29 de julio de 2021
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Petro dice que acusaciones de Uribe fueron una denuncia falsa

8 de junio de 2012
8 de junio de 2012

En aquel entonces la seriedad del trabajo investigativo sobre el paramilitarismo fue puesta en cuestión, por el mismísimo Presidente de la República, en forma pública aduciendo que la investigación se construía con testigos falsos que yo pagaba”.

Según Petro, gracias a la investigación exhaustiva del poder judicial, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, la labor realizada por el equipo que desarrolló la investigación, no quedó vapuleada.

“Pues la investigación a profundidad de ese tema, ha determinado que el Presidente de ese entonces mintió”, puntualizó Petro.

La indagación fue pedida por Gustavo Petro, quien se desempeñaba como Senador, ante una acusación de Uribe en un evento en Antioquia, expresando que el hoy Alcalde y la senadora Piedad Córdoba “interfirieron con la justicia al manipular testigos”.

Ante la petición de Petro, la Corte pidió el testimonio de Uribe, quien por escrito afirmó que “su comentario se originaba en el conocimiento que tuvo de las declaraciones de los señores Libardo Duarte, interno en la Penitenciaría Central de Colombia –La Picota-, y Sergio Tovar Pulido, oficial retirado de la Policía Nacional”.

Según Uribe, Duarte habría dicho que recibió de Piedad Córdoba cinco millones de pesos y de Gustavo Petro cien mil pesos, para que apoyara sus investigaciones sobre parapolítica.

Dijo también, según consta en la sentencia, que Petro y Córdoba habrían ofrecido dinero a Francisco Villalba, único condenado por la masacre de El Aro, para que involucrara a Uribe en esos hechos delictivos.

Villalba, asesinado en abril de 2009, supuestamente le comentó a Duarte a través de un hueco en un muro de la cárcel, que los congresistas Córdoba y Petro le habrían ofrecido dinero para vincular a Uribe con los grupos paramilitares.

En el caso del exoficial Sergio Tovar, según el argumento de Uribe, Petro le habría ofrecido dádivas a cambio de testificar en un debate sobre el paramilitarismo en Córdoba y Sucre.

La Corte Suprema de Justicia verificó los testimonios de Duarte, quien se contradijo en varias oportunidades sobre los dineros supuestamente recibidos por los congresistas. En el caso de Petro, Duarte había manifestado que le giró personalmente un cheque por 100 mil pesos, hecho que después no solo negó sino que se verificó que el hoy Alcalde de Bogotá nunca ha tenido cuenta en el banco contra el cual se habría girado el cheque.

Sobre el caso de la masacre de El Aro, la Corte encontró que Duarte, quien trabajó para el paramilitar Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso Sierra’, se contradijo en el monto de la suma supuestamente ofrecida y solo argumentó que a través de un hueco en un muro que separa dos patios de La Picota, Villalba le habría comentado el hecho. La Corte también encontró que Duarte y Villalba eran adversarios y mantenían una rencilla.

Sobre la versión de Uribe en torno al caso del expolicía Sergio Tovar, la Corte verificó en nueva declaración, que se le contactó para un debate en el Congreso con el fin de que contara lo que sabía sobre paramilitarismo en el departamento de Sucre, donde fue director de la Sijín de la Policía, sin que hubiese ofrecimiento de dineros.

La Corte expresa: “visto el material probatorio recaudado, en relación con los contactos realizados entre los excongresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro con Libardo Duarte y Sergio Tovar, en el cual se cuenta la versión que directamente ofrecieron los mencionados señores, no queda opción diferente a la de concluir que el mencionado delito de soborno nunca existió”.

Al desvirtuar la acusación de Uribe, la Corte manifiesta que “son claros y contundentes los testigos supuestamente manipulados –según las informaciones con que se contaba, al inicio de la presente indagación- en señalar que los congresistas indiciados no les pidieron que declararan falsedad alguna…”

La sentencia proferida con la firma de todos los magistrados de la Sala Penal, con ponencia del magistrado José Leonidas Bustos Martínez, dispone que la Corporación se inhibe de abrir investigación en contra de Córdoba y Petro, de conformidad con las razones expuestas, y que una vez en firme la decisión se archiven las diligencias.