29 de julio de 2021
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Ministerio de Justicia recomendará que desmovilizados de los años noventa pidan perdón

13 de junio de 2012
13 de junio de 2012

Gracias a esta tarea fue posible depurar una lista con los nombres de 10.530 exintegrantes del EPL, FARC, M-19, Corriente de Renovación Socialista, ELN, EPL, Ejército Revolucionario Popular, Ejército Revolucionario Guevarista, Frente Francisco Garnica, MIR-COAR, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Quintín Lame y las Milicias de Medellín (bajo esta denominación se agruparon tres grupos de milicianos urbanos que delinquían independientemente en las comunas de Medellín: Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la Ciudad de Medellín).

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, explicó que este mandato de la Ley de Víctimas derivará en una recomendación de esta cartera al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a Víctimas, que coordina el Presidente de la República, en cuanto a qué tipo de medidas de reparación simbólica y de satisfacción deben realizar estos desmovilizados.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho le va a recomendar al Comité Ejecutivo que les imponga dos medidas: actos públicos de solicitud de perdón a las víctimas de estos grupos y participar en una campaña pública invitando a la desmovilización de las personas que todavía hacen parte de un grupo armado organizado al margen de la ley”, sostuvo el alto funcionario.

Estos desmovilizados no podrán negarse a realizar las acciones de reparación simbólica que les imponga el Comité Ejecutivo pues se trata de dar cumplimiento a un mandato legal.

De hecho la Ley permite que estas personas acudan ante el Ministerio de Justicia y del Derecho para proponer qué medidas de reparación simbólica quieren realizar voluntariamente antes de que la medida les sea impuesta por el Comité Ejecutivo. A la fecha no se ha acercado ninguno.

Este estudio, que inició desde la sanción misma de la Ley, ha implicado el cruce de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Colombiana para la Reintegración y los archivos que en su momento tenía el Ministerio del Interior.

En una segunda fase de este estudio se analizará quiénes recibieron beneficios económicos o incentivos para proyectos productivos para determinar cómo se diseñó ese proceso de reintegración, si fue efectivo, y contrastar los resultados con la lista de personas que delinquieron con posterioridad a su desmovilización, así se podrá saber qué tanto impacto tuvieron las medidas adoptadas para garantizar la no repetición de hechos violentos.