25 de febrero de 2021
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Condenada Empresa de Renovación Urbana por tumbar casa ajena

18 de diciembre de 2012
18 de diciembre de 2012

La falla en el servicio, que causó el daño, según la sentencia, tuvo como origen la actividad irregular de la administración a través de la Erum, que generó un menoscabo al patrimonio de los ciudadanos afectados. Al demostrarse que hubo una relación de causa y efecto, se definieron todos esos elementos que endilgan la responsabilidad a esa entidad oficial.

La demanda de reparación directa pretendía no sólo el pago del bien destruido con base en el avalúo legal y sus reajustes, sino los perjuicios ocasionados a los miembros de la familia García García, dueños de la casa arrasada por los encargados de las demoliciones donde se adelanta la construcción del par vial de la avenida Colón del macroproyecto de la comuna San José.

El juzgado tercero administrativo del circuito de Manizales adelantó todas las investigaciones por los hechos ocurridos en marzo de 2010, al ser demolida la vivienda sin que la hubiesen adquirido legalmente y por la que ofrecieron menos de la cuarta parte del avalúo considerado en la oferta inicial.

La casa de habitación de dos plantas, tenía un área construida de 161 M2 (en un lote de terreno de una superficie de 81 M2), situada en el cruce de la calle 27 con carrera 13.

Según el abogado Rafael Zuluaga Villegas, apoderado de la familia García García, así la Alcaldía y la Empresa de Renovación Urbana de Manizales adelanten un proyecto para el que se declararon de utilidad pública unos bienes inmuebles, entre ellos el destruido por la omisión de cuidado y falta de control e interventoría de la administración, no pueden aprovecharse de las condiciones de inferioridad económica de unos propietarios, a quienes se les ofrecía la irrisoria suma de 14 millones 175 mil pesos, por una vivienda que antes de esos hechos había sido valorada por la Lonja Propiedad Raíz de Caldas, en 59 millones 255 mil pesos.

El fallo fue proferido por el juzgado séptimo administrativo de descongestión que denegó las excepciones propuestas por la entidad demandada que inculpaba a los propietarios de la casa, luego les atribuía el daño a los vándalos, después a la policía y al contratista.

El juzgado al dictar sentencia sobre la responsabilidad de la administración por los hechos de sus contratistas, se valió de lo que ha considerado reiteradamente la sección tercera del Consejo de Estado al expresar que “así las cosas, el Estado se encuentra en la obligación de responder por los perjuicios que se llegaren a causar con ocasión de trabajos públicos ejecutados por contratistas, en tanto se entiende que en tales casos es la propia administración la causante del daño infligido”.

A pesar de que el abogado de la Empresa de Renovación Urbana interpuso el recurso de apelación de la sentencia, el juzgado no se la concedió, debido a que no acreditó la representación legal de la entidad, por lo que el fallo quedó en firme.

Fuera de esta sentencia de reparación directa, la Contraloría Municipal adelanta  una investigación de carácter fiscal por presunto detrimento en el patrimonio público, como consecuencia de una auditoría a la empresa que ejecuta ese macroproyecto, en la que se registraron irregularidades en el proceso de contratación para la demolición de inmuebles, y por otra parte, el juzgado cuarto administrativo de Manizales por una acción popular, ordenó a la Alcaldía y a Renovación Urbana realizar de forma inmediata obras que minimicen los riesgos de carácter ambiental y sanitario, y por la inseguridad que han generado las demoliciones de casas en San José.

También se llevan a cabo investigaciones penales en la Fiscalía, disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación y en la Contraloría General de la República, por anomalías de carácter contractual, administrativo, contable y presupuestal.