Lo espinoso y sensible de una reforma de la justicia.

Existe un refrán antiquísimo muy usado entre los ganaderos: “vaca ladrona no olvida el portillo” .Y, esto es, exactamente lo que nos viene sucediendo desde 1968 en el Congreso de Colombia cuando se inventaron los ‘auxilios parlamentarios’, erradicados con la Constitución del 91, buena en términos generales, pero que ha sido objeto de innumerables ‘cirujas’ oprobiosas para introducirle nuevas modalidades de clientelismo extremo y favorecimientos muy personales.

Por eso no sentí extrañeza, sí exasperación, con el proceder vergonzoso y de mala fe de unos ‘señores’ llamados conciliadores, quienes furtivamente, como expertos cuatreros a luz de luna, cambiaron  y/o introdujeron algunas normas que no habían sido debatidas en las plenarias del Congreso y que se inventaron de espaldas al país y en contra de la voluntad del resto de parlamentarios. Y no se tiene porque sentir asombro, en ese recinto en donde se dice que vive la democracia se consolidó el contubernio más macabro que jamás se imagino Colombia: el paramilitarismo.

Pretendían los señores conciliadores, en una más de sus acostumbradas pilatunas, revivir y fortalecer unos artículos que los beneficiaba en los procesos que se adelantaba en la Corte Suprema y Consejo de Estado, borrando de tajo varias causales de pérdida de investidura y estableciendo cambios procedimentales en los procesos de inhabilidades e incompatibilidades, como también, dejando sin piso el conflicto de competencias y tráfico de influencias, despojaban a la Corte de su competencia para investigarlos, y casi legalizan el maridaje con los paramilitares. Este parlamento hace parte de los muchos agentes portadores de la corrupción, imposible concederles la más mínima gabela.

La corrupción requiere ser atacada de raíz, sin contemplación y sin paños de agua tibia, ya que ésta se campea en todos los despachos públicos del orden nacional, departamental o municipal, siendo más sofisticada y con un grado superlativo de impunidad en los despachos de los Altos Dignatarios del Estado, lo que hace necesario una reforma que garantice el fácil acceso de cualquier persona denunciante al órgano encargado de investigar y juzgar de manera expedita, eficaz y pronta a todos los aforados, en especial al Procurador y Fiscal General de la Nación, ya que regentan los dos organismos, que juntos con el Congreso, tienen el índice más alto de corrupción  y, por ende, de impunidad. Y todos lo sabemos y todos lo callamos.

Para nadie es un secreto que tanto los Procuradores como los Fiscales Generales, una vez alcanzan con sumisión y componendas su postulación y posterior elección y, una vez, entronizados en el cargo sufren de una metamorfosis impresionante que los convierte en arrogantes, omnímodos y omnipotentes, y empiezan a cometer violaciones a la ley, desafueros y a pisotear  de manera indolente los más elementales derechos de las personas, sean simples ciudadanos o víctimas del delito, en forma directa o a través de sus subalternos, olvidándose de paso que son y siguen siendo empleados públicos y que tienen deberes y obligaciones que cumplir. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? El blindaje que los arropa para sus prácticas corruptas, es impresionante

Es una verdad de a puño que el Procurador General de la Nación, supremo director del Ministerio Público, quien tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, como también, defender los intereses de la sociedad, por su fundamentalismo religioso, por su fanatismo y sectarismo político y por su mística enfermiza se haya convertido en un peligro latente para la comunidad en el ejercicio de su alto cargo. Sólo miremos estos ejemplos: desconocimiento de la Sentencia Constitucional sobre el aborto; violación a la libertad de cultos, ¿o es que los mormones tienen oratorio en la Procuraduría?; la persecución política al ex Alcalde de Medellín; la inexplicable absolución de los ministros del Interior y de la Protección Social en el caso de la Yidispolìtica. No hay derecho a que una persona de estas condiciones esté en ese cargo por ostensible incompatibilidad con sus creencias.

No he considerado en ningún momento que la Fiscalía General sea una criatura deforme parida por la Constitución de 1991, como lo afirmó el reconocido Jurista y Columnista, Fernando Londoño Hoyos, en uno de sus artículos publicado hace algún tiempo por el Diario La Patria – “Fiscales: Tragedia nacional”. ¿Pero, como no pensar en que los Presidentes, en su calidad de postulante, y la Corte Suprema, en calidad de elector, han incurrido en error garrafal en la selección y elección de alguna de las personas designada como Fiscal General?

La postulación y la elección del Fiscal Luis Camilo Osorio fue desacertada no solo por sus  escasos conocimientos en materia penal y criminal, sino por su proclividad a la protección, fortalecimiento y expansión del paramilitarismo; tuvo actuaciones inequívocas de protección y favorecimiento con militares y policías involucrados con paramilitares, como los Generales Rito Alejo del Rio y Mauricio Santoyo. Su paso por la Fiscalía es de negra e ingrata recordación. Esta es la oportunidad que tiene la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para demostrar que si sirve para algo en este lapso de ‘resurrección milagrosa’

En cuanto al nuevo Fiscal Eduardo Montealegre, tengo mis reservas bien fundamentadas, y el país lo sabe y lo calla por pusilanimidad , primero, como Abogado defensor de SaludCoop en el cobro de los honorarios exorbitantes a sabiendas que esos seis o siete mil millones que le cancelaron provenían de los recursos sagrados de la Salud por concepto de UPC- unidad de pago por capitación- con destinación específica y que no se podían desviar hacia ese pago, y, en segundo lugar, todo parece indicar que está siguiendo los pasos de Luis Camilo Osorio, respaldando abiertamente a unos funcionarios de la Fiscalía, inequívocamente comprometidos con el contubernio político-paramilitar. ¿O no señor Fiscal?  Su actitud es vergonzosa y poco digna, salvo que sus desleales Asesores le estén ocultado información.

Una verdadera reforma de la justicia no se logra concediendo gabelas, ni con actuaciones timoratas y negociadas, ni aumentando periodos de magistrados, ni aumentando el sueldo del Secretario del Senado como retribución a su complicidad, ni disfrazando una norma para que un funcionario se atornille en el cargo, pero sí ampliando la competencia en su jurisdicción de los jueces municipales y  promiscuos, controlando horarios de trabajo y la gestión de los operadores judiciales, y otras más, de simple artesanía.

Apostilla: Si continuamos solidarios, y la línea de conducta de los medios de comunicación no varía, y rechazamos los actos oprobiosos como la reforma a la justicia y todos aquellos que pueda cometer autoridad alguna, este país cambia, porque cambia y venceremos la corrupción y la impunidad. ¡Vamos por el referendo de la revocatoria del Congreso!!

Manizales, Junio 30 de 2012.