Al audífono del Fiscal Eduardo Montealegre L.

No soy Abogado defensor de ningún delincuente. He sentido aversión por las guerrillas, por  carencia de ideología y ser unos delincuentes más, con mayor razón hacia los grupos paramilitares por su macabra y sinuosa finalidad; he sido un denunciante ingenuo satisfecho de haber cumplido con la obligación que se tiene de denunciar la comisión de delitos, pero con traumas de decepción por constatar la dolosa o negligente o apática o lenta o selectiva administración de justicia desde el inicio de la investigación hasta su juzgamiento, tanto en las Altas Cortes como en el más humilde Juzgado Promiscuo municipal.  

Es inadmisible y difícil de creer que el señor Fiscal General haya desatendido las innumerables quejas concretas por visos de corrupción que le he formulado sobre procesos determinados en la etapa investigativa, dando así rienda suelta a sus veleidades y arrogancia, y como una especie de infantil retaliación, por haber manifestado en varias ocasiones por este medio mi inconformidad por su postulación y elección, ya que consideré  que la aceptación del cargo reñía con principios morales y éticos por haberse desempeñado como Abogado defensor de SaludCoop- EPS., en la defraudación que ésta le hizo al sector de la salud pública.

Nada más parecido a un régimen despótico que el manejo dado a la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Luis Camilo Osorio y Eduardo Montealegre, en donde se desconoció y se está desconociendo los principios del Estado de Derecho al vulnerar de manera olímpica y reiterada derechos fundamentales de las personas, ya sean presuntos sindicados o víctimas y por acción u omisión, en el desarrollo de sus funciones como ente investigador y acusador; recuérdese el caso del general (r) Rito Alejo del Rio o el de Sigifredo López, en el primero, se dio la impunidad y perjuicio a las víctimas (omisión), en el segundo, se privó de la libertad y se sometió al escarnio a un inocente sobre testimonios falsos (acción).

En la peculiar fiscalía 25 Especializada de la Unidad contra el Terrorismo se adelanta una investigación por Concierto para Delinquir en la modalidad de paramilitarismo, proceso 314, contra Juan Alberto Pérez Cobus y Juan Eduardo Caicedo Hoyos, exalcalde y alcalde actual del municipio de Victoria Caldas, respectivamente. En dicha fiscalía rindieron testimonios los exconcejales Silvio Arias, Pedro Orozco y otros, quienes fueron asediados y amenazados de muerte por varios paramilitares notificándoles que tenían que votar los proyectos de Acuerdo que presentara el Alcalde  Juan Alberto Pérez Cobus y que se tenían que abstener de votar para Personero Municipal por Orlando Vargas.

Dentro de este proceso 314, obran los testimonios juramentados de tres víctimas que estuvieron de cuerpo presente en un ‘juicio inquisitorio’ que les hicieron los paramilitares en Puerto Triunfo- Doradal-  en la finca Las Mercedes de propiedad de Ramón Isaza, en donde se les sindicaba, por parte de Germán Uribe (q.e.p.d.) y Juan Eduardo Caicedo presentes en la ‘reunión’, de ser ‘auxiliadores’ de la guerrilla y un estorbo para el desarrollo de la política paramilitar en Victoria, camuflada en el Partido Liberal bajo la égida de Renàn Barco y el liderazgo local de mi hermano Germán (q.e.p.d.) y de su ‘cargaladrillos’ Juan Eduardo Caicedo Hoyos y Humberto Sepúlveda (ya fallecido).

Las tres víctimas eran el doctor Orlando Vargas Moreno, el señor Guillermo Giraldo Jaramillo y un individuo Omar Nova Domínguez, a quien anteriormente no se le conocía una actividad u ocupación definida, hoy en día, depende del usufructo de la herencia de su cónyuge. El doctor Vargas Moreno y Giraldo Jaramillo, se limitaron a decir toda la verdad de lo acaecido en esa macabra reunión, situación que con lujo de detalles era conocida de vieja data por los moradores del pueblo; la otra víctima, haciendo gala de su formación artesanal y bajo la gravedad del juramento dijo todo lo contrario a esa realidad, contradiciéndose asimismo en la versión que él había contado públicamente años atrás.

