20 de mayo de 2022
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Crisis de Estado: ¿qué rumbo tomará Colombia?

2 de julio de 2012

Pocas veces en el país una sucesión de hechos, como los atinentes a la «reforma de la justicia», había causado tanto impacto en la opinión pública y las encuestas, acorde con lo sucedido en los últimos ocho días.

Hoy, el presidente Juan Manuel Santos, cabeza del Ejecutivo, tiene problemas de gobernabilidad, imagen y credibilidad, dicientes por el desplome generalizado de los índices que lograba hasta el momento; la rama Judicial, a través de sus Cortes, ha quedado desconceptuada hasta el punto de llegar al 70 por ciento o más de percepción negativa; y la rama Legislativa, representada en los congresistas, tiene cifras de desaprobación igualmente dramáticas, todavía peores en cuanto a los partidos políticos (cerca del 80%), supuestos canales de la democracia, exclusiva y excluyentemente dirigidos por los mismos parlamentarios. Nunca, como en la actualidad, se había llegado pues a un límite rayano en el mismo desprecio que los colombianos sienten, sin distingo, por guerrilleros y paramilitares.

Lógico, por tanto, denotar que existe una crisis de hondas repercusiones en que la opinión pública ha unido de improviso, pero en medio de una erupción que venía de hace tiempo represada, los principales componentes del aparato estatal como blanco de ataque y prevención ciudadanas.

Crisis de confianza, señalan algunos expertos en sondeos, pero más allá, a nuestro juicio, una crisis política de grandes dimensiones que comporta una grave y dilatada fractura entre el Estado y la sociedad. Ruptura, asimismo, que por la deslegitimación consecuencial pone en entredicho la operación, atribuciones, firmeza y viabilidad de las instituciones. Y en paralelo, no solamente la indignación ciudadana, sino una sensación evidente de orfandad y desengaño, en resumen, de perfidia. No se trata, en modo alguno, de exagerar, pero ningún país con estos resultados puede vanagloriarse de tener un estado de Derecho vigente, sólido en sus bases, administrado como es debido, acreditado por sus ciudadanos, es decir, coherente y legítimo. Por lo que cabe la advertencia en vez de recurrir a las justificaciones y escamoteos que fueron de común suceso en la semana.  

¿Cómo llegaron los máximos operadores estatales a semejante haraquiri? No fue, ciertamente, en un abrir y cerrar de ojos. Las causas inmediatas corresponden, desde luego, a la conjura que bajo el disfraz de la llamada reforma de la justicia se produjo entre los voceros y actores de las tres ramas del Poder Público, a su más alto nivel, para obstaculizar, llenar de minas y dinamitar la Constitución de 1991. Lo que suele llamarse quinta columna o los enemigos desde adentro. Y lo peor, desde las más altas instancias posibles.

Se trató, en efecto, de una burda maniobra, desarrollada en casi dos años y precipitada con descaro en el tramo final como una conspiración sin talanquera, para levantar o filtrar los controles disciplinarios y penales a los congresistas y con ello abrir las cárceles y ganar favorabilidades, comprar a los magistrados a través del aumento automático de sus períodos y al efecto la edad de retiro con su venia implícita, y salir invictos los burócratas, entre las decenas de perlas, auspiciando y proclamando como altamente provechoso lo que de raíz y de antemano era advertidamente nocivo. Fue, sin duda, la feria del inciso, la feria del parágrafo en el carrusel vertiginoso de los artículos, todo premeditado, aún dolosamente calculado, retorciendo la institucionalidad hacia propósitos perversos y comprometiendo de manera temeraria los fines esenciales del Estado. No sólo un desentendimiento básico de las funciones, sino una alianza con epicentro en la corrupción que significa usar las investiduras para, desde los despachos y curules, corroer las leyes con impostada solemnidad y rostro benevolente, es decir, envueltos en la bandera y con cara de yo no fui. Que fue, en últimas, lo que más irritó a la ciudadanía, los medios de comunicación y las redes sociales, tratados así de incompetentes o interdictos, asaltados además en su buena fe.

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A su vez, ésta crisis política, emergida de la herida que los propios operadores estatales han inferido a las instituciones, tiene antecedentes en las porosidades que ya se venían percibiendo en los últimos tiempos en el entramado institucional.

