5 de agosto de 2021
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Juez de Manizales ordenó parar trabajos del Cable en Villamaría

17 de mayo de 2012
17 de mayo de 2012

En el mismo fallo la funcionaria pidió una investigación fiscal, disciplinaria y penal contra exalcalde Luis Fernando Marín y exsecretaria de Planeación, Carolina Granada Díaz, funcionarios que autorizaron las obras.

En el fallo, la funcionaria declaró que el Municipio «violó los derechos colectivos al patrimonio público y patrimonio cultural de la Nación, pues según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ambas edificaciones pertenecen a la Zona Histórica, «por lo que su uso es solo de conservación y preservación, pero nunca de intervención que implique el cambio arquitectónico».

El cable de Villamaría pretende darle continuidad al sistema de transporte que opera desde Manizales hacia la terminal de transporte de Los Cámbulos con el doble propósito de garantizar su rentabilidad y darle a los usuarios un sistema de movilización más expedito y rápido.

Antecedentes

Ciudadanos de Villamaría que no están de acuerdo con la construcción de la estación del Cable Aéreo en la plaza principal del municipio hicieron llegar al Consejo Departamental de Patrimonio Histórico una sustentación sobre la inconveniencia de construir la obra en el parque principal.

Alegan que con la construcción de la estación del Cable Aéreo en este sitio se está atentando contra la armonía histórica, urbanística, arquitectónica y de identidad cultural del parque toda vez que este es un espacio para el disfrute ciudadano.

En la sustentación que hacen ante el Consejo Departamental de Patrimonio Histórico los ciudadanos argumentan que la estación se debe construir  en otro lugar del municipio para que no afecte el entorno que se caracteriza por ser sitio de confluencia de estudiantes del Colegio San Pedro Claver. Señalan que se debe preservar la memoria histórica ante la pretensión de levantar una edificación que rompe con la tradición histórica del parque. Para sustentar esta afirmación se remiten a la sentencia del juzgado de Villamaría donde se ordenó la demolición de la Casa Consistorial porque amenazaba ruina, indicando que en el sitio debe construirse una edificación que conserve su legado histórico. En esa sentencia el juzgado negó la pretensión de la actual Administración Municipal de ceder el lote para que allí se construyera la estación del cable.

El movimiento de oposición a la obra lo lideran varios ciudadanos comprometidos con la conservación del entorno histórico del parque, entre ellos el alcalde electo de Villamaría, Jairo Antonio Valencia. En un reportaje concedido a La Patria antes de las elecciones, el ingeniero expresa: “Nuestro interrogante es si el parque debe ser su punto de llegada, ya que lo idóneo es un lugar diferente, aunque cercano a ese sitio, teniendo en cuenta factores perturbadores como un centro de educación muy próximo y el flujo permanente de buses alimentadores en el sector. Esto es inherente a una masa permanente de personas que crearán una natural congestión que atenta contra la filosofía misma de los parques, que deben ser un centro de esparcimiento“.

Otra de las personas abanderadas del movimiento en contra de la construcción de la estación del cable en el parque es la exalcaldesa de la localidad, Beatriz Peralta. La exfuncionaria expresa que se necesita el concurso de  toda la comunidad para que una acción popular que en este momento cursa contra la obra prospere. Señala que es necesaria la reubicación del proyecto toda vez que se está violando el Plan de Ordenamiento territorial del  municipio que no permite obras de esta naturaleza en un entorno con características de monumento histórico.

Los líderes del movimiento expresan en la sustentación presentada al Consejo Departamental de Patrimonio Histórico que con la ejecución de esta obra se están violando normas precisas sobre conservación de entornos culturales toda vez que la misma afecta notablemente la zona histórica del municipio, produciendo un impacto social, ambiental, cultural y de memoria histórica negativo para la comunidad. Critican asimismo la actitud del actual alcalde del municipio que quiere imponer su voluntad por encima del sentimiento de pertenencia de la comunidad e. igualmente, de una sentencia de un Juez de la República debidamente ejecutoriada.

El firmante de la sustentación, Alvaro de la Cruz Naranjo Quiceno, señala que la Acción Popular contra la obra cursa en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales bajo el radicado 1700 1333 3100 2201 1006 1600.  Indica  igualmente que la comunidad, “que debe ser vista como el principio y fin de las acciones del Estado”, no fue consultada por el alcalde sobre los alcances de la obra. Naranjo Quiceno sostiene que al no socializarse el proyecto de construcción de la estación en la plaza principal  se actuó en desacato de la planeación participativa que ordena la constitución.