Mancuso pide cupo en proceso paz
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se negó a seguir colaborando en Justicia y Paz porque a sus colaboradores los estaban asesinando.
En medio del evento de instalación de la mesa de diálogos entre gobierno y Farc, una fuerte misiva ha llegado a manos del presidente Juan Manuel Santos.
El remitente es Salvatore Mancuso, el extraditado jefe de las Autodefensa Unidas de Colombia, quien exige al gobierno reactivar el proceso de negociación entre los paramilitares y el gobierno nacional. Mancuso pide participar del proceso de paz que este jueves se inicia en Oslo (Noruega) y propone que sea o bien en una mesa única con la guerrilla o en una paralela.
También exige que se le otorgue a los miembros del paramilitarismo derechos políticos y advierte que de no incluirse a los paramilitares no habrá una paz sostenible ni duradera. Este es el contenido de la carta que El Espectador da a conocer a la opinión pública.
Al presidente Santos, a las FARC-EP y al pueblo de Colombia
En la hora de consolidar los diálogos de paz
“Lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace”
Manifiesto mi júbilo ante el inicio del Proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, y celebro el propósito del ELN de sumarse a las negociaciones. Asimismo, como uno de los líderes del Estado Mayor Negociador, reitero enfáticamente el deseo de las Autodefensas de participar activamente del proceso conjunto de construir la Paz.
Amargas y dolorosas lecciones de la historia y experiencias propias, nos enseñan que un Proceso de Paz que no incluya a la gran mayoría de los actores del conflicto resultará insuficiente para evitar que las zonas desocupadas al momento de la desmovilización por unos, sean fatalmente retomadas por otros, exclusiones y vías de hecho que han sido una tendencia histórica, que han convalidado y reeditado la violencia y promovido la lucha armada como expresión política para defender intereses cuando democráticamente se está impedido, perpetuando la guerra, la continuidad de daños inenarrables en la vida de miles de personas y retrasando en amplias regiones el desarrollo socioeconómico y la democracia incluyente y plural.
Allí está reciente nuestro ejemplo, con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, y el ejemplo de los grupos guerrilleros que dejaron las armas, como el EPL, el M19, la Corriente de Renovación Socialista, el ERP, el Quintín Lame, etc., lecciones que ciertamente no fueron benéficas para fortalecer la institucionalidad y la democracia o alcanzar una paz estable y duradera, y que no debemos desdeñar.
¿Por qué impedir la participación de uno de los actores históricos reconocidos del conflicto, como las Autodefensas, que hemos sufrido con buena parte del País los desaciertos de un proceso de paz mal concebido? ¿Por qué no anticiparnos y remover los obstáculos que puedan restar credibilidad, representatividad y confianza al logro de la paz verdadera?
No será la inclusión política de los desmovilizados y sus bases sociales la que impida la solución negociada -ni tampoco la participación en el Proceso de Paz de la mayor cantidad de los actores del conflicto-, sino su invisibilización y exclusión política, la de sus comunidades, las que harán inviable la solución.
Cuál sería el interés que no se puedan expresar democráticamente con razones y argumentos, las ideas de quienes deponen las armas y durante años representaron los intereses de tantas comunidades, para que dentro de la institucionalidad, puedan ayudar a resolver los enormes problemas que aquejan especialmente a la Colombia marginal y periférica. Acaso desconocen que sin armas dentro de la contienda política democrática nada se puede imponer, y todo lo que dentro de ella se pretenda conseguir se obtendría convenciendo con la fuerza de las ideas, de la razón, de las promesas cumplidas, o es que allí no existen todos los controles, y mejor aún la participación de todas las variables políticas. ¿Quiénes son los pocos que se benefician de esta exclusión y sus funestas derivaciones? No es el pueblo colombiano.
Resulta inevitable que haya ciudadanos que deseen que guerrilleros y autodefensas, quienes tenemos iguales responsabilidades en cuantiosos hechos de guerra, nos pudramos en una cárcel o regresemos a la sociedad con nuestros derechos humanos y políticos cercenados. Pero no puede ser el castigo el único remedio que exija una sociedad que busca justicia pero también Reconciliación y Paz.
Las FARC-EP aspiran a transformarse en una fuerza política legalmente reconocida, también nosotros, así lo hemos manifestado innumerables veces, como el día de la instalación oficial de la mesa de negociaciones en Ralito, el 1 de julio de 2004, cuando dije: “para eliminar toda posibilidad que conduzca a un nuevo resurgimiento de la opción armada antisubversiva, nosotros como Autodefensas Campesinas avanzaremos, no hacia la desaparición como organización, sino hacia la transformación en un movimiento político de masas a través del cual la retaguardia social de las Autodefensas pueda constituirse en una alternativa democrática que defienda, custodie y proteja los intereses, derechos y demandas de nuestras comunidades ante los poderes del Estado”.
Las FARC aspirarán a ser en la legalidad líderes sociales en las diferentes zonas donde actuaron, y también en otras. ¿Cómo evitar que no vean las comunidades a sus integrantes como una amenaza si los otros desmovilizados no pueden competir políticamente con los mismos derechos y garantías que reciban los miembros de las FARC? ¿Por qué unos actores desmovilizados del conflicto sí harán proselitismo político y otros no? ¿Por qué propiciar esa diferencia de criterios, estratificar la violencia, las víctimas y los actores del conflicto armado según la posición política o ideológica? ¿Será socialmente viable un posconflicto parcializado que incluya a unos y rechace a otros? ¿Que los desmovilizados como autodefensas, e incluso los ya desmovilizados como guerrilleros en los años recientes, no recibamos un trato equivalente al que reciban los mandos y los soportes políticos y logísticos de las FARC y por el contrario quedemos confinados a la cárcel, extraditados, proscritos de la sociedad y seamos los únicos a los que se nos exija reparación y verdad?
