Elecciones Atípicas deben abolirse
Los mandatarios de Caldas, Guido Echeverri; y del Chocó, Luis Gilberto Murillo Urrutia, además de varios Alcaldes, que fueron elegidos por amplias mayorías en los comicios de Octubre de 2011, han sido destituidos por el Consejo de Estado, y los Tribunales Administrativos respectivamente, por situaciones que en honor a la verdad no ameritan ni se compadecen con los perjuicios que recibirán las regiones en sus Períodos Constitucionales.
Cuando los Gobernadores destituidos estaban despegando con el aplauso de sus gobernados, vienen unos fallos destemplados, que si bien tienen algo de verdad, carecen de toda coherencia en comparación con la aberrante situación de corrupción, que desde hace varias décadas se ha apoderado de los dos departamentos, y que los mandatarios destituidos estaban enfrentando con decisión y notables resultados.
Son varios funcionarios por elección popular, que se encuentran tambaleando por tan lamentable situación, todo por culpa de un sistema electoral anacrónico, que es complaciente con los caciques regionales y politiqueros, que al no aceptar el fallo de las urnas, buscan como aguja en un pajar, alguna inhabilidad del funcionario que los desplazó, o muchas veces se inventan situaciones que riñen con la verdad y la justicia.
Esto se llama señores Autoridades Electorales, ultrajar el sagrado derecho a la Democracia expresada en las urnas, y faltar al respeto de los ciudadanos, que de muy buena fe, participaron de las gestan democráticas, convencidos que el candidato por el cual iban a votar, estaba blindado de toda suspicacia electorera, puesto que el aparato del Estado los garantizó como personas idóneas, sobre las cuales no recaía ninguna inhabilidad.
Las Elecciones Atípicas, no son más que el resultado de la desorganización e improvisación tanto de los partidos y movimientos políticos, como, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y del Consejo Nacional Electoral, que no se han preocupado por armonizar con profesionalismo y seriedad, las normas que deben regular con mayor eficacia la escogencia de los candidatos, para regir los gobiernos regionales y municipales.
Desde luego, que no pretendo ir en contra de la Ley cuando se presentan casos que se justifican u ocurre la vacancia por enfermedad permanente o muerte del funcionario. Sin embargo, considero que la invocación de inhabilidad, debe hacerse dentro de los términos legales, para que surta sus efectos antes de las elecciones, caso contrario, es continuar dejando la ventana abierta a los politiqueros, para que una vez posesionado el funcionario, se le monte toda una tramoya vergonzosa, que impida el normal funcionamiento de la Gestión Pública.
En muchos países, a los aspirantes a cargos por elección popular, se les somete a todo un proceso de selección: primero sobre su estado de salud; luego antecedentes expedidos por los Organismos de control, y finalmente la evaluación de su proyecto político, en cual deberá ser aprobado por las Autoridades Electorales del Lugar. Surtido este trámite, viene lo más importante: se abre el espacio para que quienes tengan alguna objeción, lo hagan saber dentro de los treinta días siguientes, si esto no ocurre, se le expide al candidato el certificado de Aptitud para ser Elegido, el cual será invulnerable, salvo casos de fuerza mayor o fortuitos.
Para los aspirantes, que al momento de la inscripción tengan procesos pendientes, se les debe exigir una póliza de seguros, para que, si son condenados y destituidos, respondan por los costos de las elecciones que los eligió, y las atípicas en un cien por ciento, paguen con su propio peculio los daños y perjuicios causados al departamento o municipio.
El caso del Gobernador de Chocó, amerita un estudio de mucho fondo, si es posible se debe acudir a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, para que haga acompañamiento a la decisión final que vaya a tomar el Consejo de Estado, puesto que fue el Consejo Nacional Electoral, por medio de Resolución Motivada, que autorizó la inscripción de Luis Gilberto Murillo Urrutia, como candidato a la Gobernación, toda vez que el “delito” que se le endilga y por el cual ha sido suspendido dos veces, dejó de serlo desde hace más de diez años.
Sin embargo, los jinetes de la corrupción de tan sufrido Departamento, vienen desde hace tiempo, cabalgando en el lomo de una pulga, convirtiéndola en elefante, para hacerle creer a la opinión pública, que el actual mandatario se encuentra inhabilitado. Lo vergonzoso es que el Tribunal Administrativo del Chocó les esté siguiendo el juego. ¿Porque, será? Investiguen señores de los Organismos de Control, y verán las ollas podridas que se destapan. ¡Políticos con aureola de intocables están comprometidos!
