2 de febrero de 2023
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En el sector Salud circulan hoy cerca de $40 billones, lo que indica suficiencia de recursos, revela Procuraduría

28 de marzo de 2012
28 de marzo de 2012

En el marco del estudio fue diseñado un instructivo para ser implementado por las procuradurías regionales, provinciales y varias procuradurías  delegadas, con el fin de llevar a cabo un expedito control a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control del sistema, y a entidades como el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación, las secretarías de Salud, entidades territoriales y al administrador fiduciario, entre otras.

Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, señaló que no obstante que hay múltiples normas para agilizar los desembolsos de fondos y está demostrado que existen recursos suficientes para prestar este servicio esencial, es recurrente la queja generalizada sobre el no pago o excesivas demoras en el flujo de los recursos.

Fue enfático en señalar que, aunque se ha avanzado notablemente en el aseguramiento (afiliación o carnetización), el acceso, oportunidad y calidad del servicio de salud están lejos de cumplir con los postulados constitucionales y legales del Estado Social de Derecho. Respecto de la política preventiva para el control del uso y flujo de los recursos del sistema que fue presentada por la Procuraduría, manifestó: «Es una herramienta diseñada para prevenir riesgos y problemas que se originan por el uso indebido de los recursos financieros, demoras en los trámites de cada una de las entidades responsables».

Por su parte, la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda Visbal, señaló que con base en los resultados de esta investigación se deben desarrollar acciones de articulación permanente con todas las instancias de inspección, vigilancia y control, y destacó la importancia de la participación ciudadana y la injerencia real de diferentes actores sociales en el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El viceministro de Salud y Protección Social, Carlos Mario Ramírez Ramírez, reconoció el trabajo adelantado por la Procuraduría y planteó inquietudes frente a los argumentos que plantean diversos actores del sistema para evidenciar la crisis: «Si los pacientes mueren en las puertas de las instituciones prestadoras porque las EPS no garantizan los servicios, ¿de dónde sale la alta cartera que alegan las EPS?»; ¿por qué si ahora tenemos un POS único, hoy los departamentos no responden por los servicios no POS que están a su cargo?”.

Algunas cifras sobre las finanzas del sector Salud

Entre las cifras presentadas, se encuentra que hoy circulan cerca de $40 billones de pesos en el sector, lo cual indica que hay suficiencia de recursos, sin embargo, los estados de cartera entre los diversos actores del sistema es alarmante; por ejemplo, las empresas promotoras de salud que administran el régimen contributivo deben $1,2 billones; de ellos, la cartera de las EPS privadas es de $757.101 millones.

Respecto de la cartera del Fosyga con las EPS, que corresponde básicamente a los recobros por medicamentos no contemplados en el POS y el cumplimiento de fallos de tutela, en el régimen contributivo se pasó de $1.278 millones en el 2001 a cerca de un billón de pesos en el 2008. En este sentido llamó la atención un estudio de la Defensoría del Pueblo que reveló que en 2006 el 53,38% de las demandas por tutelas fueron para eventos POS y medicamentos POS, lo que hace pensar que gran cantidad de los recobros que se pueden haber hecho al Fosyga están cubiertos con la prima que reciben las EPS.

Al analizar la situación de cartera por tipo de deudor o negocio, según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, las EPS del régimen contributivo se posicionan como las entidades de mayor participación en la deuda total con el 34,4%, seguidas de la deuda del Estado con 24,4%. Con referencia al último semestre 2008, las EPS del régimen contributivo incrementaron la mora en 14,4 puntos, las del régimen subsidiado en 7,9 puntos, en tanto que la cartera superior a 90 días del Estado se redujo en 11,3 puntos, atribuida principalmente a los entes territoriales.

Bajo la clasificación enunciada, el Estado, representado por las entidades territoriales, el operador fiduciario del Fosyga y otras entidades del orden nacional, participa del 24,4% de la deuda total con un monto de $873 mil millones de pesos y una morosidad del 60,5% en la cartera superior a 90 días. El operador fiduciario del Fosyga es el más moroso con 77,1% de cartera a más de 90 días, de una deuda que asciende a $97.411 millones en esta muestra de prestadores.

Algunas recomendaciones del estudio

De acuerdo con los resultados de la investigación, es imperativo revisar las normas que definen y regulan la operación del Sistema: los objetivos, procesos y resultados esperados. De igual manera, es fundamental implementar una política preventiva para vigilar que quienes deban cumplir la función de inspección, vigilancia y control, lo hagan de manera adecuada y oportuna.

El estudio señala que es necesario mejorar el trabajo de las entidades territoriales y otros organismos para que puedan fortalecer la red de controladores del sistema, y devolverle a las entidades territoriales sus funciones de inspección, vigilancia y control para fortalecer el papel de la Superintendencia Nacional de Salud.

Con respecto a la forma de financiación del sistema, es importante reconocer que las tendencias en la forma de vinculación laboral (más del 50% de informalidad), la arquitectura fiscal se debe replantear y eliminar la segmentación de la financiación asociada a los regímenes de afiliación. El documento plantea que el tema de liquidez en las administradoras de planes de beneficios y las IPS es primordial. Se debe diseñar un módulo de seguimiento y evaluación del estado de la cartera de los diferentes actores del sistema.

Con respecto a las tutelas, el estudio señala que se debe revisar la forma como se vienen fallando, pues el sistema judicial debería ser garante del derecho a la salud, pero no definir el protocolo de manejo en cada problema de salud.

Es necesario, de otra parte, buscar un modelo de gestión adecuado para la operación de las empresas sociales del Estado y mejorar la capacidad resolutiva de estas instituciones con un programa de fortalecimiento que no se centre solo en productividad y equilibrio financiero.

En el documento se plantea, entre otros aspectos, la importancia de rescatar el papel de la salud pública y establecer una adecuada programación del Plan Nacional de Salud Pública, ya que la baja capacidad para la planificación de la ejecución de intervenciones en salud pública que sean costo-efectivas, ha generado un manejo ineficiente de los recursos financieros.