21 de junio de 2024

No pare, señora Contralora

11 de abril de 2012

Si los recursos públicos se manejan o invierten mal, se pierden, o directamente se desvían a bolsillos particulares, la Contraloría debe investigar y llevar el proceso de responsabilidad fiscal. Lo hace con independencia de las investigaciones penales y disciplinarias, que corresponden a otras instancias.

Y las personas que investiga ese ente de control son los funcionarios públicos que manejaron esos recursos. Ni la Constitución ni la ley establecen excepciones para ser sujeto de proceso de responsabilidad fiscal. Ahí no hay fuero.

Basado en eso, y en la voluntad para luchar contra la corrupción, la Contralora General, Sandra Morelli , ejerció sus facultades para investigar el bochornoso escándalo del «carrusel pensional» en el Consejo Superior de la Judicatura. Lo hizo desde su especialidad, es decir, la fiscal, por el posible detrimento a los recursos públicos.

Igualmente, ante la clamorosa inactividad -por decir lo menos- de ciertas Contralorías Departamentales, como la de Antioquia entre 2007 y 2011, la doctora Morelli asumió el control preferente de los expedientes sobre irregularidades en la gestión departamental.

Pero para detener lo que parecía iban a ser unas investigaciones bien llevadas, una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, despojó a la Contralora de sus funciones, mediante una decisión que nos merece toda clase de reparos.

Leída en su integridad, sin prejuicios, la encontramos endeble jurídicamente, y desestabilizadora de la vigencia constitucional de las competencias que corresponden a los diferentes poderes del Estado, que no revisten dudas.

La providencia, tal como lo dice la señora Contralora, «absuelve» de antemano a los magistrados que habrían fomentado el «carrusel pensional». En una decisión que era para dirimir un conflicto de competencias, los conjueces se pronunciaron sobre el fondo de la posible responsabilidad fiscal, asunto que no les correspondía determinar.

Y, para empeorar las cosas, hacen los conjueces una serie de consideraciones que trastocan el funcionamiento de los entes de control, al decir, por ejemplo, que las funciones asumidas por la Contraloría son de carácter jurisdiccional.

Pero no terminan aquí los desatinos. La propia Contralora General ha caído en ellos. No solamente anunció por radio posibles detrimentos patrimoniales en Antioquia -imprudencia procesal, de la cual harán festín los investigados- sino que, horas después, comunicó que suspendía las diligencias contra «aforados constitucionales, entre ellos los gobernadores».

Eso no tiene razón de ser, incluso con la nefasta decisión de los conjueces del Consejo de la Judicatura sobre la mesa.

Es posible que la señora Contralora quiera crear un efecto político de alto impacto para presionar el reconocimiento y restitución de las competencias que la Constitución le asigna.

Pero esa no es la forma. Anunciar inactividad, cuando las apetencias de los corruptos no se detienen nunca, es no sólo desmoralizador, sino una irresponsabilidad que sienta un precedente perverso.

El Colombiano/Editorial