22 de mayo de 2022
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Dispare y después pregunte

10 de julio de 2012

Pues bien, desde el mismo momento en que tal medida entró en vigencia, se han realizado una serie de acciones con el fin de burlar la norma. Así por ejemplo, el Decreto 1320 de 1998, reglamentó la Consulta Previa, pero se hizo restringiendo el derecho y además sin realizar ningún tipo de consulta sobre dicha medida. Posteriormente en 2010 bajo la presidencia del doctor Uribe se modificó el procedimiento de la Consulta Previa, violando de una manera abierta el Convenio 179 del cual hemos venido hablando.

Todo ello nos lleva a la conclusión de que el gobierno colombiano no ha tomado en serio la obligación de realizar este tipo de consultas PREVIAS sino posteriores a la toma de decisiones que afectan en materia grave a las comunidades indígenas y afro.

La manera como ha venido operando la luz verde que el gobierno da a las exploraciones mineras es el mismo: ante una solicitud, entonces otorgan un permiso de “exploración”, en donde las compañías invierten enormes recursos entre los cuales (nos imaginamos) están los destinados a procesos de “agilización” de trámites, que no necesariamente son para “mordidas” porque ese es un término utilizado por la plebe.

Una vez que la exploración arranca, entonces el proceso es bien difícil de parar y es allí en donde se  decide hacer la “consulta previa” a las comunidades afectadas con el proyecto en proceso. Es lo que ha ocurrido con Marmato y con Cajamarca y otros muchos.

Pero aquí viene el otro paso, que en algunos casos como el de la Guajira, producen urticaria: como se trataba de dar el visto bueno para la construcción de un puerto multipropósito, fueron unos funcionarios en un helicóptero, sobrevolaron la zona y llegaron a la conclusión que por esos lados no vivían ningún indígena y dieron luz verde al proyecto. Igual ocurrió en las cercanías de Cartagena.

Pero si bien se pasa a la “Consulta Previa”, entonces todo está calculado: como quiera que los proyectos se llevan a cabo en áreas de una pobreza enorme, basta que la compañía interesada en la explotación minera ofrezca construir una escuela o una carretera o construir un acueducto, para que los habitantes, en un acto de desespero y ansias por satisfacer las necesidad básicas insatisfechas, tal como lo plantean los estadísticos, le dan vía libre a la explotación de sus recursos y con ello, la firma de un certificado de defunción de amplias zonas de bosque y de aguas.

El presidente Santos ha anunciado la reglamentación de la Consulta Previa, y eso nos parece bien, pero también sería bueno que el Estado entrara a cerrar la brecha entre entidades territoriales como el Chocó, en donde el índice de pobreza alcanza un 41%, cifra descomunal que refuerza el concepto de que el Chocó ha sido mil veces saqueado y lo que ha quedado a una población que no eligió estar allí.