2008, inflando su pensión de 2 millones 742 mil pesos a 11 millones 537 mil pesos.

Según Mejía, su primer retiro fue por “asuntos personales” y el segundo por “problemas graves de salud generados por el túnel de carpo y por algunas intervenciones quirúrgicas” y se hizo a un lado “para no ocasionar traumas a la gestión”.

Constanza Navia fue magistrada auxiliar del 3 de febrero al 8 de marzo de 2010. El detrimento imputado es de más de $263 millones, al incrementar su pensión de 4 millones 498 mil pesos a 12 millones 42 mil, por trabajar 34 días de los cuales solo 24 fueron hábiles.
Navia, curiosamente, también renunció por problemas de salud al padecer “diabetes e hipertensión, y nunca consideró que la altura de Bogotá la fuera a afectar de la forma en que lo hizo” y por tanto decidió “regresar a Popayán” de donde es oriunda Garzón.

MÁS ENFERMOS MILLONARIOS. El magistrado titular tolimense Henry Villarraga habría causado un daño de $941 millones, al nombrar como sus auxiliares a Álvaro Rojas, Jaime Arteaga y Jesús Herrera.

En el caso de Rojas, por trabajar 31 días de los cuales solo 21 fueron hábiles, su pensión pasó de 3 millones 928 mil pesos a 12 millones 917 mil pesos. Al defender su labor, como en otras de las respuestas de los investigados, dijo que en la oficina de Villarraga estuvo “trabajando duro y parejo, (…) se laboraba desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m.” y en defensa de quien lo contrató argumentó que “(…) para cumplir con las metas exigidas por el titular me llevaba trabajo para la casa, en las noches y en los fines de semana”. Es decir, el auxiliar estuvo en una especie de campo de concentración laboral, aunque nada mal para aumentar su jubilación en más de $7 millones mensuales.

Jaime Arteaga fue magistrado auxiliar del 29 de octubre al 19 de diciembre de 2008. Su pensión subió de 9 millones 984 mil pesos a 11 millones 81 mil pesos, por 52 días de trabajo, provocando un presunto detrimento de $377 millones.

Por laborar con su paisano Villarraga 80 días (54 de los cuales fueron hábiles), del 11 de enero al 31 de marzo de 2010, el magistrado tolimense Jesús Herrera obtuvo una pensión a 12 millones 875 mil pesos.

Ante la Contraloría, Herrera manifestó, como un mismo libreto, que “teniendo en cuenta la situación laboral extenuante y estresante”, decidió “cambiar la posición de magistrado, honores y salario por su tranquilidad”.

NO SABÍA. En el caso de la magistrada titular (e) Martha Zea, quien ocupó el cargo hasta que el Congreso nombró a Julia Emma Garzón, se habría causado un detrimento de $563 millones al nombrar a Jorge Bravo como auxiliar.

Zea aseveró que ella “no sabía de los derechos pensionales de los cuales era acreedor el señor Bravo” pero la CGR dice que “no se entiende cómo si ella había estudiado su hoja de vida y revisado su historia laboral (…), no le fue posible deducir esta condición”.

Jorge Bravo, también payanés como Garzón, laboró del 1 de agosto al 19 de septiembre de 2008. Este breve tiempo le permitió acceder a una pensión a 13 millones 148 mil pesos, cometiendo un presunto detrimento de $563 millones.

Bravo aseguró a la Contraloría que “cuando ella me llamó, la única advertencia que me hizo fue que el tiempo que podría estar al servicios podría ser breve (…), pero nunca se me ocurrió manifestarle que yo tenía edad de jubilación”.

Para la CGR “es curioso (…) que sin tener nada cierto y estable en su futuro, tomara la decisión de renunciar a su trabajo, dejar su casa, su familia, trasladarse de ciudad y aceptar un trabajo que según él desde el principio sabía que no podía ser por mucho tiempo”.

UN ESPOSO DEPRIMIDO. Al hoy gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, en su condición de magistrado titular le imputaron un detrimento $471 millones al nombrar como magistrada auxiliar a Petrona Perafán, de quien dijo “no conocía su situación pensional”.

El daño fiscal de Perafán sería de unos $471 millones. Fue auxiliar del 3 de abril al 1 de julio de 2008, lo que le permitió subir su pensión de 3 millones 850 mil pesos a 11 millones 537 mil.

Además de hablar de las jornadas “agotadoras” dijo que su renuncia “obedeció a (…) complicaciones de salud de su esposo que presentaba un cuadro clínico de depresión generado por la ausencia de ella y una cirugía bariátrica que se realizó, lo que generaron que debería volver a la ciudad de Popayán para estar a su lado”.

Otro caso incluido en la imputación es el de la magistrada auxiliar Margoth Castellanos, contratada del 16 de marzo al 21 de julio de 2010 para aumentar su pensión de 4 millones 127 mil pesos a 9 millones 656 mil. Ella reconoció a la CGR que en busca de mejorar su pensión empezó “a explorar quién le ayudaría con una mejor ubicación laboral” para “ascender y dejarle ese legado social a la hija”.

Renunció “en virtud a que el trabajo era duro, trabajaba hasta media noche y fue donde empezó a sufrir de problemas respiratorios” y “síntomas de pérdida de memoria”.

LA GENEROSA NORMA

Lo que hizo posible el ‘carrusel’ de pensiones de los magistrados es el Decreto-Ley 546 de 1971, el cual señala en su artículo 6: “tendrán derecho, al llegar a los 55 años, si son hombres y de 50, si son mujeres, y de cumplir 20 años de servicio, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio”.