19 de junio de 2021
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Destituidos el exgobernador Mario Aristizábal y seis secretarios

21 de diciembre de 2012
21 de diciembre de 2012

Según la decisión, la investigación se centró en la compra de vehículos para varias Secretarías de despacho, procedimiento en el que se omitieron disposiciones legales, y por delegar la contratación a otros de sus secretarios con el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura.

Con base en las averiguaciones, el Gobernador propició la adquisición de vehículos en cuantía de $1.013.000.000, mediante procesos de selección abreviada, adelantados en forma separada por las Secretarías de Gobierno, Planeación, Hacienda, General y Educación, con lo cual se omitió el proceso licitatorio que debió emprenderse en razón a la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, y desconoció los principios de planeación, trasparencia y responsabilidad. Esa falta disciplinaria se calificó provisionalmente como gravísima, a título de dolo.

Luego del análisis de las pruebas y escuchados los descargos, el Ministerio Público le impuso al gobernador Mario Aristizábal sanción en primera instancia, consistente en destitución e inhabilidad por 13 años para ejercer cargos públicos, por hechos ocurridos durante su administración, entre enero de 2008 y  septiembre de 2011.

Todo por la compra de carros

La Procuraduría investigó y estableció que en noviembre de 2008 cuatro secretarías de la Gobernación, por delegación de Aristizábal Muñoz, contrataron la compra de 13 vehículos, ante la necesidad de renovar el parque automotor.

Precisamente por ese motivo le endilgaron al Gobernador una falta disciplinaria gravísima porque omitió la licitación para adquirir los automotores. Por esos hechos también fueron investigados los Secretarios de Gobierno, Henry Murillo; Planeación, Viviana Patricia Martínez; Hacienda, Pedro Javier Misas; General, Ernesto Patiño; y Educación, Éver de Jesús López.

En estos casos, la Gobernación, a través de las secretarías referidas, tramitó diversos procesos de selección abreviada sobre un mismo objeto, cuyos contratos fueron adjudicados a un mismo proveedor. Algo como la denominada figura de fraccionamiento de contratos.

A pesar de las explicaciones de la parte de la defensa del exgobernador Aristizábal Muñoz, en el sentido de que la adquisición debía hacerse de forma separada porque los carros eran necesarios para distintos proyectos, y no incluirlos todos dentro de los gastos de funcionamiento, «no le era dable al gobernador adelantar procesos licitatorios de procesos cuyos objetos, si bien eran similares, su destinación, usos y rubro presupuestal son disímiles entre sí», explicaron en su momento los defensores.

Los contratos con el Fondo Mixto

En el caso del Fondo Mixto la Procuraduría le endilga al Gobernador la falta de control y vigilancia en la delegación que les dio a sus secretarios para contratar. Se trata de siete contratos que celebraron las secretarías de Deporte y Educación con esa entidad, que hoy está en liquidación. Los contratos fueron para construcción de obras, y compra de equipos, suministros e implementos deportivos.

Según el Ministerio público por medio de esa entidad era posible evadir la ley de contratación. Para los organismos de control se usaba al Fondo para hacer contrataciones que estaban por fuera del objeto misional de esa institución.

Para la Procuraduría, la administración debió celebrar directamente dichos contratos, de obra, suministro y prestación de servicios, y no por medio del Fondo. Esa situación permitió que no se aplicara la ley de contratación pública, y utilizar en cambio, a una entidad intermediaria, como lo es el citado Fondo. Esa falta fue calificada de grave.

Sin embargo, en las explicaciones de la defensa del Gobernador, se reconoció realmente que en 2008 se delegaron esas funciones del gasto en cinco secretarías: Gobierno, Privada, Hacienda, Planeación y General, debido a su «inexperiencia y poco manejo de las finanzas públicas».

Posteriormente, un año después, se ampliaron esas facultades a cada uno de esos despachos, con el fin de no radicar en una sola persona la ejecución de todos los contratos, además porque es difícil que toda la contratación esté en cabeza de un solo funcionario.

No obstante, en los informes se dijo que el Gobernador actuó de buena fe, y respetó el principio de la buena fe de sus secretarios.

Para la Procuraduría el exgobernador Aristizábal Muñoz inobservó la actividad contractual delegada en sus secretarios y a cambio de ejercer un efectivo control, seguimiento y vigilancia sobre la actividad delegada, “adoptó una actitud laxa, desinteresándose por la suerte de los procesos contractuales».
Los destituidos

En consecuencia, además del Gobernador, fueron sancionados: Henry Murillo Arboleda, exsecretario de Gobierno, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años. Viviana Patricia Martínez, exsecretaria de Planeación, destitución e inhabilidad por 10 años. Pedro Javier Misas, exsecretario de Hacienda, con destitución e inhabilidad por 10 años.

Por otra parte, también fue sancionado con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años, Ernesto Patiño, exsecretario General. Éver de Jesús López, exsecretario de Educación, con destitución e inhabilidad por 11 años. Daniel Eduardo López, exsecretario de Deporte, destitución e inhabilidad por 10 años. Y Sergio Trujillo Ramírez, exsecretario de Deporte, suspendido del cargo por seis meses, sanción que puede convertirse en multa.