Comisiones Segundas conjuntas aprueban implementación del TLC con E.E.U.U.

Según el senador Carlos Ramiro Chavarro (Partido Conservador), el Proyecto de Ley no incluye ninguna disposición en materia de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, como si ocurrió con el proyecto de la conocida «Ley Lleras», ni ninguno de los temas de la ley S.O.P.A de EE.UU. Igualmente, advirtió que estas normas sobre propiedad intelectual benefician por igual a los autores, intérpretes, ejecutantes y productores colombianos.

Recordó que, «el derecho de autor y los derechos conexos se regulan en Colombia a través de la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 23 de 1982. Se trata de una legislación antigua, pero utiliza un lenguaje general que ha permitido interpretar la aplicación de los derechos a las nuevas tecnologías y permitir que no pierdan vigencia a través del tiempo».

«Se aclara que hacemos referencia a los derechos sustantivos otorgados por la ley al autor, intérprete, producto de fonograma y organismo de radiodifusión, derechos que existen en nuestra legislación. No se reglamenta la responsabilidad de intermediarios como los ISP (Internet Service Provider), por cuanto para este último tema el Acuerdo establece un plazo de 1 año a partir de su entrada en vigencia», anotó el senador conservador.

Por su parte, el senador Camilo Romero (Polo Democrático), objetó lo dicho por el senador ponente y cuestionó el «afán del Gobierno Nacional con la aprobación de este proyecto» y el mensaje de urgencia enviado, «la Ley S.O.P.A, que no pasó en los Estados Unidos nos la quieren hacer tomar aquí», dijo.

Sostuvo además que en este proyecto hay temas que no se han discutido, como la prohibición de la retrasmisión de los contenidos por Internet sin la autorización del titular, en donde se vulnera el derecho a la información.

«Hay quienes ven en Internet una forma de ganar dinero o de negocio, nosotros lo vemos como el derecho a la información. Este proyecto si toca temas que proponía la Ley Lleras», puntualizó el senador Romero.

Sobre la anterior afirmación, el representante Augusto Posada Sánchez (Partido de la U), sostuvo que en el artículo 15 del proyecto se aclara que para estudiantes, proyectos académicos y de investigación, se pueden acceder de buena fe sin incurrir en delito alguno.

Esta iniciativa pasa a consideración de las plenarias de las Corporaciones, antes de convertirse en Ley de la República.