Reforma a la justicia: un compromiso institucional
Para que la Nación se encamine hacia la paz social, tenemos que tener una verdadera justicia, la cual no es percibida por el ciudadano del común y se ha constituido en vanas promesas de los gobiernos de turno, con el antecedente ampliamente conocido por la opinión pública, sobre la reciente frustrada reforma judicial, promovida y negociada groseramente por las ramas del poder público y atropelladamente hundida por el ejecutivo para evitar males mayores, sin que hasta la fecha se sepa de sanciones a los responsables de este abuso legislativo y si por el contrario, se conoce del nombramiento de uno de ellos como presidente de la comisión primera de la Cámara de Representantes.
Se alude a la deficiencia de los códigos, pero las enmiendas que se introducen no tocan el verdadero problema de la congestión y atraso judicial, en donde el Estado contribuye a esa congestión, por las exigencias en materia de derechos sociales, desconocidos por las entidades estatales, incumpliendo con los objetivos y propósitos del estado social de derecho.
Se dice que está en los procedimientos, pero las modificaciones que se plantean pueden originar una nueva frustración, sino van acompañadas de las apropiaciones presupuestales que implican los nuevos sistemas de la oralidad e informática jurídica. Se dice que están en las personas encargadas de aplicarla y se vuelve una y otra vez a designar a quienes hacen mayor cabildeo político y jurisdiccional, desestimando la experiencia profesional y a los estudiosos del derecho. Se dice que está en la organización misma, con una estructura más dedicada a los enfrentamientos de poderes y al protagonismo personal, recayendo en ellos la facultad suprema de aplicar la ley, castigar el delito y de otorgar la razón en cada litigio, por cuanto quienes acuden al debate procesal, solo aspiran a que se les falle en tiempo razonable, en equidad y en derecho, con aplicación correcta de las normas sustantivas y procedimentales, ya que son muchos los errores jurisdiccionales a que se ven avocados los usuarios y litigantes por decisiones judiciales que desbordan los textos legales y constitucionales, pero olvidamos revisar esa organización, de reestructurarla y extenderla a todos los sitios del país, de hacerla fácil y accesible para el más humilde de los colombianos, rápida y expedita.
No puede hablarse de justicia, cuando el ciudadano y sus apoderados deben esperar 6 , 8 o más años, para obtener una respuesta judicial, que bien puede darse en las primeras etapas procesales o cuando de aceptarse un recurso de alzada no se toman los cuidados necesarios en materia de cuantías y se decide sobre la misma a los años, o cuando se acude a fallos inhibitorios proscritos por la ley, desvirtuando por completo el concepto de justicia pronta y cumplida.
Lo que los colombianos reclaman, no es una justicia protagónica, de cámaras de televisión y grandes reportajes de prensa y radio, sino una acción inmediata, que desarrolle una justicia auténtica, imparcial, austera y sobre todo eficaz y eficiente.
Pero lamentablemente, este clamor ciudadano, no encuentra eco en los cuerpos representativos, en donde a diario se ponen de acuerdo para modificar la constitución, cuando de defender intereses personales y de grupo se trata, se mira como inaccesible la elemental y prioritaria meta de hacer una justicia real, que le devuelva la confianza a la sociedad, de tener una justicia confiable, respetada y admirada por la Nación.
Abrigamos la esperanza que con las nuevas normas del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012 y del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, se acerque la justicia al ciudadano y se deje para un futuro reformas estructurales, que desde ya intuimos no es posible hacerla por la vía del Congreso y de allí que se hable de otras alternativas que consagra la Constitución Nacional, que bien valdría la pena fueran objeto de debate académico y de cara al país.
