28 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

El fallo de la Corte de la Haya

22 de noviembre de 2012

El fallo ratifica la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los cayos de Serranilla, Bajo Nuevo, Serrana, Quitasueño y Roncador, al norte de las islas, y Este Sudeste y Alburquerque, al sur del archipiélago, pero modifica el Tratado Esguerra Bárcenas, suscrito entre los dos países en 1928, y cambia los límites marítimos de manera que le quita a Colombia miles de Kilómetros de mar sobre los cuales venía ejerciendo soberanía, con graves consecuencias para el país, particularmente para los pobladores del archipiélago y, en especial, para los pescadores.

El Presidente de la República, en su alocución pública manifestó al respecto que «No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el Tratado, que ella misma había declarado válido y vigente» y anunció que, aunque el gobierno es respetuoso del Derecho, «no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el Derecho Internacional para defender nuestros derechos».

Diversos especialistas en el tema, por su parte son escépticos de que el fallo vaya a ser revisado o modificado, y lo más seguro es que estamos ante un hecho cumplido, lo que no obsta para demandar de los organismos competentes nacionales esclarecer dudas e interrogantes, como la eficacia de la defensa que representó a nuestro país o el desconocimiento por parte del gobierno del concepto del Consejo de Estado en el sentido de que no era necesario acudir a los tribunales internacionales, y cuyo Presidente ha dicho recientemente que es «algo que ya se preveía desde 2007, cuando decidieron poner un tratado aceptado por las partes en un tribunal internacional». Las responsabilidades políticas, si las hay, deben quedar claras ante el país.

De todas maneras, la decisión de la Corte Internacional de Justicia crea una nueva situación en las relaciones entre Colombia y Nicaragua que debe ser abordada por los dos gobiernos de manera constructiva con el fin de resolver los problemas que surgen de la aplicación del fallo, entre ellos, el de que los habitantes del archipiélago que derivan su subsistencia de la pesca. Lo que impone la realidad es afianzar la amistad y trabajar en proyectos integracionistas que beneficien a los dos países.

Por consiguiente, al tiempo que rechazamos el atentado de la Corte Internacional de Justicia contra los intereses de Colombia, nos oponemos a cualquier manifestación de chovinismo, pues estamos convencidos que, más allá de nuestras diferencias, el futuro de América Latina está en la unidad para enfrentar conjuntamente los retos que se nos plantean y lograr el desarrollo económico y social, la justicia social, el pleno respeto a nuestra soberanía nacional y un futuro mejor para nuestros pueblos.

En lo que respecta a los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, les expresamos nuestra solidaridad y exigimos para ellos una mayor atención del Gobierno Nacional a fin de contribuir efectivamente a la solución de sus problemas y superar el abandono a que han estado sometidos.

Gloria Inés Ramírez Ospina
Senadora de la República