Dinero hay, pero se debe ejecutar
Ese pareciera ser el grito imperativo que deben escuchar los gobernantes nacionales, regionales y locales sobre lo que deben hacer en los próximos meses. El nivel de recaudo está en los mejores niveles históricos, la inversión extranjera se cuenta por miles de millones de dólares y poco a poco se abren paso las asociaciones público – privadas como mecanismo idóneo para hacer negocios; todas las anteriores situaciones financieras y económicas que redundan en beneficio de la infraestructura nacional; eso si hacemos bien las cosas en los momentos precisos y no dejamos que la cultura de la corrupción siga capturando el futuro del país.
Ayer se supo que la meta impuesta por el gobierno de Santos es invertir en los próximos dos años más de $18 billones, una cifra cercana al 3% del PIB. Dijo el Presidente, “queremos duplicar las dobles calzadas para 2014. En 2010, teníamos unos 700 kilómetros de estas vías y en dos años vamos a tener 1.700 kilómetros”. Eso como anuncio está bien, pero la historia nos ha demostrado que para anunciar estamos solos y que más valen las inauguraciones que las primeras piedras. Ya se lanzó la llamada Cuarta Generación de Concesiones Viales en Colombia, mediante las cuales el país recibirá inversiones de $40 billones en infraestructura de aquí hasta 2018. Los ministros del ramo y sus funcionarios de primer y segundo nivel no deben ser inferiores al reto de entregar obras visibles, eficientes y bien terminadas en los tiempos contratados, para que los colombianos no vuelvan a tener más frustraciones, como la ‘tragedia de los Nule’.
La administración Santos debe pasar de la época de los anuncios a los hechos y realizaciones concretas. De nada se vale proponer, anunciar y atraer inversiones, si el país económico sigue son un rezago en infraestructura de tres décadas. No hemos contado con suerte en materia de infraestructura porque muchas empresas de construcción nacionales no se ajustan a los negocios y las entregan en malas condiciones y a destiempo, y los pocos extranjeros que se han metido en este negocio en Colombia, son expertos en tribunales de arbitramento, más que en la entrega de obras.
La República/Editorial
