30 de enero de 2023
Directores
Juan Sebastián Giraldo Gutiérrez
Ximena Giraldo Quintero

Precluye investigación contra Chiquita Brands y otras dos bananeras

30 de marzo de 2012
30 de marzo de 2012

El fiscal 33 especializado de esa ciudad, Humberto Villamizar, decidió dar término bajo esta figura judicial a la causa contra las bananeras y continuarla contra un exparamilitar implicado, dentro de un proceso por concierto para delinquir que llevaba cuatro años.
Además de Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, con la causa estaban vinculadas las comercializadoras Banacol y Banadex, todas ellas con actividades en la conflictiva zona de Urabá, en el noroeste del país.

 

La fuente recordó que el proceso se derivó de testimonios judiciales ofrecidos por antiguos mandos de la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Salvatore Mancuso, Ever Veloza y el bananero Raúl Emilio Hasbún.
Los tres confesaron que Chiquita Brands, entre otras bananeras y empresas con asiento en Urabá, realizaban aportaciones mensuales a las AUC en la región, que se canalizaban por unas cooperativas de seguridad.

En su caso, la multinacional estadounidense admitió ante las autoridades de su país que había realizado pagos a los paramilitares y que llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
En el mismo proceso comparece Hasbún, empresario bananero conocido con el alias de «Pedro Bonito» y antiguo jefe del desaparecido Frente «Arles Hurtado», adscrito al también desarticulado Bloque Bananero, de las AUC.

Hasbún, que está preso y condenado en otras causas, se desmovilizó en 2004, dentro del proceso que llevó a la disolución de las AUC a mediados de 2006.
La fuente de la Fiscalía dijo a Efe que el fiscal Villamizar le dictó a Hasbún «medida de aseguramiento» (detención preventiva) por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de armas.
Las decisiones fueron apeladas ante tribunales superiores por el exjefe paramilitar, el Ministerio Público y la parte civil, que está a cargo de defensores de los derechos humanos.