Tan cierto lo anterior como que Colombia vive en medio del peor aprieto en su sistema de salud, sin resolución efectiva, ni por los cacareados pleitos ante los tribunales, y con una situación pensional que no se sabe hacia dónde irá a tomar. Resultado: parálisis institucional correspondiente.

Más allá también se da una educación superior sin reforma, pese a su escasa calidad y rigor, en todo caso consecuencia de la organización efectiva y eficaz de la juventud en las redes sociales frente a la contemporización o, como se prometió del caso, concertación gubernamental, hoy inexistente. Pese a estar demostrada la desolación del sistema educativo colombiano, con infinidad de bachilleres por fuera de las universidades, muchas de ellas sin los currículos mínimos exigibles, el Estado se ha replegado. Resultado: parálisis institucional respectiva.

Y sabido es, también, que hay un auge minero, «con ley o sin ley», como dicen algunos de sus beneficiarios, o sea un teatro similar al lejano oeste norteamericano, desprovisto de códigos y al garete del alrevesado ambiente que se vive en regiones y veredas.  Resultado: parálisis institucional concurrente.

Para no hablar de otras circunstancias de trámite favorable, como la Ley de Víctimas y Tierras, ya de por sí difícil en su constitución, jurisdicción y aplicación, de antemano amenazada directamente por el asesinato o presiones no menos calamitosas sobre los que por su precaria condición van a ser indemnizados, ante la mirada atónita de las autoridades, sin calificaciones necesarias.

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Nunca fue Colombia, hasta años recientes, un país de Tesoro Público rico. Las aulagas para pagar las nóminas y conseguir excedentes de inversión estatal, saldadas religiosamente las deudas contraídas, eran de común ocurrencia. De repente, la nación se volvió considerablemente petrolera, muy por encima de las cotas tradicionales, y además descubrió que era abundante en recursos minerales, sospecha que se tenía desde tiempos vernáculos pero sin que los precios mundiales resultaran apetecibles para desarrollos de gran o pequeña escala. Todo eso cambió en la última década, tanto por el auge minero y petrolero nacional como por el ascenso de las cotizaciones respectivas en el mundo, atrayendo la inversión extranjera.

En el transcurso, por igual y a causa del jalonamiento internacional de China sobre la economía global, por primera vez el país pudo exportar costosos sus recursos e importar baratas las manufacturas, en particular del sector automotor y de electrodomésticos, generando utilidades en todas las esferas privadas, especialmente en el área de construcción, beneficiadas a su vez con exenciones tributarias.

La combinación antecedente generó una sensación de riqueza que, de otra parte, impactó favorablemente los presupuestos estatales al pasar  de los 20 billones y algo más, de hace una década, a los 75 billones y pico de recaudo tributario y tarifas a hoy.

Entonces Colombia, sin embargo con un crecimiento económico promedio en América Latina, fue catalogada de país milagro y en ascenso, con lo que el Gobierno actual ha intentado superar la pobreza y en especial la desigualdad galopante, según registran los índices de GINI, llegando incluso a proyectos de vivienda gratuita y siguiendo la línea del programa Familias en Acción, no por asistencialista menos necesario. Lo que muestra la cara buena de las cosas, que también las hay.

Aún así (y ahí viene la parálisis estatal) semejantes excedentes de capital están, de hace lustros, en mora de ser aplicados con prontitud y debidamente. Crear nueva infraestructura, en un país urgido de hacerlo por la obsolescencia o estrechez de sus carreteras, puentes, variantes, puertos, aeropuertos y similares, se volvió de una complejidad inusitada. El fracaso del Estado en promoverlo y hacerlo en plazos razonables, o al menos definibles, es un hecho palmario. Y tampoco es una exageración. La mayoría de concesiones de obras públicas viven en entredicho judicial, generalmente son prorrogadas muy por encima de los etapas establecidas, y algunas han terminado en gigantescos escándalos de corrupción, con responsabilidades privadas como públicas que finalmente han golpeado el sistema hasta hacerlo casi impracticable, bien por temor de los funcionarios, bien por desconfianza desde todos los flancos, en primer lugar la ciudadanía.

En tanto, el país ha firmado varios Tratados de Libre Comercio, pero las naciones extranjeras signatarias se han quejado de que no han podido entrar en vigor por los compromisos estatales incumplidos en su adecuación, salvo el chileno.

