13 de junio de 2024

Masacre económica contra EPA

25 de abril de 2012
25 de abril de 2012

gilberto montalvoLa historia del concubinato entre Servigenerales  y la administración de Armenia se remonta al ex alcalde Mario Londoño Arcila, (q.e.p.d.) quien entregó en concesión a este  operador la recolección de las basuras de la ciudad.

Como se recuerda Londoño Arcila generó una situación artificial haciendo creer que sino se entregaba a un operador privado este servicio habría un problema de salubridad pública.

El argumento se sustentó en sacar  los vehículos recolectores del servicio, la falta de un relleno para disposición final y el pasivo pensional que generaba mantener a los escobitas en la nómina de Epa.

Con estas argumentaciones ficticias se entregó el aseo y se generó un amancebamiento entre Alberto Ríos y sus empresas y la familia de Londoño Arcila que se prolongó  años después de su fallecimiento con la continuidad de su viuda Ana María Arango rigiendo los destinos de la capital del departamento del Quindío.

Fuentes seguras advertían  desde entonces que Londoño Arcila había establecido presuntamente una sociedad personal de donde derivaba recursos que iban a parar a sus cuentas personales y de su familia.

Con la  muerte del ex alcalde no se pudieron seguir una serie de investigaciones que en este sentido se habían iniciado  por parte de las autoridades competentes.

Con ese ejemplo una vez Londoño Arcila dejó la alcaldía de Armenia, para convertirse en senador de la república, fue sucedido por David Barros Vélez, quien hizo el intento de entregar ya no solo el aseo sino el acueducto a unos operadores privados, proceso que se frustró por la acción de las  autoridades correspondientes. Sin embargo, hoy subsisten demandas económicas contra empresas públicas por la declaratoria  desierta de esta posibilidad y a la  cual deben atender entre otros el ex alcalde Gilberto López González y el ex gerente de Epa Juan Carlos Marín Bedoya.

Una vez retoma el poder en la alcaldía de Armenia la familia Londoño Arango a través de Ana María Arango, la viuda de Mario Londoño, por supuesto que la sociedad con Servigenerales se afinó, continuó con la operación del  aseo, pese a que en campaña la candidata había jurado ante notaría por escritura pública que retomaría el servicio, cosa que no sucedió y que no pasó de ser una anécdota porque Servigenerales tenía amarrado el contrato hasta el 31 de diciembre de 2011. Saludo a la bandera para engañar a la comunidad y conseguir votos. Una nueva frustración de la ciudadanía que veía como día a día sus facturas menguaban sus pequeños presupuestos y llenaba las cuentas de las familias Londoño y Ríos.

La voracidad personal de Ana María Arango, quien fue destituida y sancionada con 15 años para ejercer cargos públicos  por la procuraduría general de la nación, por hechos relacionados con adulteración de documentos públicos de las Epa para efectos de negocios no claros, hizo que  nombrara en su momento al ingeniero John Jairo Toro Zuluaga, como gerente de las empresas públicas.

Toro había sido secretario de infraestructura de Mario Londoño, una persona de absoluta confianza de su familia y quien en ese cargo fue el responsable de muchas obras de importancia de la ciudad pero que se insinuaba en el cotilleo diario que eran construías por el propio alcalde de entonces a  través de testaferros.

La designación de Toro Zuluaga fue entendida como una delegación de funciones por parte de la alcaldesa para mantener los negocios con Servigenerales y por supuesto llevar a la entidad al problema gravísimo que hoy  tiene a todos los ciudadanos de Armenia ad-portas de perder más de siete mil millones de pesos y por ende la eventual liquidación de las más importante empresa de la capital del departamento del Quindío.

Las relaciones entre Servigenerales y Ana María Arango y Jhon Jairo Toro no podían ser las mejores, por razones obvias, que se desprenden de las anteriores consideraciones y tenía que llegar el momento de echarse unos pesos de más.

La manera más fácil era comprometer recursos de las Epa, generar una sociedad con Servigenerales y embarcarse en el negocio de Acuaseo, una entidad que nació muerta y que se constituiría en el mayor fiasco en la historia de la entidad.

El objeto de Acuaseo era prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en Tumaco y Magangué, dos municipios pobres y sin ninguna cultura de pago.

El hecho era llevar a las Epa a un mal negocio y favorecer los intereses particulares de Toro, la familia Londoño Arango y por supuesto a Alberto Ríos, el mayor operador privado de servicios públicos del país, socio natural del ex ministro del interior y hoy de vivienda Germán Vargas Lleras, mentor político de Cambio Radical partido de la alcaldesa de entonces, su familia, y el gerente de Epa. Enroque total.

La maniobra operacional era darle la mano a Servigenerales creando la sociedad e invirtiendo 1.250 millones de pesos del patrimonio de Epa en  Acuaseo.

Hoy dos años después de la flagrante y perniciosa maniobra las pérdidas acumuladas  de esta empresa son del orden de 7.048 millones de pesos, 5.876 millones a 31 de diciembre de 2011 y  1.171 millones a diciembre del 2010.   

Con una situación de tal naturaleza la viabilidad económica de las Empresas Públicas de Armenia está en grave riesgo.

Sumados los activos y los pasivos de Acuaseo da un desalentador panorama: tiene un patrimonio negativo de 4.578 millones de pesos.

Es decir que  las Epa no sólo invirtieron 1.250 millones de pesos en Acuaseo, que ya se pedieron, sino que deben asumir el 50% de los pasivos de la empresa.

Pero para que el panorama sea más crítico resulta que Acuaseo contrajo créditos con Aseo Capital por 2.593 millones de pesos y 581 millones con Servigenerales, empresas de Alberto Ríos, que a la vez es socio de Epa. Carrusel total para defraudar a la primera empresa pública de los armenitas. 3.174 millones de pesos más, así de sencillo.

Como si fuera poco los usuarios de Magangué y Tumaco le deben a Acuaseo, es decir Epa y Servigenerales, la bobadita de 3,976 millones de pesos por acueducto y alcantarillado, suma irrecuperable por la falta de cultura de pago de los habitantes de esas localidades que siempre han creído que el Estado debe responder por todas sus necesidades,

Esta es la desastrosa herencia que hoy le ha dejado  una familia infame con los intereses de la ciudad.

¿Y dónde estaba la junta directiva de bolsillo de Epa?

Buena pregunta

Si la alcaldesa Luz Piedad Valencia y su equipo de Epa no se ponen las pilas  Armenia se podría quedar sin un patrimonio que se ha creado con tenacidad  por más de sesenta años, porque siendo socios de Acuaseo en un 50% son solidarios en toda su actividad comercial y como están las cosas  7.048 millones de pesos no están detrás de la puerta y los ciudadanos no deben pagar las ansias voraces de la familia Londoño Arango y sus secuaces que ya bastante dolor le han hecho pasar a la comunidad.

Las entidades de fiscalización y control tiene ahora la sartén por el mango.