Señor Fiscal, este individuo esta obstruyendo la administración de justicia, cometiendo el delito de Perjurio y engrosando el ‘cartel de falsos testigos’ a los que Usted se refería después de superado el impase de Sigifredo López, y que anunciara castigos ejemplarizantes, y no vaya a creer que este mercader es un falso testigo gratuito. No creo que sea muy difícil cotejar y valorar estos tres testimonios, solo se requiere haber hojeado la Crítica del Testimonio de Gorphe.
Señor Fiscal, como creo en la justicia, y para darle crédito a su anuncio contra los ‘falsos testigos’ a Nova Domínguez se le debe procesar por los presuntos delitos de Falso Testimonio, Favorecimiento y Fraude Procesal, conductas típicas señaladas en los artículos 172, 176 y 182 del Código Penal, y se pueden adelantar de oficio, porque no requieren querella de parte.

No obstante todo lo anterior, después de transcurridos más de cuatro años, la fiscalía mencionada no ha dictado Auto de apertura de investigación y vinculado formalmente al proceso a los sindicados, ya que no se pueden referir como presuntos; sin embargo, la fiscal 25 permitió la actuación en diligencias procesales de un Abogado como apoderado de los implicados y ordenó compulsarle copias del expediente sin tener la condición de sujetos procesales, violándose el sigilo o reserva del sumario.

En la fiscalía 13 de la Unidad Anticorrupción se adelanta la investigación por los delitos de
Enriquecimiento Ilícito, Peculado, Falsedad en Documento, Celebración Indebida de Contratos y Testaferrato con pruebas contundentes plasmadas en documentos públicos expedidos por la Tesorería municipal contra Juan Alberto Pérez Cobus.

Hasta el momento se conoce que se cerró la investigación por Celebración Indebida de Contratos, dictándose resolución de acusación en Marzo 24 de 2011, decisión que fue apelada y correspondió su conocimiento a la Fiscalía 62 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, sin ningún pronunciamiento hasta la fecha. Lleva este diligente funcionario 19 meses sin resolver una simple apelación contra una imputación de cargos. Se desconoce la suerte de la denuncia por los otros delitos.

La doctora Nancy Rocío Alemán, fiscal con funciones de Asesora del Fiscal General, solicitó investigar a la Fiscal 25 de la Unidad contra el Terrorismo, Carmen Luisa Cardozo, por las anomalías en el manejo o conducción del proceso 314 y del cual se hace bastante alusión en este escrito, correspondiéndole el conocimiento al Fiscal 67 del Tribunal Superior de Bogotá; el acucioso funcionario haciendo gala de una ominosa ‘Solidaridad de Cuerpo’ ordenó el archivo de la indagación, sin tomarse la molestia de practicar inspección judicial al expediente, cosa que no me extrañó en lo más mínimo, consideró el eficiente operador judicial muy normal estas situaciones de permitir actuaciones y compulsar copias a personas que no son Sujetos procesales y que van en contra vía del Código de Procedimiento Penal. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia.

¿Dónde  carajos están los Superiores de estos fiscales? Qué diablos hace la Oficina de Control Interno de la Fiscalía? Qué pasa con la obligación constitucional de control que tiene el Consejo Superior de la Judicatura sobre estos Despachos y sobre los Consejos Seccionales? Qué pasa con el proceso 2012-2003 que adelanta la doctora Luz Helena Cristancho del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá?

Resultan estériles todos los intentos que se realicen por la búsqueda de la paz, mientras muchos ‘paramilitares’ sigan enclavados en las administraciones locales, desde acá, como en otrora, se seguirá alimentando y fortaleciendo a estos abominables grupos.

Apostilla: Ni se les vaya a ocurrir pensar en un‘recogetòn’ para recaudar dineros para sufragar los gastos sicariales como ocurrió con mi hermano Germán, tengo todo debidamente analizado y escrito con los mínimos detalles. Esta advertencia incluye a ciertos políticos de la U ( parlamentarios y ex ) como también, a los parientes por afinidad de cierto personaje.

Manizales, Diciembre 10 de 2012.