La telaraña anteriormente descrita tuvo, por lo demás, un impacto negativo determinante en la catástrofe invernal, todavía sin superar, cuyo reproche emblemático permanece en la imposibilidad de reconstruir la primera población afectada y derruida, Gramalote, Norte de Santander, hace dos años. A esto se añade, no sólo la baja ejecución presupuestal para el caso invernal, sino en general para todos los réditos de la nación. Se han publicado cifras en las que billones de pesos estatales permanecen en los bancos (algunos apuntan a 18 billones).  De alguna manera podría decirse que mientras parte del país ha naufragado en las lluvias, el Estado ha naufragado en sus propios dólares.

Si bien la economía, en general, ha sido la joya de mostrar en los últimos años,  aún con ciertas intermitencias, en la actualidad se está a la expectativa sobre la dimensión del coletazo (que ojalá no se produzca) proveniente de la irresoluta burbuja económica estadounidense y la crisis económica europea, con China e India en franca desaceleración. Para ello el Gobierno ha venido anunciando mecanismos de blindaje, mientras el Banco de la República sube las tasas de interés para bajar el consumo y la demanda, y sería de lamentar mayores traumatismos en asociación con la ya profunda crisis política antedicha. Mal o bien, con la economía a flote el país tiene margen para dedicarse a resolver los problemas apremiantes que se le han presentado en otras áreas. Lo contrario ya no sería crisis, sino debacle, que es otro tema.

El hecho, no obstante, es que en los sondeos es nítido que la ciudadanía sigue avizorando el desempleo, al lado del alto costo de vida que ha vuelto a emerger de problema sustancial, como otra de sus preocupaciones fundamentales. Puede sorprenderse el Gobierno con el asunto, puesto que las cifras correspondientes al desempleo tienden a la baja. No obstante, es claro que en los rubros está contemplado el subempleo de ocupación digna y efectiva, lo que desde luego no consulta los intereses ciudadanos. De suerte que hay allí otro motivo de desconfianza con el Estado pues la gente entiende que se quiere meter gato por liebre, lo mismo que desdice de los bajos registros de inflación frente a los costos ascendentes de la canasta familiar.

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La erosión, sin embargo, no sólo viene de la corrupción, las dificultades de articular las políticas del Estado y pasar con fluidez y tino de la teoría a la práctica, y la desconfianza en los datos estatales fruto de maquillajes continuos, sino ciertamente de la guerra endémica, o conflicto armado interno, que desde hace décadas se ha enquistado de modus vivendi y sigue amenazando con prolongarse indefinidamente.

El reproche máximo está en un Estado que no ha resuelto el problema ni por vía militar, ni por vía concertada. En las encuestas, la desorientación salta a la vista cuando por un lado se quiere el diálogo y por el otro apresurar la salida militar. Es el mismo «pulso firme y mano tendida» de décadas atrás, con lo que ello conlleva de todo y nada. En todo caso, percepción o realidad, los sondeos demuestran una profunda preocupación en la opinión pública por el tema de seguridad. Y más allá, lo que en el fondo palpita es la impotencia ciudadana ante la razón de ser del Estado.

Frente a ello, la gran mayoría creyó encontrar redención en la figura de la reelección presidencial inmediata, rompiéndose las vértebras constitucionales a partir de la equivocada idea de que, si las instituciones fallaban, el personalismo sería la salida adecuada. Semejante criterio, forzado desde el propio Estado, con las tres ramas del Poder Público conjuntadas a los efectos, y propuesto por personas reconocidamente ilustradas, además bajo el unanimismo mediático con la oposición solitaria de pocos, se mostró después como lo que verdaderamente era: un espejismo del que el país quiso beber y que se difuminó en el aire, dejando los estragos de un desierto institucional de largo plazo, al mismo tiempo suscitando los deseos recónditos, cualquiera sea el primer mandatario, para trabajar por ello desde el mismo día de su posesión y poner el influjo gubernamental al servicio de ese propósito, de suyo desinstitucionalizador, en vez de la panacea que se pretendía, desajustando y envenenando por el contrario y en materia grave todos los piñones estatales. Entonces, a pesar de los ocho años, ni se ganó o terminó la guerra, la pobreza y las desigualdades se mantuvieron o crecieron, y se construyó prácticamente una nulidad de la infraestructura apremiante.

