Lecciones de una crisis institucional
En primer lugar, es necesario reconocer e insistir en que si tenemos un problema con el sistema y la administración de justicia, como la falta de acceso a la misma, la congestión, los problemas de competencia y jurisdicción, el tráfico de influencia, la corrupción y la politiquería, para citar sólo algunos. Sería necio negar que existe un problema en la administración de justicia, prueba de ello son también la inseguridad, la impunidad y la justicia por mano propia, es decir la venganza, debido a la falta de la acción adecuada y oportuna del Estado, en esta materia.
En segundo término, hay que decir que la crisis sirvió para algo: demostró la clase de instituciones y la dirigencia que tenemos. Es inaceptable que un congresista no lea los temas, proyectos y demás iniciativas que ponen a su consideración. Por Dios, los parlamentarios fueron elegidos para que cumplan con la Constitución y las leyes, pero, principalmente, para que ejerzan su sagrado deber de legislar y realizarle control político al gobierno, y eso implica que, por lo menos, lean y estudien los temas que les corresponden. No es una excusa aceptable y debería dar pena reconocer que se vota sin leer para conocer lo que se está votando.
En tercer lugar, se vuelve a ratificar que las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, y entre estos dos y las cortes, está mediado por las dádivas, el que me das si yo te doy, y no por la independencia, la autonomía y el pensamiento en los altos intereses del país. Se vio de todo en esta crisis de la reforma judicial, menos el cumplimiento del deber de cada uno.
El daño a las instituciones es inmenso, lo que sucedió no es de un país serio y amerita un análisis más a fondo que involucra no sólo la forma en que funciona cada una de las ramas del sector público, sino también los partidos y movimientos políticos, en qué andan y cuál es la responsabilidad que tienen con el país?. ¿Cómo es posible que un Congreso no pueda adelantar una reforma a la Constitución para solucionar los problemas de la rama y la administración de Justicia?. Sólo fueron eficientes para llenarse de garantías y privilegios, y también darle dádivas a los magistrados de las altas cortes, como la ampliación de su periodo y de su edad de jubilación.
El Gobierno tiene su alta cuota de responsabilidad en todo lo ocurrido. Lo mínimo que indica el sentido común es que el alto gobierno le haga un seguimiento riguroso y particular a cada uno de los proyectos de ley y actos legislativos que cursan en el Congreso y no es comprensible que se pueda decir que allí sucedan cosas que el ejecutivo desconoce e ignora, cuando el resto de la ciudadanía, medianamente informada, sabe todo lo que está pasando en la Cámara de Representantes y el Sentado de la República. Este proyecto de acto legislativo que generó toda una crisis institucional, vuelve a crear un manto de duda sobre esa corporación pública que se supone es la máxima representación del pueblo.
Y también los ciudadanos en todo el país tienen mucho que aprender de lo ocurrido. Los congresistas que participaron en la famosa conciliación no merecen ser reelegidos y los medios de comunicación debemos ser más exigentes con el trabajo de los congresistas y con el deber que estos tienen de rendir cuentas de sus actos a sus electores. Estas son solo algunas de las múltiples conclusiones y lecciones de una crisis que deja muy mal parado a la dirigencia del país y que demostró que todavía tenemos muchos problemas de legitimidad y transparencia en el funcionamiento de nuestro sistema político. El Pilón.
