Con estrategia «Pereira sin cambuches» se desalojarán 300 invasiones en el sector de «La Cascada»
Dos años en proceso de desalojo
Surtidos todos los pasos legales y respetando el debido proceso, ya han pasado dos años (desde el 2010) que se dio inicio a este trámite administrativo sin ninguna respuesta positiva por parte de las personas que ocupan ilegalmente estos predios.
El 27 de diciembre de 2011 nuevamente se le ordenó a este grupo de invasores desalojar el sitio, mediante resolución 5719 pero tampoco se obtuvo una respuesta positiva. Por tal razón a través de la Dirección Operativa de Control Físico municipal, en un operativo sin precedentes, se llevará a cabo, de forma controlada y organizada, el respectivo desalojo.
Gullermo Osorio Orozco, director operativo de control físico, aseguró que este desalojo cumplirá todas las normas y la defensa de los derechos humanos a quienes residen en el sector, por tal razón contará con el acompañamiento de la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisarias de Familia, inspecciones de Policía y las demás entidades y funcionarios que hacen parte de la comisión de Restitución.
Con estas acciones la administración busca solucionar una serie de problemáticas sociales de inseguridad y salubridad pública en el sector, debido a que allí las aguas residuales vierten y filtran de manera permanente el terreno ocasionando enfermedades.
Este procedimiento conforme a la ley, busca restituir los bienes de uso público en la ciudad así como garantizar la vida de los ocupantes, al tiempo retornarle a la ciudad estos predios considerados zona de protección ambiental por parte de la Carder.
Para garantizar la seguridad de los residentes aledaños a esta invasión y de los funcionarios públicos, la Policía Metropolitana tiene un completo dispositivo de pie de fuerza que acordona el lugar y velará por que el proceso de Restitución se haga conforme a la Ley y las normas.
Desde luego la administración municipal reitera el llamado a las personas que a cambio de dinero están invadiendo los bienes de uso público y engañando las familias que por este medio creen que el municipio les dará algún tipo de bien inmueble, en el artículo 263 del Código Penal tiene prevista una pena hasta de 7 años y medio para el promotoru organizador.
Cabe resaltar los diferentes organismos de socorro estarán disponibles para atender cualquier tipo de emergencia que se llegue a presentar.