¿Qué hacer para que los fallos judiciales se profieran a tiempo?
El reciente paro judicial y que aún subsiste parcialmente afecta la sociedad colombiana, por los perjuicios sociales y procesales que son enormes, que van desde el acrecentamiento de la congestión y del atraso judicial, hasta la total impotencia del ciudadano que se ve inerme en la solicitud de la protección de sus más elementales derechos fundamentales, en especial los de seguridad social.
La justicia y su aplicación efectiva y oportuna constituyen la espina dorsal de cualquier Estado civilizado y ese mismo Estado, con sus dirigentes en primera línea, tienen que tomar conciencia de la importancia de la justicia en el desarrollo social, político y económico de un país y no darle tratamiento de segunda clase como en la actualidad viene sucediendo.
El hecho de que la sentencia judicial no se profiera oportunamente, genera desconfianza en el tejido social y atenta contra la paz social que tanto anhelan los colombianos.
Ha llegado el momento de tomar conciencia de la situación, por cuanto una justicia que no sea pronta y cumplida, ella no existe, sino se cumplen con esas exigencias mínimas, se convierte en la sal que volviéndose insípida, se arroja al camino para que sea pisoteada por el común de las gentes. Tenemos que ser claros y no llamarnos a engaño, la lentitud de los procesos existe y ello no es justicia.
Se debe generar un compromiso de mejoramiento institucional y no centrar el tema judicial en recursos presupuestales, olvidando que en el pasado reciente por colocar un ejemplo, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que más dinero del erario público ha recibido, tres plazas nuevas en el Consejo de Estado, cuya provisión tardó más de un año por problemas internos de equilibrio de poder, la creación de los juzgados administrativos, que al parecer después de varios años de funcionamiento ya se encuentran congestionados, que dieron origen a políticas de descongestión para dichos juzgados y salas a nivel de tribunales, cuyos resultados no han sido los más positivos, hasta el punto de recibir cuestionamientos de la Contraloría General de la República, por considerar que tan elevados recursos no se traducen en eficiencia judicial.
Igualmente el viejo anhelo de lograr su autonomía se ha concretado con los instrumentos constitucionales que la reforma del 91 le otorga, el mejoramiento de las condiciones físicas, locativas y logísticas para el funcionamiento de los despachos judiciales ha sido sustancial, se ha estimulado el nivel salarial, si lo comparamos con otros sectores de la producción, se ha consolidado la carrera judicial, se ha trabajado en la sistematización, para reducir la congestión y atraso judicial, pero a pesar de todos estos esfuerzos sigue latente el mal y lo más desalentador día a día se incrementa. La pregunta que surge es. ¿Qué hacer?
Ha llegado el momento de las soluciones concretas: gobierno, Congreso de la República, estamento judicial, colegios de abogados, litigantes, sociedad civil, debemos hacer causa común frente a la deficiencia del aparato judicial, eliminándole las facultades electorales que tanto daño le ha hecho a la cúpula judicial y pensar en el ciudadano como usuario de la justicia, que solo aspira a que su demanda sea atendida y resuelta en tiempo razonable, porque así lo ordena la constitución y la ley estatutaria de la administración de la justicia.
El problema estructural de la justicia colombiana y que debe ser atacado de fondo radica en la congestión, atraso, impunidad y acceso, así como el llamado para que el proceso no sea utilizado para actos injustificados o para formular pretensiones sin respaldo jurídico alguno.
De no darse esta aspiración, se estaría dando paso a las voces que vienen pregonado que ante la dificultad de una verdadera reforma vía Congreso, se acuda a otros instrumentos constitucionales como una constituyente, libre de tantos compromisos , de ataduras y que actúe en función de patria.
Adenda: Ante la situación política administrativa por la que atraviesa Bogotá, al decir de los comentarista de opinión, por la arrogancia, prepotencia e improvisación de algunos proyectos de ciudad por parte del Alcalde Petro, llama la atención como ciertos sectores sociales, políticos y medios de comunicación se rasgan las vestiduras cuestionando y criticando a este funcionario, cuando ellos mismos estimularon y patrocinaron electoralmente ambiciones sin horizontes de tres aspirantes (Parody, Luna, Galán), permitiendo que por el camino del medio ganara las elecciones el candidato Petro, con tan solo el 33% de la votación bogotana. Victimas de su propio invento.
Bogotá, noviembre 27 de 2012
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