8 de mayo de 2021
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Orden de captura contra la ex directora del Issq

22 de septiembre de 2012
22 de septiembre de 2012

Uribe Escobar fue sentenciada el pasado 10 de mayo por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia a una pena de 64 meses de prisión, pagar una multa de 66.66 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, Smmlv equivalentes a más de 37 millones de pesos, y una inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas de 80 meses, pena que fue confirmada por el alto tribunal en segunda instancia.

De acuerdo con la providencia y ante la ausencia de la exfuncionaria se libró la orden de captura, además se ordenó la expedición de las copias con destino a la dirección seccional de Fiscalías para que se investigue lo relacionado con la presunta conducta punible de peculado en la que pudo incurrir la señora Uribe Escobar.

Es de precisar que esta decisión admite el recurso extraordinario de casación que podrá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la audiencia realizada ayer.

Los Hechos

Martha Isabel Uribe Escobar, en el desarrollo de su gestión como directora del Issq, el 25 de mayo de 2005 suscribió el contrato tripartito número 63-08-00-106 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Familiar, Coohobienestar, para adelantar el programa de complementación nutricional y alimentación de 2.642 menores de 3 años, de estratos 1 y 2 por un término de 140 días, por el monto de 264.800 millones de pesos, los cuales fueron pagados en cuatro cuotas. Al mencionado convenio se le adicionaron 137 millones 400 mil pesos para un periodo de 60 días hábiles más, lo que después fue aclarado en el sentido de que la adición sería de 57 días.En consecuencia, el convenio fue por un total de 412 millones 200 mil pesos.

De igual manera, el 11 de agosto de 2006, Uribe Escobar suscribió otro convenio tripartito número 63-18-134 con las mismas entidades enunciadas, en esta oportunidad, para suministrar complementación nutricional a 3.364 menores de tres años de estratos 1 y 2 por un término de 56 días, y con un presupuesto de 182 millones 800 mil pesos.

El dinero para llevar a término los mencionados convenios, en ejecución del programa Mi Goberlechita, fueron aportados en su totalidad por el Issq.

Por su parte, Coohobienestar, entidad privada, sin ánimo de lucro, en su calidad de operador se comprometió a ejecutar el objeto de los convenios suscritos, para lo cual subcontrató informalmente con las empresas: Productos alimenticios Villa Tere y Huevos Nido, que a su vez subcontrató con la empresa Yerlec Ltda. quien en realidad se encargó de la producción del complemento alimenticio.

“En las fases precontractuales de ejecución y liquidación de los convenios referenciados, se desconocieron los principios constitucionales a los que de conformidad con el canon 209 Superior, debían ceñirse tales actos, así como los de la ley 80 de 1993 aplicables a la contratación directa”, refiere el expediente.

El 7 de septiembre de 2007 la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos en contra de la entonces directora del Issq, Martha Isabel Uribe Escobar, por las presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de los recursos destinados a Mi Goberlechita. Por estos mismos hechos la exfuncionaria fue llevada a juicio oral por parte de la Fiscalía.

La entonces directora del Issq habría violado las normas vigentes al trasladar a Coohobienestar, entidad de carácter privado, facultades de administrar los recursos públicos y de seleccionar la empresa encargada de la producción y distribución del complemento nutricional Goberlechita.

Asimismo, la investigación señala que Uribe Escobar suscribió de manera directa un contrato tripartita con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, del Quindío y la Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Armenia, Coohobienestar, por más de 274 millones de pesos, violando el deber de selección objetiva.

En este tipo de contratación, según la ley, la ex funcionaria estaba obligada a cursar invitación a todas las entidades con la misma naturaleza jurídica para que permitiera la escogencia de contratista, previa participación en igualdad de condiciones de varios proponentes.Crónica del Quindío.