Lo cierto es que hoy en el país, a más de agotarse el Plan Colombia, heredero de las épocas del Caguán en que la guerrilla puso conejo al Estado, ésta se ha reactivado pese a bajas eficaces por parte de la Fuerza Pública. Las secuelas y desgaste de la guerra producen, al mismo tiempo, casos tan inverosímiles como los denominados «falsos positivos», en la actualidad todavía en lento proceso de juzgamiento, que es una de las peores erosiones del Estado desde adentro de que se tenga noticia, peor que las mismas balas que disparan contra las fuerzas legítimas. De colofón, el resto de militares se sienten abandonados por el mismo Estado al quedar mediatizado el fuero militar desde hace un lustro. En los sondeos, las Fuerzas Armadas tienen, no obstante, la mayor aceptación, lejos de los civiles. Aunque no se han dado «ruidos de sables» de alcance, existe en todo caso evidente nerviosismo por las estrategias adoptadas a partir de la incipiente idea o anuncio de que se está dispuesto y se trabaja en dirección de una negociación con las guerrillas. Lo que ha llevado al Presidente Santos a reiterarles que «las paz es la victoria».

Al unísono, se han desdoblado los neoparamilitares bajo el nombre de bacrines capaces de paros armados en múltiples departamentos. Paulatinamente se reciclan los grupúsculos, mientras caen otros, y la fauna criminal es motivo a diario de las primeras páginas de los medios. En tanto, los antiguos paramilitares que en su momento se acogieron a lo que se llamó la ley de Justicia y Paz, pero en medio de ello fueron extraditados a Estados Unidos por reincidencia narcotraficante, dejando expósitos los crímenes de lesa humanidad, hablan desde el exterior en declaraciones gravísimas que, no obstante, apenas si reciben atención en vista de los raudos acontecimientos del momento. Fracasada, en efecto, la ley de justicia y paz, con apenas una sentencia entre miles de delitos, la impotencia estatal se escuda sobre la base de que no hay tiempo, financiación ni capacidad para llevarla a cabo. Por su parte, se emite de modo reciente una nueva norma constitucional, el marco general para la paz, en que de alguna manera se reedita lo anterior, pendiente de las leyes estatutarias respectivas.

En el transcurso, la opinión pública se sorprende con que del denominado Proceso 8.000, a mediados de la década de los años noventa, se sacaran tan pocas lecciones para pasar a un caso similar, pero de mayor envergadura y espectro que inicia en 2005 hasta hoy, llamado «la parapolítica», en el que desfilan decenas de congresistas y otros dirigentes a las cárceles, en su gran mayoría comprobada su alianza con tales agentes armados ilegales para «refundar la patria» y que la justicia reputa de un concierto para delinquir generalizado. ¡Y el Congreso todavía se sorprende de su desprestigio!

Pese a las sanciones, sigue molestando y desgastando sobremanera a la estructura estatal los constantes vasos comunicantes con la criminalidad, estruendos tan verdaderamente increíbles como que algún general que había servido en la seguridad presidencial está incurso en narcotráfico y ha sido recientemente pedido en extradición por lo que en Colombia aparentemente no se sabía, sólo para citar un caso. Ya por supuesto el país había asistido al escándalo de las interceptaciones ilegales, cuando el mismo Estado se había vuelto contra los ciudadanos, en éste caso nada menos que magistrados. De hecho, es casi costumbre, de otro lado, que funcionarios de alto nivel pidan asilo político por investigaciones judiciales procedentes, tanto que otros están en las cárceles por lo mismo, o estén refugiados, sin saberse de su paradero, con una justicia impotente a plenitud ante los hechos cumplidos. No todos los países, desde luego, tienen ex ministros y ex altos funcionarios judicializados, la mayoría por corrupción, con todo lo que ello comporta de extravagancia estatal y pérdida de confianza institucional. En medio de esto, renuncia una Fiscal General, por desconfianzas señaladas por algunas columnistas que tienen fuerte impacto, y se inicia un proceso en que la Corte Suprema de Justicia queda como si hubiese prevaricado al elegirla, luego de consenso con la presidencia de la República para resolver los entuertos previos. Circunstancias, por lo demás, que se habían iniciado para recomponer la marcha del Estado, cuando el Ejecutivo, a través del Presidente Santos hizo «la paz» con la Justicia, hechos que terminaron en la actualidad con acre olor a desastre.

