Se promueve verdadera libertad de culto religioso

“Mediante la propuesta actual se establece que el estado sea el responsable de elaborar directamente los procedimientos, para hacer posible que iglesias no católicas puedan suministrar asistencia espiritual y pastoral, dentro de establecimientos públicos, a través de capellanías, o puedan acceder a los cargos públicos a través de capellanes, o puedan recibir educación religiosa según las propias convicciones, o puedan contar con la presencia de lugares ecuménicos en los establecimientos públicos, o puedan tener la posibilidad de celebrar convenios con el Estado, entre otros derechos.” Explicó Velandia.

Lay ley 133 de 1994 pretendía asegurar la aplicación real y efectiva del derecho fundamental a libertad religiosa y de cultos, y el derecho de igualdad de todas las confesiones religiosas e iglesias. Sin embargo, han transcurrido 18 años desde la promulgación de la ley en los que se evidencia el trato discriminatorio de algunas entidades religiosas con relación a otras.

Para el representante, el problema de la ley fue que enunció una serie de derechos religiosos ligados a la libertad de cultos pero no brindó herramientas para su posible ejecución ante una administración pública que no tiene la menor intención de modificar sus procedimientos en pro de unas minorías.