29 de julio de 2021
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Justicia Indígena debe abolirse

17 de mayo de 2012

uriel ortizEl Artículo 1º de la Constitución Política del 91, empieza definiendo, que “Colombia es un Estado de Derecho, organizado en forma de República Unitaria….” Lo que quiere decir que no debe sustraerse de administrar Justicia, ni mucho menos delegar estas funciones a ningún ente territorial, secta, u organización diferente a su Jurisdicción y competencia, como si lo está haciendo con los Indígenas, a través del Artículo 246 de la Carta Magna.
Nos hemos olvidado que nuestros indígenas, son sujetos de Derecho, puesto que están dentro del mismo Territorio y por lo tanto son ciudadanos que deben gozar de todas las protecciones legales, de justicia, salud, educación, vivienda digna con servicios públicos básicos y seguridad social en general por parte del Estado. Pero, que se les autorice aplicar su propia justicia, mediante Norma Constitucional, es todo un adefesio jurídico que debe corregirse en el menor tiempo posible.

Hay que reconocer que los Pueblos Indígenas, han luchado incansablemente por defender sus derechos, constantemente violados y vilipendiados a través de toda su existencia, partiendo desde el descubrimiento, hasta el año 1.991, cuando el Constituyente, les otorgó la facultad de aplicar sus propia Justicia, regulada por sus ancestros, y dictada por el embrujo del medio en que han vivido y desarrollado a través a través de los siglos.
Desde entonces, se han vuelto expertos en dirimir conflictos en el menor tiempo posible, muchas veces visionados por los caciques y chamanes de sus tribus, ante quienes se doblegan para hacer cumplir sus conceptos, así no estén acordes con las Leyes que rigen el diario convivir de nuestro Estado de Derecho.

Pues bien, aquí es donde empieza el problema: no existe identidad de criterios entre lo que ordena el artículo 246 de la Constitución del 1.991, – donde se les concede tal beneficio, pero,- sin salirse de los parámetros normales-, y  la forma de aplicar castigos tan salvajes, que la mayoría de las veces riñen con la violación de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  

Los indígenas nos castraron la forma de pensar y protestar frente a los aberrantes casos que cometen con sus costumbres ancestrales, para castigar a sus súbditos. Son varios los homicidios que se han denunciado con estas prácticas, como: las fueteras, los cepos, los destierros, los ayunos obligados y en fin, toda una serie de arbitrariedades en nombre la Constitución y la Ley de la República de Colombia. Estas aberraciones se ven con frecuencia por algunos noticieros de televisión, castigos que se aplican por la comisión de faltas que muchas veces en nuestro medio no alcanzan la categoría de infracciones de Policía.  

Hay otro caso indignante que es urgente buscarle solución, es lo que está ocurriendo en ciertas comunidades indígenas con el caso de la ablación, practicada a las niñas indígenas, cuando llegan a sus nueve años de edad: consiste en extirparles el clítoris, en forma artesanal y dolorosa, bajo absurdas creencias ancestrales, pero, lo más grave es que cientos de estas niñas en los actuales momentos padecen infecciones vaginales, sin que ninguna autoridad se tome la molestia de investigar estos abusos y creencias, que en pleno siglo XXl, no son más que prácticas salvajes que atentan contra la salud de estas inocentes criaturas. Todo esto, gracias a la Constitución del 91 que les otorgó el derecho de ser librepensadores, fieles a sus tradiciones, negociadas dentro del Estado de Derecho.

Una cosa es que a los Pueblos Indígenas, se les respete su cultura,  tradición y costumbres,- de las cual nos sentimos orgullosos-, junto con sus territorios ancestrales, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y la preservación de los recursos naturales, y otra bien distinta, es dejarlos en el ostracismo, muchas veces salvaje, cometiendo inconscientemente todo tipo de arbitrariedades, ante la mirada complaciente de la civilización, cuyas autoridades no se atreven a actuar, puesto que lo están haciendo mediante el disfrute y goce de un perverso principio Constitucional, que el Constituyente del 1.991, les otorgó muy a la ligera, sin mirar las consecuencias a futuro. ¡Qué vergüenza! Señor Ministro de Justicia.

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