8 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Armenia reclama a David Barros Vélez $883 millones 207 mil

20 de septiembre de 2012
20 de septiembre de 2012

El 3 de octubre se realizará un nuevo intento de la segunda sesión de la audiencia de reparación integral que no se pudo realizar ayer en su cuarta convocatoria.

En esta se involucra a Barros Vélez, quien purga una condena de 17 años y 6 meses en la cárcel La 40 de Pereira, al haber sido hallado responsable de delitos contra la administración y la fe pública.

El valor solicitado por la capital quindiana, en su papel de víctima, se dio al considerar el sobrecosto en las cámaras de seguridad, que fue de $592 millones 837 mil 639. A este se le indexó una cifra considerada por los perjuicios dando los $883 millones 207 mil.
Cabe señalar que ayer no se pudo realizar la audiencia, porque no llegaron ni los representantes de las víctimas, ni la defensa ni su prohijado. La primera vez que se citó para este trámite fue el 26 de abril, que se aplazó por solicitud del representante del municipio, sumado a que para el momento el exmandatario David Barros Vélez se encontraba hospitalizado en el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda.

Es así como se postergó para el 9 de mayo, fecha en la que se solicitó la suspensión por parte del representante del ministerio del Interior al indicar que se encontraba en vacaciones, quedando como nueva fecha el 23 de julio que tampoco se pudo hacer por cuanto que el representante de la municipalidad había renunciado a su cargo y fijándose así la de ayer, suspendida por las razones antes expuestas.

Código de Procedimiento Penal articulo 103

Modificado por la ley 1395 de 2010, trámite del incidente de reparación integral. Iniciada la audiencia el incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la que se aspira e indicación de las pruebas que hará valer.

El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y esta fuera la única pretensión enunciada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto de los recursos ordinarios en los términos de este código.

Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del condenado y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al incidente.

En caso contrario, el juez fijará fecha para una nueva audiencia para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse, el sentenciado deberá ofrecer sus propios medios de prueba.

Por Gustavo Adolfo Andrade Patarroyo
Crónica del Quindío