Piden procesar a indígenas del Cauca por el delito de asonada

En concepto del representante Guillermo Rivera Flórez, los indígenas deben ser procesados por el delito de asonada.

“Claramente existió una asonada por la perturbación del orden público”, aseguró Rivera, especialista en temas del conflicto armado del país.
Ese delito es castigado en Colombia con penas privativas de la libertad de 16 a 36 meses, el cual, es excarcelable.

“Es un delito que históricamente ha existido para repeler y castigar la perturbación del orden público”, explicó.

De otro lado, el legislador advirtió que tiene información sobre intenciones de sectores de la sociedad civil en Popayán que quieren hacer una asonada en la sede del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), en retaliación a lo ocurrido en Jambaló

“Son las consecuencias nefastas de la actuación de confrontación”, agregó.
Este miércoles la Fiscalía envió una comisión especial para escuchar a los militares y evaluar si efectivamente hubo o no delito. La comisión la encabeza la propia directora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y algunos fiscales, para iniciar el trabajo.

De acuerdo con Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación, la metodología que se acordó consiste en recibir una descripción de los hechos, por parte de los miembros de la Fuerza Pública.

“Ella tiene un inventario sobre todos los sucesos y en los casos que pudieron cometer delitos los indígenas por los disturbios. Por eso, va la comisión al Cauca a recibir las versiones de los miembros de la Fuerza Pública e iniciar las acciones penales, en caso de ser necesarias”, indicó.

El Fiscal General explicó que los responsables de los hechos violentos durante la expulsión de los militares pudieron incurrir en el delito de asonada.

“La Constitución del 91 garantiza el derecho a la protesta pacífica y es claro que no se puede criminalizar la protesta. Si se mantiene en un plano pacífico, no es una violación penal. Sin embargo, si hay hechos violentos la situación cambia. Como Fiscalía, tenemos que verificar, en el caso del Cauca, el límite que existe en el derecho a la protesta con la comisión de un delito”.