9 de agosto de 2022
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Reforma a la justicia: un compromiso institucional

31 de julio de 2012

ferny pazPara que la Nación se encamine hacia la paz social, tenemos que tener una verdadera justicia, la cual no es percibida por el ciudadano del común y se ha constituido en vanas promesas de los gobiernos de turno, con el antecedente ampliamente conocido por la opinión pública, sobre la reciente frustrada reforma judicial, promovida y negociada groseramente por las ramas del poder público y atropelladamente hundida por el ejecutivo para evitar males mayores, sin que hasta la fecha se  sepa de  sanciones  a los responsables de este abuso legislativo y si por el contrario, se conoce del nombramiento de uno de ellos como presidente de la comisión primera de la Cámara de Representantes.  
Se alude a la deficiencia de los códigos, pero las enmiendas que se introducen no tocan el verdadero problema de la congestión y atraso judicial, en donde el Estado contribuye a  esa congestión, por las exigencias en materia de  derechos sociales, desconocidos    por las entidades estatales, incumpliendo con los objetivos y propósitos  del estado social de derecho.
Se dice  que está en los procedimientos, pero  las modificaciones que  se plantean   pueden  originar una nueva frustración, sino van acompañadas  de las  apropiaciones presupuestales que implican los nuevos sistemas de la oralidad  e informática jurídica. Se dice que  están en las personas encargadas  de aplicarla y se vuelve  una y otra  vez a designar a quienes  hacen mayor cabildeo político  y  jurisdiccional, desestimando la experiencia profesional y a los estudiosos del derecho. Se dice que está en la organización misma, con una estructura más dedicada a los enfrentamientos de poderes y al protagonismo personal, recayendo en ellos la facultad suprema de aplicar la ley,  castigar el delito y de otorgar la razón en cada litigio, por cuanto quienes acuden al debate procesal, solo aspiran a que se les falle en tiempo razonable, en equidad y en derecho, con aplicación  correcta de las normas sustantivas y procedimentales, ya que son muchos los errores jurisdiccionales  a que se ven avocados los usuarios y litigantes por decisiones judiciales que desbordan los textos legales y constitucionales,  pero olvidamos revisar esa organización, de reestructurarla y extenderla a todos los sitios del país, de hacerla fácil y accesible para el más humilde de los colombianos, rápida  y expedita.
No puede hablarse de justicia, cuando el ciudadano y sus apoderados deben esperar 6 , 8 o más años, para obtener  una respuesta judicial, que bien puede darse   en las primeras etapas  procesales o cuando de aceptarse un  recurso  de alzada  no se toman los  cuidados  necesarios en materia de cuantías  y se decide sobre la misma a los años, o cuando se acude a fallos inhibitorios proscritos por la ley, desvirtuando por completo  el concepto de justicia  pronta y cumplida.
Lo que  los colombianos reclaman, no es una justicia protagónica, de cámaras de televisión y grandes reportajes de prensa y radio, sino una acción inmediata, que  desarrolle una justicia auténtica, imparcial, austera y sobre todo eficaz y eficiente.
Pero lamentablemente, este clamor ciudadano, no encuentra eco en los cuerpos representativos, en donde a diario se ponen de acuerdo para modificar la constitución, cuando de defender intereses personales y de grupo se trata, se mira como inaccesible la elemental y prioritaria meta de hacer una justicia real, que le devuelva la confianza a la sociedad,  de tener una justicia confiable, respetada   y admirada  por  la Nación.
Abrigamos la esperanza que  con las nuevas normas  del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012  y del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, se  acerque   la justicia  al    ciudadano y  se deje  para  un futuro reformas estructurales, que  desde ya  intuimos   no es posible  hacerla por la  vía del Congreso y de allí que se hable de otras alternativas que consagra la Constitución Nacional, que bien valdría la pena   fueran objeto de debate académico y de cara al país.