‘Qui va piano, va sano e va lontano’
Como en todo, y en materia tan trascendental con mayor razón, los extremismos son desaconsejables. Ni bravuconadas de un trasnochado nacionalismo, que nos pondrían a la par con regímenes conocidos de autos, ni tampoco claudicación ante un fallo evidentemente injusto, contra el cual el país debe hacer lo humanamente posible por revertir sus efectos.
Por eso respaldamos sin ambages ese primer paso del Gobierno Nacional, de denunciar las contradicciones, inconsistencias y yerros graves en que incurrió el alto tribunal en su sentencia, convocar al país a la solidaridad y a la calma, y volcar la mayor atención en la población del Archipiélago, justamente preocupada por la pérdida de una fuente fundamental de su economía como es la pesca artesanal e industrial en aguas del mar territorial. En esa ocasión, el presidente Santos anunció que invocaría todos los recursos a que hubiere lugar en contra de ese fallo y aquí le hicimos un modesto aporte en el sentido de que el recurso de revisión, entablado y manejado con tino diplomático, podría llegar a garantizar un congelamiento de la situación por el tiempo – hasta de 10 años, según expertos – que se tome la Corte en resolverlo.
Otro paso importante es el que anunció ayer el Primer Mandatario, en el marco del Congreso Cafetero: “He decidido – dijo – que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido nuestra tradición jurídica, y no por sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia, y por eso, en el día de ayer, Colombia denunció el Pacto de Bogotá. El aviso correspondiente fue entregado al Secretario General de la OEA”. Hay que recordar que el Pacto de Bogotá, llamado también Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, fue suscrito el 30 de abril de 1948, durante la IX Conferencia Panamericana, y pone a los estados que lo suscriben bajo jurisdicción de la Corte.
Si bien denunciar el tratado y salirse del marco de ese tribunal no tiene efecto sobre la sentencia de marras, sí nos libra a futuro de demandas y fallos leoninos como el que estamos lamentando. Inclusive, como fue advertido por la Cancillería, el nuevo paso de Colombia busca evitar que el comandante Ortega, envalentonado por su pírrica victoria, incoe nueva demanda ante la CIJ para reclamar las 200 millas de mar territorial que la Corte no le concedió – según se desprende del texto del fallo –, no por razones de fondo, sino por ineptitud de sus representantes para defender la absurda pretensión de fijar límite al oriente del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Con nuestro renovado respaldo al Gobierno Nacional en este tema, debemos anotar que no estamos de acuerdo con quienes se han dedicado a buscar febrilmente responsables del desastre, señalando con dedo acusador a quienes desde el gobierno o como delegados suyos estuvieron a cargo de la defensa del Estado durante el largo proceso, porque partimos de la base de que actuaron de buena fe y si se equivocaron ya no vale llorar sobre la leche derramada.
El gobierno del presidente Santos, por su parte, se encontró con hechos cumplidos y con lo que se había configurado como política de Estado con respecto al diferendo con Nicaragua y a la autoridad de la CIJ para dirimirlo. De modo que su gran responsabilidad es enfrentar las consecuencias de un fallo inapelable y actuar contra el exabrupto de la manera más ecuánime, informada y conducente, evaluando cuidadosamente cada paso y asesorándose para ello de los mejores expertos en Derecho Internacional Público. Eso es lo que ha estado haciendo el gobierno, fiel al sabio consejo romano: “Qui va piano, va sano e va lontano”, y nos alegra que así sea.
Editorial/El Mundo
