16 de mayo de 2021
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El procurador Ordóñez debe acatar y respetar las decisiones judiciales

22 de septiembre de 2012

La decisión de la Corte tiene tal trascendencia en el ordenamiento y en la cultura jurídica del país, por cuanto ha colocado una vez más, las decisiones de la majestad de la justicia, por encima de los intereses protervos de las corrientes del obscurantismo que se mueven en los estadios del poder, y ha puesto en evidencia la conducta prevaricadora del principal agente del Ministerio Público, cuya función constitucional y legal es la de garantizar la protección y promoción de los derechos humanos, en este caso, los derechos humanos de las mujeres, en relación con el derecho a la libre determinación sobre su cuerpo, su sexualidad y la opción por la maternidad, al conminarlos, que en el término perentorio de 48 horas, procedan a rectificar públicamente sus opiniones y valoraciones falsas y tergiversadas sobre el derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el marco de las precisas circunstancias establecidas en la Sentencia C-355 de 2006 y las ordenes contenidas en la Sentencia T-388 de 2009 sobre el diseño de campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos.

La arrogancia y la prepotencia de estos pequeños paladines del obscurantismo que buscan de forma perspicaz la reelección en el primer órgano de control del sistema político imperante, se ha mostrado en las argucias y en las falacias torticeras que de forma apresurada buscan confrontar la sabiduría, la justeza y la ponderación de cada uno de los contenidos de la racio decidendi de la Sentencia T-627 de 2012, que reafirma la decisión del Constituyente del 91, de confiar la guarda de la Carta Política del país y de la vigencia de un Orden Justo, en un Tribunal de Cierre cuyas decisiones deben ser acatadas y respetadas por los más encumbrados estamentos del Estado.

Las razones de peso que tuvo en cuenta el Tribunal Constitucional en su decisión se basaron en que el Procurador General de la Nación y sus dos Procuradoras Delegadas han «emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada en relación con los derechos reproductivos de las mujeres colombianas» como aconteció con las ordenes proferidas en la Sentencia T-388 de 2009, contra la cual la Procuradora Ilva Myriam Hoyos, promovió un incidente de nulidad que buscaba dejar sin piso la decisión de la Corte, que mediante Auto 283 de 2010 le fue negado. Lo mismo sucedió con la Sentencia T-585 de 2010 que declaró, que en los casos despenalizados del aborto por la Corte, la IVE es un derecho de carácter fundamental perteneciente a la categoría de los derechos reproductivos, cuyo incidente de nulidad fue rechazado también mediante Auto 038 de 2012.

En este punto es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional[1], en reiterada jurisprudencia, ha señalado que «el cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho (CP Art. 1º) que se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía constituye grave atentado al Estado de Derecho, ya que conllevaría restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas insustanciales, carentes de contenido (…)»[2]. Así, «no es posible hablar de Estado de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo»[3].

Adicionalmente ha reiterado, que el incumplimiento de las decisiones judiciales es un «atentando contra (…) los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le resta efectividad a la orden dada por la autoridad competente»[4].

Cuando la orden judicial está dirigida a un funcionario público la Corte ha sido particularmente enfática en indicar que «todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde (…) tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales»[5], como en el presente caso.

En el caso específico del Procurador General de la Nación este deber de cumplimiento de las decisiones judiciales se refuerza porque la Constitución le asigna expresamente la función de vigilar el cumplimiento de las mismas (Art. 277 superior, numeral 1) y, ello se hace más evidente en lo que toca con las decisiones de tutela, pues el mismo artículo en el numeral 2, le ordena proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad.

Por las profundas implicaciones negativas que tiene la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales para el Estado Social de Derecho, esta omisión puede derivar para los funcionarios públicos, en la comisión de delitos y/o faltas disciplinarias y así lo establece con claridad el Código Penal en su Artículo 414, donde se tipifica el prevaricato por omisión, conducta que comete el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones.
Adicionalmente, el Artículo 454 penaliza el fraude a resolución judicial, cuando una persona por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en la misma. A su turno, el Código Disciplinario Único en su Artículo 34 prescribe como deber de los servidores públicos, cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales y el incumplimiento de los deberes es calificado como una falta disciplinaria grave o leve en el artículo 50.

Así las cosas, el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado y sus Procuradoras Delegadas, deberán MODIFICAR, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, la posición oficial de la Procuraduría General de la Nación en el sentido de que, en Colombia, la anticoncepción oral de emergencia:

1. No tiene carácter abortivo sino anticonceptivo,
2. Su uso no está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto,
3. Las mujeres que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en el delito de aborto y
4. Hace parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden libremente elegir.

Tal modificación deberá hacerse, además: (i) de forma pública y (ii) con despliegue y relevancia equivalente a las declaraciones dadas por el Procurador General de la Nación el 7 de diciembre de 2009 al diario El Espectador.

Así mismo, la decisión del Tribunal Constitucional ORDENA a la Comisión de Regulación en Salud, CRES, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, LEVANTE la suspensión de la decisión acerca de la inclusión del principio activo del Misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud y, en consecuencia, CONTINÚE su trámite desde la etapa en la cual fue suspendido.

De esta forma se reitera la jurisprudencia sobre el derecho fundamental de las mujeres colombianas a la IVE como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones de respeto y garantía en cabeza del Estado y los promotores y prestadores del servicio de salud.

Será que los defensores a ultranza de Monseñor Procurador que ocupan las curules en el Congreso de la República se atreven a reelegirlo, encontrándose incurso en la comisión del delito de prevaricato?
De todas formas, en mi condición de Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres, anuncio desde ya, que nuevamente sustentaré ante la Plenaria del Senado de la República mi voto de OBJECIÓN DE CONCIENCIA ante la impostura de reelegir a un funcionario prevaricador que pretende bajo el amparo de una concepción confesional del Estado, sustituir la Constitución y hacer rupturas al Estado Laico, Social y Democrático de Derechos por el cual se rige la Nación Colombiana.

Gloria Inés Ramírez
Senadora de la República