27 de noviembre de 2021
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Condenado a 12 años de prisión ex alcalde de Palestina por lío con Confamiliares

5 de diciembre de 2012
5 de diciembre de 2012

Dentro del mismo caso fue condenado a 7 años y seis meses de prisión, más una sanción de 37 salarios mínimos legales, Ancízar Neira Estrada, uno de los abogados de Ocampo que llevó el negocio contra Confamiliares.

Jimmy Yamith Zúñiga, el contador para la época de los hechos, fue absuelto de los delitos que se le imputaban tras pagar un año de cárcel.

Antecedentes

Ocampo, siendo alcalde de Palestina, embargó las cuentas de Confamiliares por $1.644 millones por concepto del impuesto de espectáculos públicos en sus centros vacacionales de Santágueda y La Rochela. El abogado Ancízar Neira Estrada, ex secretario de Tránsito de Manizales, llevó el negocio por el que cobró 547 millones. El resto del dinero fue ingresado al presupuesto del municipio.

La demanda contra Confamiliares fue instaurada por el Municipio de Palestina alegando que los centros recreacionales que funcionan en La Rochela y en Santágueda, en territorio de ese municipio, son un espectáculo público toda vez que el disfrute del paisaje, el atractivo de los toboganes y el encanto de las  piscinas le generan a esta entidad grandes recursos.

Basado en el decreto 021 de 1972, que define qué se entiende por espectáculo público, Confamiliares alegó que no tenía por qué cancelar este impuesto.
Análida Náufal Correa, la abogada de Confamiliares, explicó que “hay ausencia del hecho generador del impuesto” porque en los centros recreacionales de Confamiliares no se presentan espectáculos en vivo. “La gente paga por entrar a un  sitio de recreación, no a un espectáculo, dijo la asesora.

El Municipio de Palestina debió haber esperado la sentencia del Consejo de Estado para poder disponer de ese dinero. El proceso llegó allí en segunda instancia, después de que fue fallado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas. “En un proceso administrativo de cobro coactivo debe esperarse la sentencia ejecutoriada”, sostuvo Análida Náufal Correa. Pero el Alcalde de Palestina dispuso del dinero sin que el Consejo de Estado se hubiera pronunciado  sobre la legalidad del cobro hecho a  Confamiliares.

Para la Juez Cuarta Civil del Circuito de Manizales, quien adelantó el negocio en sus fases más importantes, el Alcalde de Palestina dispuso del dinero embargado a Confamiliares en forma arbitraria. En el fallo donde ordena al municipio el reintegro total de los recursos señala que la conducta del funcionario debe ser investigada por los organismos de control. “Si el municipio pierde el proceso, ¿quién le cobra al abogado los dineros que recibió?, se preguntó la asesora tributaria de Confamiliares. Sobre todo porque el juzgado en mención ordeno igualmente la suspensión temporal de los actos administrativos que dieron origen a la demanda. Para la juez, la ley es clara en el sentido de que el alcalde no podía disponer de esa plata, ni embargarla, mucho menos gastársela.

El problema entre la entidad que administra los recursos del subsidio familiar en Caldas se originó porque el Concejo de Palestina aprobó un acuerdo donde establecía que Confamiliares estaba obligado a pagar el impuesto de espectáculos públicos. El primero embargo se hizo por 8.500 millones de pesos, pero se rebajó a casi 1.650 millones después de que un contador contratado por el Municipio de Palestina estableció que la suma adeudada por Confamiliares ascendía a esa cantidad. La Alcaldía de Palestina intentó un segundo embargo por el mismo valor, pero la entidad afectada instauró una acción de tutela que fue fallada a su favor.