13 de mayo de 2021
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Asegurado exdirector del Hospital Meissen por «multimillonario despilfarro»

19 de septiembre de 2012
19 de septiembre de 2012

Para la funcionaria judicial, los acusados, basándose en la imputación hecha por la Fiscalía, se apropiaron de manera irregular de dineros del Distrito afectando así el derecho fundamental de la salud de un grupo de personas que se encontraban en estado de vulnerabilidad.

En su intervención que duró casi una hora, la juez de garantías detalló el hecho de que estos funcionarios públicos interpusieron sus intereses personales al bien general de una comunidad, cuya mayoría de habitantes está suscrita al régimen subsidiado.

“El servicio de salud es un servicio público especial que el estado le debe garantizar a todos sus ciudadanos, máxime cuando es una comunidad vulnerable”, precisó la funcionaria judicial, quien señaló que los funcionarios incumplieron gravemente los compromisos que tenían con la sociedad.

La administradora de justicia acogió los argumentos y elementos materiales probatorios entregados por el abogado que representa los intereses del Hospital de Meissen en este caso, quien indicó que los delitos imputados por la Fiscalía el pasado lunes revestían de “una importante gravedad” puesto que afectaron el servicio de la salud de las personas que debían atender y proteger.

“Son aberrantes las situaciones fácticas que han dado motivo a la formulación de imputación”, precisó la juez haciendo referencia a los hechos presentados por el costo sobre evidentes sobrecostos en elementos y alimentos no perecederos, así como el hecho de que no se hicieron estudios técnicos para la compra de dichos materiales.

Un desfalco de 546 mil millones de pesos

Durante su intervención la juez manifestó que los pobladores de la ciudad Bolívar tuvieron que aguantar precarias situaciones al servicio de salud puesto que el centro hospitalario muchas veces argumentó no contar con los elementos médicos para atenderlos, mientras que en el interior del mismo se fraguaban multimillonarios detrimentos con los dineros públicos.

“Sobrecostos e irregularidades contractuales denotan que fue la prevalencia de unos intereses particulares para favorecer a unos pocos y ni a la mayoría de una población que es marginada, vulnerable y que tiene que resignarse a que se le vulnere el más elemental de sus derechos, el de la salud básica afectando así su vida y la protección social”, indicó la juez.

“Esta comunidad carece de muchas oportunidades, derechos mínimos, entonces no resulta en ese orden coherente ni admisible que se haya hecho una serie de despilfarros de dineros públicos por medio de una serie de contrataciones improvisadas y desfasadas que permitieron un detrimento patrimonial”, precisó la juez.

En el caso del exgerente del Hospital, la juez señaló que le incurre una doble falta, puesto que además que era su obligación vigilar y ser garante de la buena inversión de dichos dineros públicos, su profesión como médico cirujano lo obligaba a preservar la salud y la vida. “Tenía un compromiso social, ético y moral”, indicó.

En el caso de Marleny Sierra, la juez indicó que la subdirectora administrativa tenía que velar por la contratación transparente, algo que según la imputación hecha por la Fiscalía General no se hizo puesto que tenía que vigilar por la integridad y legalidad de estos convenios. “Esto no es improvisado sino haciendo un análisis y revisión”.