Presentada Acción Popular para solicitar la suspensión de las obras del túnel de la Línea
Además que se obligue al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actuar con vigilancia primaria y además se ordene la recuperación de las quebradas San Rafael, El Salado y La Gata, que están por fuera de servicio por la cargas contaminantes vertidas producto del proyecto.
La Gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, quien ha permanecido vigilante de todo el proceso y ha sido clara al afirmar que defenderá hasta el final los intereses de los calarqueños, mostró su optimismo por la incoación del mecanismo que resolverá de fondo la problemática.
«Avalamos y apoyamos rotundamente la acción popular porque solo este medio procesal nos ayudará a que cese la vulneración de los intereses de los calarqueños, además que queden establecidos claramente los compromisos para que se restituya el daño que nos han ocasionado las obras», indicó la dirigente quindiana.
La Acción Popular cuyo accionante es la Defensora Piedad Correal Rubiano, quien atendió oportunamente el llamado de la Gobernadora, para trabajar colectivamente la defensa de los calarqueños, tiene como accionados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Ministerio de Transporte, Invias, Consorcio Unión Temporal II Centenario, la empresa interventora Consorcio DIS S.A. EDL Ltda y la CRQ.
Esta acción judicial que vincula toda la obra con sus frente conexos y la doble calzada, pretende que los accionados garanticen infraestructura de servicios, salubridad pública de los pobladores de la jurisdicción, cumplimiento del plan de manejo de ambiental y el restablecimiento de las fuentes hídricas afectadas.
Así mismo en aras de evitar mayores perjuicios, se solicitó medida cautelar para el cese de actividades en todos los frentes de la obra mientras el juez determina el fallo de la acción popular.
Otro objetivo de la gobernadora Sandra Paola Hurtado consiste en acudir a la Fiscalía General de la Nación en lo que se pudiera considerar una denuncia de delitos ambientales penalizables. Estas presuntas anomalías las estaría cometiendo el constructor y por ende el interventor, por lo que en pocos días habrá un consejo de seguridad departamental al que están invitadas todas las instancias del Quindío.
“Los constructores del túnel de la Línea tienen que darnos la cara, explicarnos qué hicieron y cómo van a solucionar el problema en los términos de la ley y en el menor tiempo posible”, afirmó la mandataria.