¿Conducirá a la paz la iniquidad y extravagancia que representa la asimetría de condenar a unos por los mismos actos de guerra dentro del0 conflicto armado irregular, mientras que simultáneamente, no solo se ignora la barbarie de los otros, sino que también se premian?
¿Habrá auténtica paz si se le da un trato diferenciado a guerrilleros, autodefensas y militares cuando estos últimos han dicho: “no queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y militares que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados, y confinados en las distintas cárceles del país”?
Por estas argumentadas razones, le pedimos respetuosamente, señor Presidente Santos, que retome el Proceso de Paz inconcluso con las Autodefensas, que fue truncado por el Gobierno anterior que suspendió el componente político de las negociaciones, al negarse a firmar los acuerdos pactados en la mesa cuando así se lo exigimos, vulnerando a los desmovilizados, a las comunidades directamente afectadas y decepcionando al país, cuando ya habíamos desmovilizado todos los hombres y mujeres de las autodefensas, dejándonos en el limbo, anclados exclusivamente al componente judicial transicional, sumido en total incertidumbre, plagado de vacíos, indefiniciones, inseguridades jurídicas y físicas; cercenados los derechos políticos y civiles, silenciados, extraditados, proscritos y encarcelados al lado de los líderes de nuestras bases sociales, apoyos políticos, empresarios, militares y amplios sectores de la sociedad que en su momento, cuando el país estuvo a punto de colapsar a manos de las guerrillas, nos empujaron, pidieron ayuda o nos apoyaron.
Y aunque hemos recurrido a la justicia buscando solución a estas falencias, ha sido imposible que la justicia las resuelva sola, ella no tiene las herramientas, y aún más, digámoslo con franqueza: en la forma como se ha abordado el componente judicial transicional, ni el Estado, ni el aparato judicial, tienen las herramientas, ni los recursos, mucho menos, la capacidad para evacuar el universo de hechos a juzgar – que abarcan todo el código penal – cometidos por las partes en contienda durante más de 50 años de conflicto armado.
Señor Presidente Santos: le pedimos relance y dé continuidad al Proceso de Paz con la Autodefensas para proseguir adelantándolo de manera conjunta o en simultáneo con las FARC-EP y con los otros actores que deben tener asiento en esa mesa única o paralela, para darle solidez, consistencia y sustentabilidad a los acuerdos finales.
Señor Presidente Santos, dirigencia de las FARC-EP y Pueblo Colombiano: Se necesita del compromiso del Estado en su totalidad, de la mayor cantidad de actores del conflicto, de los medios de comunicación y de toda la sociedad y la Comunidad internacional para alcanzar la Paz, para que los compromisos y los acuerdos pactados no sean malogrados por hechos y lógicas siniestras que nos excedan desde las ‘manos oscuras’ de quienes están dispuestos a utilizar todos los recursos legales o ilegales, estatales o paraestatales de izquierda o de derecha habidos y por haber, en contra de la Paz y la Reconciliación, y del País donde quepamos todos.
A la dirigencia de las FARC-EP, a sus negociadores, a sus tropas y bases sociales y políticas, les pedimos evitemos se siga reciclando en un solo colombiano y colombiana, y con cualquier pretexto, la exclusión que los llevó a empuñar las armas. Les pedimos que participemos conjuntamente en la construcción de la Paz, compromiso con el que indeclinablemente debemos desnudar las verdades del conflicto, para que podamos subsanar las profundas causas que lo originaron y mantienen, cuáles y de quiénes las responsabilidades asumiendo las que nos correspondan, sin revanchismos, procurando mirar hacia adelante para evitar se sigan repitiendo los males y lograr así una Paz duradera. La paz, el perdón y la reconciliación son posibles.
Estimulémoslos, sembrémoslos con nuestro ejemplo. A nombre de todas las Autodefensas que como yo tengamos el corazón dispuesto, les pedimos perdón por los hechos de guerra y les perdonamos, los daños infringidos, el dolor y los sufrimientos causados entre nosotros, y producto de esa confrontación, a Colombia entera, a la que también imploramos perdón.
Presidente Santos, a Usted y por intermedio suyo al Pueblo y al Estado colombiano que Usted representa, clamamos nos concedan el perdón y la posibilidad de ayudar a construir una sociedad en Paz y Reconciliada. Esperamos de corazón, que los diálogos de Paz que inician una fase decisiva en Oslo y en La Habana incorporen el bien común de la sociedad entera, como criterio rector que prevalezca humanitariamente por sobre las legítimas posiciones políticas de unos y de otros, reconstruyendo el tejido social ultrajado durante este largo conflicto armado.
No se trata de pretender cheques en blanco ni inmunidades ni privilegios a futuro, sino de disfrutar, todos igualitariamente, la oportunidad de un nuevo renacer. De poder participar política y democráticamente, en igualdad de derechos y obligaciones, dentro del ordenamiento legal y constitucional, para que se verifique aquello de que no habrá vencedores ni vencidos, todos igualmente dedicados y comprometidos con la realización de los imperativos de la Ley y de la Paz. Y así recorrer por siempre el bello camino de la Reconciliación. Con nuestros mejores deseos de Paz y Reconciliación.
SALVATORE MANCUSO GÓMEZ
Warsaw, Virginia, USA
17 de octubre de 2012