Por un Caldas diferente
Se ha sostenido que los partidos políticos deben actuar a través de propuestas programáticas y de contenido social, dejando de lado las ofertas y repartición burocrática. Allí, se plantean las razones de la pobreza, como el gran desafío de la clase política en el presente siglo, debiendo reconocer, que somos un país pobre que continúa empobreciéndose, con una economía informal, la proletarización de la clase media, la cual tiende a extinguirse, el desplazamiento forzado, el cierre de fuentes de trabajo, el abandono del campo y otros factores más, entre ellos la corrupción de sus funcionarios, que hacen de la década un verdadero desafío para los gobernantes.
A la coyuntura anterior, no escapa el Departamento de Caldas, que con área de 7.767 km2, representa el 5.6% del territorio nacional, con una población aproximada de 1.100.000 habitantes, distribuida en 27 municipios, de los cuales el 67% se encuentran ubicados en las cabeceras municipales y el 33% en el sector rural.
En el estudio referido, se dice que la economía de la región se ha caracterizado por altos niveles de concentración y de actividades urbanas, industriales y de servicios en la ciudad de Manizales y Villamaría y de una extendida actividad agropecuaria, especialmente alrededor del café, que ha generado desequilibrios, marginalidades sociales, concentración del ingreso y graves deterioros ambientales, sugiriéndose, la no conveniencia de continuar con el papel concentrador en el desarrollo de estas dos ciudades, dificultando la integración y el desarrollo equilibrado de las otras regiones del departamento.
En materia de infraestructura, se concluye que el departamento se encuentra cuantitativamente comunicado entre sí, pero con deficiencias cualitativas y sin una adecuada y efectiva comunicación con la costa pacífica colombiana. De 3.693 km de vías, más del 75% se encuentran destapadas y deterioradas.
Interesante resulta ser el diagnóstico del documento precitado, que debe ser conocido, leído, estudiado y debatido por las autoridades del departamento, diputados, estamento político, alcaldes, dirigencia empresarial, máxime cuando los medios aluden al desplazamiento del jefe del ejecutivo a las diferentes provincias, que le permite palpar la situación social y económica de las comunidades, para futuros planes de desarrollo, que debe contener claros programas de generación de empleo, con una política de proyección colectiva moderna y participativa, en la búsqueda de la unión ciudadana, con programas para combatir la miseria, la inseguridad, la corrupción oficial y la defensa de los recursos naturales.
Inmenso el reto de quienes tienen la responsabilidad de orientar el futuro de un departamento, otrora de gran peso en el concierto nacional, y para ello se requiere aunar esfuerzos para recuperar la transparencia y la moral administrativa, si se quiere devolverle la confianza ciudadana en sus dirigentes, por cuanto la lucha contra la corrupción y las indelicadezas, para que sea efectiva, debe partir de la credibilidad de quien la plantea y en segundo término, debe ser un propósito común de largo alcance y ajeno a cualquier sectarismo partidista.
Razón tiene el argentino Mario Grondona, cuando afirma que “una cosa es combatir la corrupción bajo el impulso de un consenso público y otra como resultado de actividades mesiánicas o moralizantes. En este último caso, se corre el riesgo de que la corrupción apenas cambie de dueño”.
Bogotá, noviembre 13 de 2012
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