14 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Concesión de cárceles no es la solución a la crisis: senadores de Comisión Primera

20 de septiembre de 2012
20 de septiembre de 2012

El senador Luis Carlos Avellaneda (PDA), citante del debate, considera que el plan propuesto es realista, pero que el tema del hacinamiento se tiene que resolver con un plan específico, analizando qué detenidos pueden permanecer en las cárceles y cuáles no, lineamiento que no plantea el proyecto del Gobierno.

Sugiere, por ejemplo, que los reclusos clasificados como enfermos siquiátricos, que suman 2.569, deben ser llevados a centros especiales.

A las mujeres embarazadas y madres cabeza de familia, se les puede aplicar libertad condicional. «Las cárceles no son para los niños, porque se les induce a la violencia», afirma el congresista.

Según las cuentas del senador Avellaneda hay 34.000 internos que no deben estar en las cárceles. «Esto bajaría el 1,29 el porcentaje del hacinamiento. Este es el camino, antes de que suceda una catástrofe, como ha pasado en otros países», dice.

Considera el senador Avellaneda que se viola una recomendación internacional, al permitir que la Policía sea la que custodie (vigile) y de la misma manera también reprima (detenga).

El senador Carlos Soto (Partido de la U), sugirió que se utilice la tecnología para prevenir, y se piense en la formación académica para resocializar a los reclusos, en especial, a los jóvenes para que se reinserten a la sociedad sin repetir problemas de comportamiento.

Por su parte, el senador Parmenio Cuellar (PDA) calificó la propuesta del Gobierno como paliativa, y que no enfrenta el problema estructural de la crisis carcelaria. «El remedio es hacer cambios de fondo en el sistema penal. No todos los delitos deben ser sancionados con cárcel», asegura.

El senador Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U), también cuestionó que el Gobierno pague $600 millones por el arriendo de las oficinas de una entidad que se creó para buscar una solución a la crisis carcelaria, pero «no ha hecho nada: solo anuncios, que va a abrir licitación, que está haciendo el estudio, pero el problema de salud sigue allí».

Cifras

Datos que reveló el senador Luis Carlos Avellaneda
—En la Cárcel La Picota hay instaladas cámaras de seguridad que no se usan, que costaron $78.000 millones
—Se planea construir una sala de crisis, que cuesta $50.000 millones.
—El cambio de uniforme de la guardia costó $5.600 millones
—El cambio de logotipo tuvo un valor de $800 millones.
—Contrataron un estudio por $1.200 millones para saber quiénes iban a ser condenados y cuáles sindicados.

Proyecto de Salud

La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio, manifestó que el Gobierno presentará con mensaje de urgencia un proyecto de ley que regule el sistema de salud de la población carcelaria, que según la funcionaria, es bastante costoso.
Cada interno le representa al Gobierno $450.000, y esa tarifa no es atractiva para las empresas prestadoras de salud, según la funcionaria.
Dijo que trabajarán en brigadas jurídicas con profesionales de derechos que gestionen la solicitud de los beneficios de excarcelación que aplican para algunos reclusos, y que solicitó al Consejo Superior de la Judicatura la creación de más jueces de ejecución de penas.
El Ministerio de Justicia propondrá que se acepten acuerdos de pago para acceder los beneficios de libertad condicional, cuando el recluso aplique para esta medida.

Visitemos las cárceles

Entre tanto, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, precisó que el problema carcelario es estructural y propuso sesionar en los centros reclusorios con la asistencia de los miembros del consejo de política criminal, el Gobierno, entidades de derechos humanos y el Congreso.
«Hay que revisar el sistema penal en su integralidad, porque la respuesta para solucionar los problema sociales, siempre es el penal».
Otálora recomendó construir instalaciones judiciales frente a las cárceles, con lo que se evitarían los traslados a los juzgados.
Finalmente dijo que las equivocaciones por privar de la libertad a ciudadanos inocentes, le ha costado al Estado $200 billones.