Salario de madres Comunitarias: ¿Austeridad estatal Vs. Solidaridad social?
Eso es lo hecho por las madres comunitarias en Colombia, durante décadas, pues sin ellas millones de niños habrían crecido en soledad o esa misma cantidad de padres habrían tenido que renunciar a buscar ingresos fuera de sus casas.
Los hogares comunitarios que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar empezó a apoyar desde finales de los años ochenta, son una mezcla de lo social y lo estatal. Al esfuerzo de una mujer y de las asociaciones que integran, se une el apoyo gubernamental para brindar alimentos y formación. En muchos lugares, los hogares son la única expresión de institucionalidad, y esa realidad surge por necesidad y consentimiento generalizado, ante la insuficiencia de entidades oficiales para cuidar a los menores entre 0 y 6 años.
Así como llegó el tiempo de entender la importancia del cuidado de los niños y niñas y de apreciar la labor de la mujer, ha llegado la hora de valorar y remunerar el trabajo de las madres comunitarias. Por esa convicción radicamos desde 2011 un proyecto de ley que de aprobarse ordenaría remunerarlas con un salario mínimo. Casi un año después de que la iniciativa empezara el trámite en el Congreso, la Corte Constitucional también reconoció ese deber del Estado. A inicios de agosto de 2012, el máximo tribunal le ordenó al ICBF iniciar un proceso para que las madres dedicadas de lleno a los hogares comunitarios devenguen por lo menos un salario mínimo.
A pesar de la sentencia de tutela y de que el Proyecto de ley avanza con el voto favorable de varias bancadas, el Ministerio de Hacienda acaba de enviar al legislativo un concepto negativo, basado en que falta dinero. Con la postura de esa cartera, se frena el proyecto.
El Gobierno pone a reñir la política social con la económica, a costa de desconocer los derechos laborales y sociales de las Madres Comunitarias y de violar los principios constitucionales de la igualdad y la no discriminación.
Además, aparece una incoherencia protuberante, pues mientras defiende una reforma tributaria generosa en exoneraciones para personas con capacidad de pago, se opone a que las Madres Comunitarias puedan recibir lo necesario para la subsistencia.
Desde el Congreso persistiremos en impulsar la iniciativa y en advertir que desconocer el aporte de las madres comunitarias, es una forma de entender la austeridad estatal como impedimento para estimular la solidaridad social.
Carlos Alberto Baena
Senador de la República
