29 de mayo de 2022
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4 G, el camino apenas comienza

12 de noviembre de 2012

El llamado debate 4G tiene cuatro componentes sobre los cuales deben tomarse medidas de efecto inmediato sobre el presente y futuro en la prestación de los servicios asociados a las TIC que garanticen: acceso democrático al espectro radioeléctrico y restricciones a las prácticas monopólicas -Art. 75 de la CP-; desarrollo de la libre competencia en el mercado, en escenarios de igualdad, sujeta a una eficiente regulación económica del Estado -Artículos 333 y 334 de la CP-; una eficaz protección de los usuarios de los servicios -Artículo 78 de la CP-; y la eficiente prestación de los servicios a la totalidad de los habitantes en el territorio nacional -Artículo 365 de la CP-.

Tal como es su deber funcional -Ley 1341 de 2009-, es de esperar que la CRC expida medidas regulatorias, que garanticen el libre desarrollo de la competencia en el mercado, que produzcan los efectos buscados y fortalezcan la competencia, para que con una mayor oferta de servicios, mejore la muy mala calidad de los servicios actuales, en especial el de telefonía móvil celular y se disminuyan las altas tarifas que por este concepto deben sufragar los usuarios.

Cuando se trata de la prestación masiva de servicios, en lo referente a la protección de los usuarios, no es suficiente la vía sancionatoria o punitiva del Estado, por tanto, aparte de las medidas orientadas a la regulación económica del mercado, la CRC debe ocuparse de temas como: la eliminación definitiva de cualquier tipo de clausula de permanencia mínima; que los efectos del silencio administrativo positivo sean aplicados por el propio usuario; que el derecho a la conectividad permita desde cualquier terminal acceder a cualquier red cuando sea técnicamente posible; que se haga pedagogía suficiente del derecho a la portabilidad para que más que una ley, sea una verdadera oportunidad del usuario que como propietario de su número o de su código de identificación pueda portarlo y usarlo a través de diferentes proveedores de servicios.

En este importante debate, todavía hay inquietudes por resolver, entre ellas, en el caso de los servicios y la provisión de redes de telecomunicaciones, los cuales están a cargo del Estado, se hace necesario que se determine con claridad el alcance de las concesiones, pues como es apenas natural en este tipo de habilitaciones, los bienes e instalaciones que se utilizan para la prestación de los servicios una vez terminada la concesión revierten a favor del Estado.

El hecho de que las TIC sean cada día más estratégicas para la vida en sociedad, que ellas determinen no solo la economía y el desarrollo, sino que además afectan en forma directa la existencia de las personas, nos lleva a pensar que su infraestructura no puede estar entregada en forma intemporal a los proveedores privados de estos servicios, que por el contrario una vez hecha la explotación concedida -que no debe exceder el plazo de diez años-, la misma debe ser revertida al Estado en quien sabiamente recae la responsabilidad de la prestación eficiente de los servicios públicos.

Eugenio Prieto
Senador de la República