Aprobado proyecto de Reforma a la Justicia
Inicialmente se aprobaron en bloque los artículos 3, 9, 13, 14, 18, 19 y 29, los cuales no presentaron mayor discusión y no tuvieron proposiciones modificatorias, con una votación a favor de 60 votos y ninguno en contra.
Se aprobó que los magistrados de las altas cortes sean elegidos para un período de 12 años. Esta disposición cobija a los actuales togados. También recibió aprobación del artículo que autoriza a la Policía conducir a centros especiales, hasta por 36 horas, a quienes se encuentren bajo el efecto del alcohol o sustancias alucinógenas, y que puedan representar un peligro para la sociedad.
Se eliminó la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Consejo Superior de la Judicatura. Entre otros, el parágrafo segundo del artículo 17 fue modificado, de manera que
Igualmente se aprobó que notarios y abogados puedan adelantar juicios menores, en áras de descongestionar la mayor cantidad posible de procesos estancados. Esta iniciativa culmina su trámite en el Senado de la República y pasa a cumplir sus dos últimos debate en la Cámara de Representantes, antes de convertirse en reforma constitucional.
La reforma según los voceros de los Partidos
Para el senador Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde) «Es importante plantear aspectos que tiene que tienen que ver con el presupuesto y el financiamiento de la rama que contempla el artículo 116, estoy de acuerdo y lo vamos apoyar, porque creemos que es un presupuesto para que nuestros jueces de paz puedan en determinado momento cumplir su labor».
A su turno el senador Hemel Hurtado (PIN) manifestó que esta reforma «es una normatividad que le va a servir al colombiano de a pie y que va equilibrar los poderes, este tipo de leyes de calidad son las que le sirvan al país y que se puedan implementar».
Según el senador Carlos Baena (Partido Mira) esta no es la reforma a la justicia que se había anunciado con mucha expectativa a los colombianos.
«La reforma a la justicia no es esa reforma que este privilegiando el acceso de los ciudadanos a la justicia, es más está creando arancel judicial, lo que elimina la gratuidad a la justicia, lo que va a impedir una acceso fluido a la justicia, al crear unos jueces adjuntos, vamos a contemplar un escenarios que no va a ser de fácil acceso».
Anunció que no acompañaría la propuesta mayoritaria contenida en la ponencia positiva y si acompañar la ponencia de archivo presentada por el senador Avellaneda del Polo Democrático.
El senador Germán Carlosama (Movimiento autoridades Indígenas) agradeció al ministro de justicia, la incorporación de un parágrafo dentro de la ley, para que pueda garantizar recursos y los medios técnicos necesarios para el desarrollo de la jurisdicción especial indígena.
Con la intervención de los voceros de cada partido, finalizó la discusión del proyecto de reforma constitucional y al respecto el senador Juan Lozano (Partido de la U), sostuvo que «en el conjunto de normas en el capítulo de descongestión judicial pueden generar gravísimos efectos en la autonomía de la rama, en la prestación y en la eficiencia del servicio».
Aclaró que el modelo de privatización de la justicia está esbozado con la incorporación de abogados y notarios como auxiliadores de justicia. «Terriblemente inconveniente que la función judicial se desplace a unos abogados. Han de ser los jueces los que cumplan con la función de administrar justicia».
En representación del Partido Liberal, el senador Rodrigo Villalba rescató el valor de los ponentes frente a este proyecto y propuso que la silla vacia aplique a otros delitos como a los delitos contra la administración pública y sobre los anónimos pedir que la denuncia sea más sería con elementos probatorios, pero sin el nombre.
Para el senador Parmenio Cuellar (Polo Democrático) existe gran preocupación sobre la facultad que se le otorgaría a la autoridad administrativa para privar de la libertad a una persona, propone sustituir palabra, capturar o aprender por la de conducir, que se aprobó en la Comisión primera, pero ahora en el texto para segundo debate cambió. «Tiene que quedar en la Constitución nacional que no será conducido a un centro penitenciario sino a un centro de rehabilitación, para las personas que estén bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, que quede claro quien define esto».
Sobre las denuncias a funcionarios públicos, el senador Luis Fernando Duque (Partido Liberal) propuso con el respaldo de 50 senadores, que «las denuncias a servidores públicos por delitos en ejercicio de sus funciones se presentarán personalmente por el denunciante con las pruebas en su poder que respalden la denuncias. Salvo denuncias por delitos de lesa humanidad que no necesitan presentación personal».
A su turno el senador Carlos Enrique Soto (Partido Conservador) sostuvo que «no es necesario llevar al plano constitucional incrementar el presupuesto de la rama judicial. Me parece que eso no debería ser un tema del rango constitucional. La jurisdicción constitucional de la tutela, no se quiso tocar. Me parece un desatino, pues puntos significativos para descongestionar la justicia se dejaron de lado».