Todo lo anterior, y mucho más, es lo que hace implosión la semana que termina con la denominada reforma de la justicia. Y que configura los antecedentes a la crisis de Estado, ahora claramente reflejada en las encuestas, y cuyo detonante es la pérdida de fe en las instituciones o mejor en todos los operadores estatales, Presidencia, Cortes y Congreso.

El asunto, pues, es mucho más que una simple tormenta. Si se lo mira así no se entenderán las verdaderas dimensiones de lo que está en juego. Porque luego del vendaval puede venir la calma, pero sobre los estragos hechos.

En principio, el Presidentes Santos se había impuesto la misión de estabilizar lo que venía desestabilizado y eso era lo que le había dado vigor en las encuestas. En efecto, era el hombre llamado a recuperar las instituciones de los estropicios que venían. Por eso ante todo tenía la imagen de líder serio. Buena parte de eso ha quedado en el piso. Cierto es que al límite actuó para impedir que la conjura entrara en vigencia. Pero también lo es que debe recuperar la credibilidad, básicamente renovando la confianza en las instituciones. Lo que no es fácil, porque la opinión pública le ha cobrado precisamente haberse apartado de ello y tomado la ruta de la condescendencia y la negociación con los otros poderes, a cual más desprestigiados.  Hay allí, pues, un problema de credibilidad que afecta toda la plataforma de gobierno. Y no parece suficiente con la responsabilidad política asumida a través del ministro de Justicia. De hecho, el Gobierno hoy no parece tener interlocución política con el Congreso, salvo porque hundió el orangután, ya suficientemente reducido por la propia opinión. Hubo, por el contrario, el mismo Presidente salir en alocución televisada a recordarle a los congresistas ese deber, lo que trancó por el momento la rebeldía en ascenso.

En paralelo, le queda el problema de gobernabilidad. Siendo el presidente que más ha tenido respaldo en el Congreso, luego de crear la coalición de la Unidad Nacional, ello también en parte ha quedado hecho añicos. Es posible que no se vea en semejantes dimensiones en la actualidad, pero no hay duda de que en adelante el Congreso no será la paloma mansa que ha sido. No está claro que se preste a reformas tributarias o similares, mucho menos sin legitimidad para hacerlo. La agenda gubernamental va a ser de muy difícil trámite.

Lo que es claro, para la opinión, es que bajo la piel de lo que se había planteado en el orangután, subyacía el tema de la reelección presidencial. La develada alianza con la clase política, como con los magistrados, ha sido un bumerán de tal dimensión en esos propósitos que en los sondeos conocidos más de un 65% está completamente en contra. Paradójicamente, si Santos quiere reelegirse, tiene que no pensar en la reelección y concentrarse en la agenda de los dos años que quedan.

El Congreso, por su parte, queda completamente afectado en su legitimidad. El pueblo quiere claramente revocatoria y anticipo inmediato de las elecciones, lo que pasa es que no hay medio ni canal para hacerlo, que es otra cosa. Y frente a ello exige responsabilidades. Que deberán pedirse, no sólo en el hemiciclo, sino particularmente en los partidos políticos, que son el origen de la manguala y la contumelia.

Finalmente está la rama Judicial, a través de las Altas Cortes que increíblemente han pasado de héroes a villanos. Es tal vez de lo más grave que le ha sucedido a la Justicia, que pasó de altos niveles de favorabilidad a estar en el sótano de las encuestas. Su función también consiste en recuperar la legitimidad perdida. Y tampoco va a ser fácil porque solamente con la operatividad institucional no es suficiente.

Pero lo peor que ha pasado es el espectáculo de los unos echándole la culpa a los otros. Situación que todavía pone en más aprietos a las tres ramas del Poder Público. Es ahí precisamente donde mayoritariamente se expresa la crisis de Estado. Una crisis que tiene claros sus antecedentes, se sabe cuál fue su último detonante, pero que vistos tantos actores que se disputan el espacio vacío no se sabe, a hoy, dónde va a terminar.